La Audiencia Nacional cree que hay indicios suficientes para juzgar al exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín y al excomisario José Manuel Villarejo en relación a un encargo del apoderado del grupo Persán, ya fallecido, para mejorar su capacidad negociadora con Martinsa-Fadesa en el marco de un reconocimiento de deuda. Así lo entiende la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que ratifica la decisión del juez Manuel García-Castellón de proponer juzgarles en esta pieza del 'caso Tándem', la número 25, al rechazar el recurso de apelación del exsenador. En esta pieza se ha investigado el denominado 'proyecto Saving', que surgió tras las dificultades del grupo Persán y su apoderado, José Moya, para reclamar un reconocimiento de deuda relacionado con el empresario Fernando Martín, expropietario de la constructora Martinsa-Fadesa. En el auto recurrido por el exsenador, el magistrado procesó a José Manuel Villarejo y a su socio Rafael Redondo por un delito de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos, y a Francisco Rodríguez Martín por este último delito y también por cohecho activo.

El juez sitúa al exsenador como "intermediario" entre Villarejo y el apoderado de Persán, que buscaba "mejorar la posición jurídica" y negociadora" del grupo empresarial como consecuencia de la denominada "operación FADESA".

La Sala de lo Penal entiende que de lo investigado se deduce que Rodríguez conocía "las actividades de investigación" de Villarejo y su condición de policía en activo en la fecha de los hechos, tal y como se desprende, entre otros indicios, de los archivos de audio intervenidos al comisario ahora jubilado. "Relevante es que ante semejantes conclusiones de las investigaciones, que no parecen absurdas o irracionales, lo que procede es que el proceso penal en el que nos encontramos siga adelante, avance hacia el enjuiciamiento", lo que sólo cabe, añade, mediante la tramitación del procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento). Y es que, señala, "cuando el apelante cuestiona que se conociera la condición de policía en activo de José Manuel Villarejo, en el recurso, no hace sino adelantar el enjuiciamiento", que es cuando "podrán desplegarse sin límites alegaciones y pruebas".

Otro de los motivos alegados por la defensa es que este investigado padece Alzheimer. A este respecto los magistrados indican que en la fase de instrucción no debe paralizarse la investigación por una demencia sobrevenida. Lo primero que habrá de confirmarse además es la demencia en sí y para eso "es imprescindible" que un médico forense examine toda la documentación médica, pero antes habrá que concluir la fase de instrucción, precisan los magistrados.

El recurso también discutía que los supuestos perjudicados en estos hechos no se hubiesen personado como acusación particular. A esto la Sala responde que el objetivo de la contratación de Cenyt, la empresa del excomisario, no fue "descubrir los secretos de tres concretas personas, sino la inmersión de José Manuel Villarejo y su socio en, al menos, un procedimiento judicial" ante eventuales irregularidades "susceptibles de ser utilizadas ventajosamente".

La operación sobre la que gira el proyecto fue formalizada en 2007 y concedía a Moya un derecho de opción de venta frente al exdueño de la constructora sobre un paquete de acciones de Martinsa. En julio del año siguiente, la constructora decretó la suspensión de pagos, si bien esa compra de acciones "fue ocultada" por Fernando Martín a la administración concursal, de modo que no figuró como acreedor en el procedimiento concursal. Según la documentación intervenida, se presentaron dos alternativas en cuanto a la cantidad a percibir por Cenyt por el encargo: 375.000 euros iniciales más un plus de porcentajes, o un precio cerrado de 1,2 millones de euros con una provisión de fondos de 800.000. 

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