Golpe a la corrupción urbanística... y a la mafia rusa. Policía y Guardia Civil detuvieron ayer en una operación conjunta desarrollada en la pequeña localidad malagueña de Casares a cuatro personas, entre ellas el exalcalde la la localidad, como presuntos integrantes de una red dedicada a blanquear dinero negro procedentes de las actividades delictivas de grupos de la antigua URSS mediante operaciones urbanísticas en la Costa del Sol. La investigación, que ha incluido el bloqueo de 165 cuentas bancarias, 236 inmuebles y 19 vehículos, se inició a finales de 2010 tras detectarse supuestas irregularidades en la construcción de un centro comercial en esta localidad de 5.200 vecinos. La Operación, de hecho, ha recibido el nombre de la urbanización donde se asienta: Majestic. Fuentes conocedoras de las pesquisas confirmaron ayer a Vozpópuli que en los próximos días hay previstos nuevos arrestos, algunos de  supuestos integrantes del clan mafioso ruso denominado Kremlyoskaya.

Junto al ex regidor, han sido arrestados su esposa, un abogado y la mujer que solicitó la licencia de obras de un centro comercial

La operación, dirigida por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona, se inicio a primera hora de la mañana en la sede del Ayuntamiento de Casares, localidad conocida por ser el lugar de nacimiento del ideológo del andalucismo, Blas Infante. Allí se personó un nutrido grupo de agentes para registrar varias dependencias, entre ellas el despacho del que fuera entre 1979 y 2009 de modo casi ininterrumpido alcalde del municipio, Juan Sánchez García, de Izquierda Unida (IU). El ex regidor, señalado por la Policía y la Guardia Civil como uno de los peones claves de la trama, ocupaba actualmente la concejalía de Relaciones Institucionales, Cooperación y Vivienda del municipio, donde sigue gobernando su partido. Otro grupo de agentes acudió también a registrar el domicilio del político, donde, sobre las 12:45, detuvieron a propio Juan Sánchez y a su esposa, María Luisa Calvente. Horas después, y tras tomarles declaración, el juez ordenaba para el político andaluz prisión eludible con un fianza de 200.000 euros y la libertad de su mujer. Los otros dos arrestados son Rafael García, un abogado con despacho en la cercana localidad de Estepona, y Anne Chahbazian, quien aparece en actas del ayuntamiento como solicitante de la licencia de ejecución de obras del centro comercial, según fuentes conocedoras de la investigación. En total, los agentes registraron un total de 14 inmuebles. El magistrado ha decretado el secreto de sumario.

Problemas urbanísticos años atrás 

Las actividades de Sánchez al frente del Consistorio ya le habían traído numerosos problemas legales en el pasado. En 2007, el PSOE presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Málaga una denuncia contra él por el supuesto carácter ilícito de varios convenios urbanísticos firmados por él como alcalde de Casares. Entre ellos se encontraba la supuesta adjudicación de obras sin concurso y la enajenación de tres fincas sin la preceptiva subasta. Ya antes, la Guardia Civil había tramitado una denuncia por delitos contra la ordenación del territorio contra Sánchez y otro concejal por la construcción sin licencia y en suelo no urbanizable de dos construcciones. Aquello problemas, de los que finalmente salió indemne, le llevaron en 2009 a dimitir como alcalde, aunque en las municipales de 2011 se presentó de nuevos en la lista de IU y salió elegido como concejal.

Sin embargo, en esta ocasión las acusaciones contra el político son muchos graves. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada le acusa de prevaricación urbanística, cochecho, blanqueo de capitales y organización criminal. En concreto, a él y a los otros detenidos se les considera supuestamente relacionado con el grupo mafioso de origen ruso Kremlyoskaya. También se les relaciona con Ricardo Fanchini, un capo polaco de origen italiano al que las policías de medio mundo considerado uno de los principales jefes de la crimen organizado internacional por sus buenas relaciones con clanes mafiosos de numerosos países, pero sobre todo con los bandas de países de la órbita de la antigua URSS. Fanchini, reclamado por la justicia de Bélgica por blanqueo de dinero, fue detenido hace tiempo en EEUU, según fuentes judiciales. En su historial también aparecen numerosas causas contra él en varios países europeos por tráfico de drogas.

La investigación, siempre según las fuentes jurídicas consultadas, también implican en la trama al menos a otras dos personas, entre ellas un empresario inmobiliario extranjero asentado en la localidad malagueña, que al cierre de estas líneas aún no había sido detenido. Las pesquisas las están realizando agentes de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía y el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Málaga. Fuentes de la lucha contra el crimen organizado destacan a este diario que la Operación Majestic es el primer golpe policial que permite relacionar las actividades de la mafia rusa en España con la corrupción urbanística.

Azote de los 'vory v zakonen'

Con esta nueva investigación, nuestro país se ratifica en el papel de azote de los vory v zakonen (en castellano, 'ladrones en la ley', el nombre que reciben los jefes de la mafia rusa), que según las investigaciones policiales llevan años moviendo en España, y más concretamente en la zona de Levante, Cataluña, Baleares, la Costa del Sol y Madrid, decenas de millones de euros fruto de sus actividades delictivas por todo el mundo. En principio,los capos rusos buscaban en nuestras costas un retiro dorado desde el que dirigir a distancia sus negocios criminales en sus países y en otros estados europeos.

Hasta ayer, la Justicia española les había asestado cuatro grandes golpes: las operaciones Avispa, Mármol Rojo, Troika y Java, que habían dejado claro que en nuestro país, por ahora, no matan, ni secuestran, ni trafican, pero que si muevengrandes cantidades de dinero negro con el que fundan sociedades instrumentales para blanquear dinero y adquieren numerosas propiedades inmobiliarias. Para ello, no escatiman en comprar voluntades de funcionarios. Eso es lo que se investiga ahora en la localidad malagueña de Casares.