España

Los directivos de banca expedientados no podrán recibir indemnizaciones

Aquellos directivos de entidades financieras que hayan sido destituidos mediante un expediente disciplinario perderán el derecho a percibir una indemnización, según establece el real decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que, siguiendo las recomendaciones marcadas por la Unión Europea, quedan limitadas las indemnizaciones por cese de actividad de los directivos de banca.

Aquellos directivos de entidades financieras que hayan sido destituidos mediante un expediente disciplinario perderán el derecho a percibir una indemnización, según establece el real decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que, siguiendo las recomendaciones marcadas por la Unión Europea, quedan limitadas las indemnizaciones por cese de actividad de los directivos de banca.

Así, estas indemnizaciones no podrán superar la menor de las siguientes cuantías: dos años de remuneración fija o dos veces las bases mínimas resultantes de los límites fijados por el Gobierno la semana pasada, cuando se presentó la reforma financiera.

Entonces, el Ejecutivo anunció un recorte de los salarios de los directivos de las entidades que han recibido préstamos del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB), que no podrán percibir remuneraciones superiores a 600.000 euros anuales, 300.000 en el caso de las entidades intervenidas.

Una "reforma de verdad" del sistema financiero

El Decreto Ley de Saneamiento del Sector Financiero, aprobado la semana pasada, endurece las provisiones de los activos inmobiliarios, limita los salarios en las entidades intervenidas o que hayan recibido ayudas públicas y elimina órganos de control en las cajas de ahorros.

La vicepresidenta ha explicado este viernes que el Gobierno ha emprendido "una reforma de verdad" del sistema financiero, que se ha saneado en busca de la "fortaleza y solvencia tanto de las entidades financieras como del Estado".

Sáenz de Santamaría ha añadido que mediante esta medida se ataja un asunto que preocupaba a la opinión pública como es la responsabilidad de las entidades que han recibido ayudas ante los sueldos de sus directivos.

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