Los especialistas de la Agencia Tributaria acaban de remitir al gobierno sus propuestas para combatir el fraude fiscal. Es el documento sobre el que se construye el Plan de control tributario con el que Hacienda marca sus prioridades cada año. Pero en esta ocasión tiene una carga política especial: es el mismo plan de lucha contra el fraude que Elena Salgado prefirió ignorar.
El documento de cuatro folios al que ha tenido acceso Vozpópuli, plantea un nuevo orden de prioridades en la lucha contra el fraude en tres terrenos: personas físicas (fundamentalmente lucha contra el fraude del IVA), empresas (reforma en el Impuesto de Sociedades) y tributación especial (fundamentalmente Sociedades de Inversión Colectiva, SICAVs). Ese plan fue propuesto por los técnicos y directores generales del ministerio a Elena Salgado en enero de 2011 y contó incluso con el respaldo del Secretario de Estado de Hacienda, según confirman fuentes del antiguo equipo socialista. En ese momento, se planteó a Salgado un mayor control del fraude de las empresas en lugar de crear nuevos tributos dado lo que se describía como “lentitud de la adaptación o creación de la normativa necesaria para aumentar la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal”. El 7 de febrero, el gobierno socialista publicaba en el BOE una resolución que había borrado las grandes reformas propuestas por Hacienda y meses después Rubalcaba defendía la creación de nuevos impuestos.
Hacienda tiene ahora sobre la mesa las mismas propuestas para incorporarlas en el nuevo Plan General de Control Tributario que Cristóbal Montoro debe presentar en las próximas semanas en los tres terrenos: Sociedades, IVA y SICAVs.
Empresas: control de las “sociedades encadenadas”
Hacienda planteó al gobierno socialista la necesidad “urgente de un cambio de la normativa del Impuesto sobre Sociedades”. Según los responsables de la lucha contra el fraude, se han creado al calor de la crisis empresas para encadenar el trasvase de insolvencias. Según ha detectado el fisco, crean “sucesivas sociedades mercantiles con una duración media de dos años para eludir el de las deudas, lo que ocasiona la cancelación del crédito como incobrable.” Hacienda planteaba endurecer las sanciones para esos defraudadores.
La Vicepresidenta del gobierno prefirió ignorar esa denuncia con el argumento de que no se quería provocar una fuga de capitales internacional y sacó adelante un texto en el que se hacía una vaga referencia a las “operaciones de reestructuración internacional”.
Fuentes de la nueva Agencia Tributaria aseguran que todavía no se ha tomado una decisión sobre si se incorporará esas modificaciones al nuevo Plan de control tributario.
El cambio para los particulares: lucha contra el fraude del IVA
Hacienda tiene también sobre la mesa una propuesta de control adicional sobre el IVA para evitar lo que se describe como “tráfico ilegal de facturas”. Esa propuesta de gestión del impuesto fue descartada por Salgado que prefirió elevar dos puntos el IVA sin tocar los instrumentos de control.
Montoro vuelve a tener sobre la mesa la posibilidad de reformar el régimen de emisión de facturas para evitar –según reza la propuesta de la Agencia Tributaria—que “un hipotético receptor de una factura (…) pueda utilizarlas para deducirse fraudulentamente el importe”.
El control de las SICAVs
Los responsables de Hacienda plantean a Montoro como “urgente” que traslade el control de esas sociedades de inversión desde la CNMV a la Agencia Tributaria. En sus propuestas para la lucha contra el fraude plantean un “control compartido” y urgen a dos acciones inmediatas en este terreno: en primer lugar “se hace preciso elevar su tributación, hasta el momento del 1 por ciento” y, en segundo, “la persecución de la falsificación que se produce en algunas cuyos componentes son meramente instrumentales (los conocidos como ‘mariachis’)”.
Salgado contra sus técnicos y contra Rubalcaba
Las propuestas que ahora tiene sobre su mesa Montoro fueron planteadas a una Elena Salgado que se impuso a sus técnicos e incluso a sus secretarios de Estado. La vicepresidenta prefirió no modificar los instrumentos de control con el argumento de que la recaudación en la lucha contra el fraude había dado resultados históricamente buenos en los últimos ejercicios.
Pero su golpe de mano fue más allá del ministerio. La decisión de no perseguir a las grandes empresas en la lucha contra el fraude, tomada en enero de 2011, debilitó uno de los grandes argumentos electorales que esperaba jugar Alfredo Pérez Rubalcaba en su campaña y en su etapa de oposición, ya que resta credibilidad a la Proposición no de Ley presentada por el Partido Socialista el pasado 13 de diciembre en la que planteaba una nueva batería de “medidas legislativas para combatir más eficazmente el fraude”.
La Agencia Tributaria todavía basa sus actuaciones en el Plan de Prevención del Fraude Fiscal de 2005, actualizado en el 2008 y en el Plan Integral de Prevención y corrección del Fraude Fiscal, Laboral y de la Seguridad Social. El departamento de Montoro prevé presentar sus prioridades en la lucha contra el fraude en las próximas.
