La tercera vía de Fátima Báñez será contundente, pero no tanto como piden tanto la patronal como el ala dura del PP. Las fuentes consultadas por Vozpópuli cuentan que la reforma laboral no contemplará un abaratamiento drástico del despido; tampoco generalizará, ni mucho menos, una indemnización de 20 días por año, como han publicado algunos medios; ni reducirá tajantemente el número de contratos.
Eso no quiere decir que contratos o despidos no vayan a sufrir alteraciones. Ejemplo de ello es que el documento que pergeña el Ministerio de Empleo plantea cambios de calado a este respecto: la tercera vía de Báñez, que ayer ofreció algunas pinceladas, lanzará un nuevo contrato a tiempo parcial por horas destinado a los jóvenes.
A esta medida se les sumarán otras: la liquidación de la autorización administrativa que necesitan los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), tarea que corresponde a las comunidades o a la Administración Central, y fomentar el retraso voluntario de la edad de jubilación, que se fijó hace un año en 67 años. Rajoy, además, prepara un Proyecto de Ley para Mutuas, aunque no ha especificado su contenido.
Así, el Gobierno creará un contrato específico para jóvenes mediante la fórmula de contratos a tiempo parcial por horas. Ese contrato –que el gobierno ha adelantado ya a sus socios parlamentarios—seguiría ligada al Salario Mínimo Interprofesional porque el Gobierno considera que la legislación española no permite la creación de los llamados minijobs (trabajo a tiempo casi completo con salarios reducidos). Los contratos a tiempo parcial por horas serán la medida clave para fomentar la contratación de los jóvenes.
Bonificar la pensión tardía
En el otro extremo de edad, el gobierno también pretende incluir el retraso de la edad de jubilación más allá de los 67 años de edad de manera voluntaria. El gobierno quiere incentivar este retraso con una fórmula que bonificaría la pensión tardía. La idea –que ya barajó Octavio Granados en el anterior gobierno—incluiría un porcentaje de incremento por encima del 100% de la pensión, de manera que si un trabajador retrasara su jubilación hasta los 68, podría ingresar un 101% de su pensión, un 103% si se jubila a los 69 y hasta un 5% adicional hasta los 70.
La última gran medida afecta a los ERE. Para agilizar su tramitación, se suprimirá la autorización administrativa –emitida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social si la compañía está en dos o más regiones, o por la comunidad autónoma en caso de que solo esté en una- necesaria para llevar a cabo un Expediente de Regulación Empleo (ERE). Se trata de una vieja propuesta de CEOE recogida ahora por el Gobierno que, además, permitirá un ahorro a las empresas al acelerar los despidos colectivos. Una medida a la que los sindicatos se oponen tajantemente.
