El sentido de la oportunidad es muy importante en política, así como la gestión de los tiempos, y en este terreno la portavoz del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Rosa Diez, tiene la lección bien aprendida: En la semana en la que el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha tomado posesión de su puesto como consejero nato del Consejo de Estado la diputada vasca ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) para instar al Ejecutivo a presentar - "en el plazo de dos meses" - un Proyecto de Ley que regule el estatuto de los ex presidentes. El objetivo que busca la parlamentaria es doble: establecer "un límite temporal" a sus prerrogativas de las que disfrutan nuestros ex mandatarios y un "régimen de incompatibilidades" entre las retribuciones públicas que reciben y aquellas ganancias derivadas de sus actividades privadas.
La iniciativa resucitada para la ocasión se debatirá el próximo martes, y probablemente tenga el mismo destino que en la anterior legislatura cuando los votos de PP y PSOE la tumbaron en la Cámara Baja. De ello, hace más de medio año. y, sin embargo, vuelve a estar de actualidad. En este sentido, Díez justifica su constancia en el "principio de transparencia" en la gestión del dinero público para conoce si los ex presidentes perciben retribuciones públicas y privadas. Díez hace en la exposición de motivos de su PNL una breve descripción de cómo ha evolucionado el estatus de nuestros ex presidentes: Desde 1983 cuando se legisló por primera vez otorgándoles una dotación económica de 15.025,30 euros anuales durante sólo cuatro años para gastos de oficinas, alquileres de inmuebles u otras necesidades. Después, comenta la líder magenta en su Proposición, el Real Decreto 405/1992 "amplió" estas prerrogativas y eliminó toda limitación temporal además de reconocerles una "una pensión indemnizadora". Por último, la líder magenta recuerda que en 2008 Zapatero modificó la Ley Orgánica del Consejo de Estado para crear la figura del consejero nato con una retribución de por vida. Precisamente, él mismo se ha beneficiado esta semana de esta modificación. Gracias a ella cobrará 76.603 euros mensuales.
Jarrones chinos autonómicos
No sólo a nivel estatal existe una legislación específica sobre los ex presidentes, también a nivel de las comunidades autonómicas existe tal legislación. En palabras del propio González, la mayoría de los "jarrones chinos" autonómicos tienen donde ir tras dejar el poder: De las 17 autonomías, once tienen una regulación concreta sobre los beneficios y atenciones de que disfrutan los más de 70 ex responsables de comunidad autónoma. Sólo en regiones como Cantabria, Murcia, Asturias, Aragón o Baleares cuando abandonan el cargo se convierten en un ciudadano más. El caso de La Rioja es curioso, porque se le otorga al ex presidente una indemnización de 45 días por año trabajado (veremos con la última reforma laboral), como si se tratara de un despido improcedente. Luego en otras comunidades como la de Madrid las atenciones se regulan a través de los consejos consultivos (Ley 6/2007, de 21 de diciembre, reguladora del Consejo Consultivo, artículo 7).Tales son los casos de Madrid, Valencia o Castilla y León. En el caso madrileño, el único beneficiario es el socialista Joaquín Leguina quien es miembro permanente de este organismo creado en 2007, con un sueldo de unos 87.000 euros. Con anterioridad, sus sucesores tuvieron la amabilidad de poner a su disposición un coche oficial y su secretario. Gallardón, por su condición de ex alcalde de Madrid y ahora ministro de Justicia, ha renunciado a entrar en este organismo.
Quizás, el mejor lugar para exhibir la condición de ex, son las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco, Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla - La Mancha. Estas séis comunidades autónomas tienen establecido dotaciones presupuestarias para proporcionar a sus ex presidentes de medios para sostener una oficina acorde con sus responsabilidades y actividad, así como para que funcionen correctamente. Polémicas no han faltado en el caso de los ex responsables de la Generalitat, Jordi Pujol, Pasqual Maragall o José Montilla quien cobrará durante los próximos cuatro años - hay que tener un mínimo de una legislatura en ejercicio también- el 80% de su anterior sueldo, unos 135.000 euros brutos al año y, a partir de los 65 años, tendrá derecho a un 60% de cada mensualidad. Sin embargo, la política de recortes de la Generalitat les ha restado un tercio de sus retribuciones a Maragall y Pujol. En el caso vasco, a través del Decreto 1/1999, de 12 de enero, los ex lehendakaris Carlos Garaicoetxea, José Antonio Ardanza y Juan José Ibarretxe pueden seguir usando el título honorífico de "Lehendakari" y pueden disponer de los siguientes medios: una secretaria de apoyo, una oficina y un coche oficial con conductor a cargo de los Presupuestos Generales de la Comunidad. Ahora bien, dos años después de su cese si el ex lehendakari ejerciera otras actividades privadas quedaría en suspenso la disposición de la secretaria.
