El juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, ha embargado la mitad indivisa del palacete de Pedralbes, propiedad al cincuenta por ciento de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, después de que el Duque de Palma no hiciese frente en su día a la fianza de responsabilidad civil que le impuso el magistrado de forma conjunta y solidaria con su exsocio Diego Torres, por un importe de 8,2 millones al que posteriormente se le descontó el IVA.
En un auto dictado este lunes, el magistrado embarga, además de la mitad del inmueble de Barcelona, parte de otras viviendas que se encuentran a nombre de Urdangarin y que este ofreció al juzgado con el objetivo de cubrir la fianza reclamada por el Castro. Tanto Urdangarin como Torres recurrieron el auto que decretaba esta caución. En el caso del yerno del rey, denunciaba haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la fianza, debido a la cual se vería abocado a un "injusto empobrecimiento".
Entonces, Castro afirmaba que Urdangarin y Torres no son "los únicos criminalmente responsables" en el marco de estas pesquisas, al reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.
Camps y Barberá declarán el 16 de noviembre
Además, Castro, ha citado a declarar en calidad de testigos el próximo 16 de noviembre al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cuya comparecencia había sido reclamada por el sindicato Manos Limpias y la Fiscalía Anticorrupción.
En su interrogatorio, ambos deberán aclarar su participación en las negociaciones previas a la firma del convenio y las dos adendas de los Valencia Summit por los que el Instituto Nóos percibió alrededor de 3,6 millones de euros públicos; así como en relación al convenio firmado por 382.203 euros para que la ciudad de Valencia fuera sede de unos Juegos Europeos que nunca llegarían a celebrarse.
Manos Limpias cursó la petición después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) acordase el pasado 24 de septiembre no imputar ni a Camps ni a Barberá en el marco de esta causa, al considerar que en su actuación no hay indicios de delito. Así, rechazó asumir la competencia para instruir el caso, que finalmente quedó en manos del juez Castro.
