Antes de que Fátima Báñez y Soraya Sáenz de Santamaría, ministra y vicepresidenta, desgranasen la reforma laboral, CCOO y UGT ya estaban algo en contra de la misma: han bastado los micrófonos abiertos de Rajoy y De Guindos y lo que se ha publicado estos días en prensa (despido más barato, simplificación contractual, más flexibilidad de lo acordado por los agentes sociales, etcétera).

De hecho, CCOO ha llamado a sus cuadros regionales a filas. Los dirigentes de las 17 comunidades están en Madrid arropando a su líder. UGT, en cambio, mantiene un perfil menos belicoso, aunque no es descartable que esta central haga movimientos internos de última hora.

Así pues, los dirigentes sindicales, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, comparecerán el sábado por la mañana y anunciarán qué movilización adoptan. Una de las opciones que se baraja es la huelga general. Sería la segunda desde que empezó la crisis. En cualquier caso, la hipótesis de un paro nacional no parece tan probable: con relación al abaratamiento del despido, el PP no ha realizado grandes cambios, ya que estimulará más la indemnización de 33 días por año (medida que introdujo Zapatero) y profundiza en las causas del despido objetivo (de 20 días, que también creó el PSOE).

Los cambios más incisivos afectan a la negociación colectiva: se facilita el descuelgue de los convenios colectivos hacia los de empresa y se suprime la autorización administrativa que las comunidades autónomas o el Ministerio de Trabajo deben dar para que se realicen ERE en grandes empresas. Esto sí puede generar algún foco de conflicto con las centrales, aunque puede que no tan potente como para convocar una huelga.

Así pues, se trata de una reforma laboral que cabalga sobre la de 2010 (sin duda la más dura con relación al marco laboral precedente) y la de 2011, ambas socialistas. La respuesta de los sindicatos, mañana.