La Fiscalía Anticorrupción ya está en el 'caso Interligare', el sumario que investiga las supuesta existencia de una red corrupta para amañar contratos públicos con conexiones en el Ministerio del Interior en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba y su sucesor, Antonio Camacho. El pasado 16 de mayo hacía su entrada en el Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid un escrito del máximo responsable de esta Fiscalía especial, Antonio Salinas, en el que éste comunicaba al magistrado Juan Antonio Toro que a partir de ese momento serían dos miembros de su equipo los que ejercerían la función del Ministerio Público en sustitución de la compañera de Madrid que participaba desde que se abrió la causa en 2011. El motivo alegado es que en el sumario se están investigando delitos de "tráfico de influencias y cohecho", que "son competencia de esta Fiscalía Especial".
Anticorrupción ha pedido que declare como imputada la fundadora de Interligare, quien llegó a ser candidata del PP a las elecciones municipales de 2011 en la localidad madrileña de Aranjuez
La entrada de Anticorrupción no ha tardado en notarse. Sólo cuatro días después de que se comunicase formalmente al Juzgado la identidad de los dos fiscales que se hacían cargo del caso, éstos presentaban ante el juez Toro un escrito en el que pedían que se citase a declarar "en calidad de imputadas" a dos personas. Con ellas ya son una docena el número de implicados en una causa que en los últimos meses ha recibido un impulso considerable tras inhibirse la magistrada de Aranjuez (Madrid) que la abrió y que durante meses la mantuvo bajo secreto y prácticamente paralizada. En concreto, los fiscales han pedido ahora que se llame a Jacqueline Tibisay Moro Albacete, la persona que figura como creadora en 2004 de la empresa Interligare, que está en el epicentro de la investigación. Ésta mujer, que fue candidata a las elecciones municipales de 2007 por el PP en Aranjuez (Madrid), presidió la compañía hasta 2009, según consta en el Registro Mercantil. Entonces cedió su cargo a su marido, José Luis Martín Juárez, también imputado en la causa.
La segunda persona que Anticorrupción pide que comparezca es Alexandre Hermida Mondelo, directivo de la misma compañía desde la creación de ésta hasta junio de 2010. Hermida había sido señalado en la investigación casi desde el comienzo, cuando los primeros informes policiales le señalaban como el directivo de Interligare que recibía supuestamente de altos cargos de la Secretaría de Estado de Seguridad los pliegos con las prescripciones técnicas de los concursos públicos con el objetivo presuntamente de que los adaptara a las características de Interligare y, así, esta empresa lograra la adjudicación de millonarios contratos. El juez Toro ha aceptado la petición de Anticorrupción y ya ha citado a ambas personas para el próximo 30 de mayo dentro de un bloque de diligencias que ha puesto en marcha en los últimos meses y que han permitido reactivar un caso que parecía atascado hasta comienzos de 2014.
Tres mandos policiales
De hecho, el caso Interligare tiene ya dos años y medio de vida. Se inició el 3 de noviembre de 2011, cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía presentaron una diligencia informe en los juzgados de Aranjuez, localidad del sur de Madrid donde tiene su sede Interligare, en el que acusaba a tres ex altos cargos de Interior de haber falseado documentos oficiales de Hacienda y la Seguridad Social para ocultar las deudas que la compañía tenía con ambos organismos y así poder contratar con el Ministerio y otros organismos públicos. Con aquella entrega de documentación, los miembros de la UDEF solicitaron ya entonces a la magistrada que dictase una orden de detención contra los tres acusados.
Sin embargo, la juez hizo oídos sordos a la petición e, incluso, intentó apartarse del caso. De hecho, el 17 de noviembre de 2011, sólo dos semanas después de recibir la denuncia, se inhibió a favor de los juzgados de instrucción de la Plaza de Castilla. Éstos le devolvieron la causa el 2 de diciembre, y la magistrada recurrió la decisión a la Audiencia Provincial de Madrid, que falló que era la magistrada de Aranjuez quien debía hacerse cargo de la investigación. Tan pronto como la denuncia volvió a su juzgado, ésta decretó el secreto de sumario, situación en la que se mantuvo durante meses. El caso se convirtió durante todo este tiempo en una pelota caliente que no quería ningún juzgado, hasta que finalmente, a comienzos de este año, el decanato de los Juzgados de Plaza Castilla ordenó que fuera finalmente el juez Toro, que también lo había rechazado, quien se hiciera cargo de él.
Cinco líneas de investigación
Desde entonces, el magistrado ha ordenado numerosas diligencias de investigación que han logrado reactivar la causa. Así, ha puesto en marcha pesquisas específicas para investigar al menos cinco contratos públicos adjudicados a Interligare. Tres se refieren, precisamente, al departamento que ahora dirige Jorge Fernández Díaz. El primero de éstos era para la instalación de un "sistema integrado de análisis y producción de Inteligencia para la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil", un proyecto al que Interior destinó 928.000 euros. El segundo era "una herramienta de monitorización, captura y tratamiento en tiempo real de ficheros multimedia, medios audiovisuales y señales de medios de comunicación para el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA)" en el que se invirtieron 696.000 euros. El tercero iba destinado a la Secretaria de Estado de Instituciones Penitenciarias y consistía en "un sistema integral de inteligencia y vigilancia de internos". Fue adjudicado en julio de 2009 por un importe de 809.000 euros. En total, 2,4 millones de euros gastados en unos sistemas antiterroristas que, según las declaraciones de los policías que debían haberlos utilizado para su trabajo, resultaron fallidos.
El juez Toro investiga el supuesto amaño de tres adjudicaciones de Interior, una de la Audiencia Nacional y otra de un organismo dependiente de Industria a la empresa Interligare
Además, ha puesto bajo sospecha una base de datos sobre fallecidos durante el franquismo que Interligare elaboró para la Audiencia Nacional en 2008 a instancias del entonces juez Baltasar Garzón por un importe de 100.000 euros. El testimonio de una de las empleadas de la empresa que da nombre al caso aseguró ante la Policía que dicha base de datos se limitó a recoger una simple “horquilla de víctimas del franquismo” cuya utilidad fue nula y que, además, los pagos se derivaron a una segunda empresa para que no figurara Interligare, con deudas entonces en la Seguridad Social. El magistrado ordenó entonces a los agentes intervenir la documentación que esta trabajadora decía poseer en un ordenador portátil sobre esta adjudicación y tomó declaración a dos directivos de sendas compañías bajo sospecha. Uno de ellos era Martín Juárez, el esposo de la mujer a la que ahora Anticorrupción ha propuesto interrogar como imputada.
La quinta línea de investigación se centra en las supuestas irregulares de la subvención de 2,4 millones de euros que Interligare recibió en 2008 por parte del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) cuando éste dependía del Ministerio de Industria y su titular era el socialista Miguel Sebastián. Ese dinero debía servir para llevar a cabo el llamado 'proyecto Tizona', con el que se pretendía crear "una base de datos estratégicos para empresas". La empresa bajo sospecha, que se presentaba como una compañía pionera en investigación, diseño y desarrollo de sistemas y tecnologías aplicadas a la disciplina de inteligencia, comparaba dicha estructura con la que pudieran tener las grandes agencias de inteligencia gubernamentales, como la CIA y el CNI, pero en este caso para uso empresarial. El proyecto resultó finalmente fallido y el juez indaga ahora todos los detalles del mismo, entre ellos si el Ministerio de Economía reclamó a la mercantil bajo sospecha alguna de las cantidades que recibió de la millonaria subvención.
