Mariano Rajoy presidió ayer en el Congreso la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, con la reforma laboral como asunto monográfico sobre la mesa. Su objetivo prioritario va a consistir en reducir el paro juvenil, cercano al 50%. Para este colectivo, el Gobierno tiene previsto crear un contrato especial que incorporará una bonificación total en las cotizaciones a la Seguridad Social por un periodo de entre uno y dos años. Ayer se debatió también en la Comisión Delegada la posibilidad de ampliar estos beneficios a los empresarios que contraten a parados de más de 50 años, aunque en estos casos la exención a las bonificaciones operaría al 100% durante el primer año y al 50% durante el segundo.

Otro tipo de contrato será el de fomento del empleo, con 33 días de indemnización por año trabajado en el supuesto de rescisión. Es la modalidad que el Gobierno pretende extender más en el mercado laboral, pues el contrato indefinido de 45 días tal y como estaba concebido hasta ahora quedará enterrado en la nueva reforma, aunque sobre el papel se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores que accedieron a su empleo en estas condiciones. Sólo sobre el papel, ya que la reforma precisa de forma muy detallada las causas por las cuales el empresario podrá recurrir en situaciones de crisis al despido objetivo, un aspecto que la reforma laboral de 2010 promovida por Zapatero dejó en el aire y, por tanto, sometido a la discrecionalidad de los magistrados de lo social.

Las causas del despido objetivo estarán muy tasadas, explican fuentes gubernamentales, y a ellas podrán acogerse todas las empresas en crisis o que vean peligrar su futuro volumen de negocio. El coste de estos despidos será de 20 días, aunque si perdura la fórmula en vigor, el empresario solo tendrá que abonar 12 ya que los 8 restantes los paga el Fondo de Garantía Salarial.

Además del contrato para jóvenes y el de fomento del empleo, el Gobierno ha decidido también mantener en vigor los contratos fijos discontinuos, los contratos por obra y servicio y los temporales. En total, cinco modalidades de contratación frente a las 43 que regían en la legislación actual.

En el decreto que se remitirá en breve al Congreso, el Gobierno ofrece también ayudas de 3.000 euros a los autónomos que creen su primer empleo. El Ministerio de Empleo considera que esta medida puede tener una cierta incidencia en la disminución del paro juvenil.

Bisturí a la negociación colectiva

La nueva normativa entrará en vigor de forma inmediata para aprovechar el arranque de la temporada turística que dura hasta el otoño y permitir la recuperación de la contratación, sobre todo, en el sector servicios. Este año se va a seguir destruyendo empleo neto, pero la reforma puede contribuir, según el Gobierno, a compensar el efecto que está teniendo sobre el mercado de trabajo el desplome de la actividad económica.

Para restar margen a los sindicatos en la posible convocatoria de una huelga general, el Gobierno permitirá que la reforma, una vez en vigor, sea tramitada en el Congreso como proyecto de ley y, por tanto, permita la incorporación de futuras enmiendas.

El cambio mete también de lleno el bisturí en la negociación colectiva mediante un sistema de convenios que elimina la llamada ultractividad, un modelo insoportable para buena parte de las empresas. De esta forma, el decreto abordado ayer por la Comisión Delegada plantea la reducción a un máximo de nueve meses del tiempo en el que podrá estar en vigor el convenio vencido en caso de desacuerdo entre empresarios y trabajadores. En la actualidad, la prórroga del convenio es automática y puede prolongarse más de un año.

El decreto facilita también las cláusulas de descuelgue de las empresas, lo que facilitará una flexibilidad interna muy útil para tiempos de crisis. En la práctica, estas medidas supondrán una pérdida de influencia de los sindicatos, de ahí que sea el aspecto de la reforma que podría conducir a las centrales a convocar movilizaciones en la calle. Pese a la traición de los micrófonos a Mariano Rajoy en Bruselas, donde se escuchó su temor a una huelga, el presidente no baraja la hipótesis de tener que enfrentarse a este escenario, según fuentes de su entorno. Sobre todo, porque no se detecta el clima necesario para ello entre los ciudadanos.

En el perímetro de las medidas abordadas ayer por la Comisión Delegada se sitúa también el tijeretazo a las subvenciones destinadas a formación, tradicional foco de fraude tanto en las patronales como en los sindicatos a lo lomos de las llamadas políticas activas de empleo.

En otro proyecto de ley diferente, el Gobierno legislará para combatir con dureza el absentismo laboral injustificado. Se calcula que en España hay un millón diario de trabajadores que faltan a su puesto de trabajo.