La ministra de Empleo, la que más se ha volcado, lógicamente, en la reforma mediante reuniones maratonianas con empresarios y sindicatos, no está dispuesta a que nadie meta la cuchara en un proyecto que considera compete a su departamento y que está siendo, además, supervisado muy de cerca por la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría. “Voy a hacer mi reforma, muy radical, pero no la de Guindos y los mercados”, ha comentado la ministra a su círculo más cercano de colaboradores, harta de las presiones que está recibiendo desde dentro y fuera del Gobierno para que module hacia un extremo o hacia el otro, el principal cambio legislativo que va a condicionar, se quiera o no, la credibilidad de España ante los mercados.

Fátima Báñez opina que el Gobierno está en condiciones de promover una reforma que no soliviante demasiado a los sindicatos hasta el punto de verse forzados a convocar una huelga general y, al mismo tiempo, sirva para corregir de forma drástica la peligrosa tendencia del mercado laboral en cuanto resurja la actividad económica. Es decir, está dispuesta a defender hasta el final su territorio y sus competencias, sin intromisiones ajenas.

Desde antes de tomar posesión del cargo el pasado diciembre, la ministra ya disfrutaba de una relación privilegiada tanto con Cándido Méndez (UGT) como con Ignacio Fernández Toxo (Comisiones), así como con Juan Rosell, el presidente de la patronal. La buena química entre ellos ha crecido desde entonces por el carácter dialogante de la ministra, lo que no quiere decir que vaya a seguir todas sus recomendaciones. Báñez aseguró ayer en la comisión de Empleo del Congreso que llevará al Consejo del viernes “una reforma completa, equilibrada y útil”, pero descartó el contrato único o los ‘minijobs’ que reclaman, por ejemplo, los empresarios. En el primer caso, porque lo considera inconstitucional y en el segundo porque nadie, en su opinión, puede cobrar menos del salario mínimo interprofesional, fijado en 641 euros mensuales. El Gobierno quiere dedicar una conferencia monográfica para abordar el desempleo juvenil y reducirlo mediante programas públicos y privados.

Dentro del Gobierno es el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien abandera de una forma más apasionada las posiciones de la CEOE, junto al titular de Industria, José Manuel Soria. “Estamos en una situación excepcional, con más de cinco millones de parados y con un paro juvenil que ronda el 50%”. Ello requiere, a juicio de Guindos, dar la vuelta a una negociación colectiva que responde a una economía cerrada y de “sindicato único”. También eliminar la llamada ultraactividad de los convenios y facilitar los cauces que ya abrió el anterior Gobierno para abaratar los costes del despido. Pero sus posiciones no van a ser tenidas en cuenta al cien por cien porque otro sector del Gobierno opina que debe evitarse en lo posible servir en bandeja a los sindicatos una huelga general, máxime cuando queda poco más de mes y medio para unas elecciones tan cruciales para el PP como son las andaluzas.

A estos comicios concurre por cuarta vez como candidato Javier Arenas y en el PP se espera que si se cumplen los pronósticos de las encuestas sea la definitiva. Entre los ministros que más de cerca siguen su campaña figuran, además de Fátima Báñez, que en las últimas elecciones fue cabeza de lista por Huelva, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, que además es diputado por Sevilla. Ambos son conscientes de la importancia que tiene para el PP a todos los efectos la conquista de Andalucía, sin ir más lejos para un control efectivo del déficit público y el cumplimiento de la ley de Estabilidad. Se trata de una de las comunidades que aporta más desviaciones en el objetivo de consolidación presupuestaria. Una respuesta encendida de los sindicatos a la reforma que el viernes verá el Consejo supondría un duro golpe para la campaña del PP.

El criterio de Guindos se mueve por parámetros distintos, más cercanos a la respuesta que espera de los mercados a la reforma laboral. En breve, el ministro de Economía emprenderá una gira por las principales plazas financieras de Asia, Europa y América para explicar a los inversores internacionales la profundidad de las reformas que va a emprender el Gobierno. “Es prioritario hacerse con la confianza de los inversores”, enfatizó ayer en el Congreso, consciente de que la rebaja de la prima de riesgo se debe, entre otras cosas, a la apuesta de los mercados por cambios legislativos de calado en el mercado de trabajo español y también a la confianza en una consolidación fiable del sistema financiero.

En el PP y en su grupo parlamentario hay una gran expectación por ver quien gana este pulso abierto con la reforma laboral, si los ‘halcones’ de tinte más liberal o las ‘palomas’ con disfraz socialdemócrata. Emoción hasta el minuto final, a la espera de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, diga la última palabra.