El sindicato Manos Limpias, acusación popular en la querella por el 9-N, ha solicitado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que asigne "protección policial" a los inspectores de la Generalitat que desaconsejaron ceder escuelas e institutos para la consulta soberanista.
En el escrito, al que ha tenido acceso Vózpopuli, el letrado de Manos Limpias Pedro Muñoz sostiene que ambos funcionarios del gobierno catalán están sufriendo "represalias y repudias sociales y mediáticas" tras haber prestado declaración ante el instructor de la querella, el magistrado Joan Manel Abril.
Se da la circunstancia de que el pasado lunes comparecieron los primeros testigos en la causa que se instruye en el TSJC contra el presidente catalán Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y a la consejera de Enseñanza Irene Rigau por haber celebrado la consulta del 9-N independentista pese a que el Tribunal Constitucional la suspendió previamente en dos ocasiones.
El testimonio de los dos inspectores del Servicio de Educación de Cataluña -cuyas iniciales se corresponde con R.A.D Y J.RG- fue clave ya que declararon ante el juez que ellos emitieron distintos informes donde pusieron de manifiesto que se iban a cometer graves irregularidades al ceder inmuebles de la Generalitat -colegios, institutos y otros centros de enseñanza- para la celebración del 9-N alternativo.
Los inspectores emitieron informes que alertaban de las irregularidades en torno al 9-N
Asimismo, los inspectores manifestaron que habían percibido preocupación entre los directores de los centros por la celebración de la consulta independentista y que alguno de ellos les comentó que habían recibido instrucciones sobre cómo actuar el pasado 9 de noviembre, contradiciendo así la versión dada por Irene Rigau.Según declararon los testigos, dichos informes fueron enviados a la directora de Servicios Territoriales de Enseñanza en Barcelona y comarcas, Montse Llobet, que también declaró el lunes antes el magistrado.
Versión contraria a la de Rigau
La consejera de Enseñanza catalana negó en un escrito remitido a la Fiscalía el 12 de noviembre que se hubieran producido encuentros con los directores de los centros educativos para darle órdenes sobre cómo proceder en el denominado 'proceso participativo'.
Además, según recoge la documentación que aportó la Fiscalía a este procedimiento, uno de los inspectores citados envió un mensaje a un director de una escuela calatana diciéndole que "no se debía permitir el uso de las instalaciones de vuestro centro sino recibís instrucciones concretas, por escrito, del órgano competente".
Por esta razón, y ante el hecho de que estos dos funcionarios estén sufriendo coacciones y amenazas por haber dado su versión de los hechos ante el juez, el sindicato Manos Limpias pide a la Sala que acuerde las medidas de seguridad oportunas para proteger la integridad física de estos inspectores.
El TSJC investiga desde el pasado mes de diciembre al presidente de la Generalitat Artur Mas, a la vicepresidenta Joana Ortega y a la consejera de Enseñanza Irene Rigau por los delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones a raíz de la querella interpuesta por la Fiscalía General del Estado.
