La trama Púnica convirtió Alcalá de Henares en el 'modelo' de uno de los amaños que luego aplicó en otros municipios de la Comunidad de Madrid. Así se desprende de un correo electrónico intervenido a uno de los directivos de la multinacional Cofely-GDF Suez en el que éste propone aplicar la "fórmula" que les había permitido adjudicarse de manera supuestamente irregular en el verano de 2012 un contrato de 14 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de seis colegios y dos instalaciones deportivas en esta localidad, la tercera de la región por número de habitantes. En aquel momento, se encontraba al frente del Consistorio alcalaíno el ahora diputado de la Asamblea de Madrid (y, por tanto, aforado) Bartolomé González, 'Bartolo', mano derecha en el partido de la recientemente dimitida Esperanza Aguirre.
En el correo electrónico, un directivo de Cofely propone aplicar en Torrejón de Velasco la "fórmula" que había permitido a la multinacional hacerse irregularmente con un contrato de 14 M. en Alcalá
Dicho 'email', al que ha tenido acceso Vozpópuli, fue encontrado en el ordenador que utilizaba Pedro García, uno de los cuatro ejecutivos de Cofely-GDF Suez que fueron detenidos en la redada de octubre de 2014 y que es señalado por los investigadores como el presunto muñidor de muchas de las supuestas irregularidades detectadas en contratos públicos durante las pesquisas. Se trata, en concreto, del mensaje que envió el 27 de marzo de 2012 poco antes de las nueve de la mañana a otra trabajadora de la multinacional, G.H., en el que figuraba como 'asunto' "Torrejón de Velasco". Éste es uno de los municipios en los que la Guardia Civil entró hace año y medio y detuvo a su alcalde, precisamente, por el trato de favor que daba a las empresas de la Púnica. En dicho mensaje, ambos directivos de la compañía intercambian borradores de lo que tiempo después sería el pliego técnico oficial del Ayuntamiento de esta última localidad para adjudicar un contrato de eficiencia energética de 4 millones de euros. Al redactarlo la propia mercantil, ésta se aseguraba ganar el concurso frente a otras empresas que presentaran ofertas.
Perder sólo 5 puntos
En el texto del mensaje, Pedro García planteaba a su interlocutor la pregunta de si "merece la pena modificar la fórmula de Galapagar [otro municipio de Madrid] por la de Alcalá de Henares". Los investigadores consideran que el ejecutivo imputado se refería al cálculo matemático que debía incluir el pliego de condiciones para valorar el apartado de las propuestas económicas de las diferentes ofertas que se presentasen y entre las que la de su empresa solía ser la más elevada. Según destacan en un informe la UCO, Cofely optó al final precisamente por la utilizada en Alcalá de Henares, ya que con ella se minusvaloraba las cuantías económicas y "de esta forma [la multinacional] sólo perdería 5 puntos, que fácilmente podrían ser recuperados en la valoración de la oferta técnica", destaca el informe policial incorporado al sumario en septiembre de 2015. De hecho, la Guardia Civil concluyó que dicho correo electrónico era una prueba más de que el pliego de condiciones técnicas para el concurso de Torrejón de Velasco fue presuntamente elaborado ilegalmente por los propios directivos de la mercantil.
En Alcalá de Henares, la oferta de Cofely se impuso a la de otra empresa por 92 puntos frente a 88 después de que se primaran los aspectos subjetivos del concurso
El propio expediente de la adjudicación en Alcalá de Henares revela, precisamente, que así se amaño supuestamente el contrato en este municipio. En la valoración de la oferta económica, Cofely consiguió 50 puntos, frente a la otra empresa aspirante, Dalki, que con un precio más ajustado obtuvo 55. Los cinco puntos de diferencia de los que hablaba el informe de la Guardia Civil. Una situación que dio un vuelco en uno de los apartados de valoración subjetiva, el de "conocimiento" de la situaciónn de las instalaciones del municipio, donde la empresa de la trama alcanzó 10 puntos frente a ninguno de la competencia. Finalmente, la multinacional ganó el concurso son 92 puntos frente a 88, según confirman a este diario fuentes municipales. Todo ello se produjo durante el mandato de Bartolomé González, aunque la adjudicación final se demoró hasta bastantes meses después de su salida de la alcaldía por tensiones políticas en un consistorio donde el PP no tenía entonces la mayoría absoluta.
Más contratos bajo sospecha
La investigación sobre las relaciones de la trama Púnica con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares recibió un impulso insospechado el pasado 18 de febrero, cuando la UCO acudió a la sede municipal a requisar el expediente por el que se adjudicó dicho contrato con la multinacional Cofely-GDF Suez, como adelantó Vozpópuli. Además, éste lunes la Guardia Civil ha interrogado como testigos a seis personas: cuatro técnicos del Ayuntamiento, un concejal del PSOE y el actual alcalde socialista, Javier Rodríguez Palacios. A todos ellos los agentes les preguntaron no sólo por el contrato de eficiencia energética, sino también por adjudicaciones a Waiter Music, una empresa especializada en organizar festejos y que también esta siendo investigada dentro del caso Púnica. De hecho, la UCO ha reclamado en los últimos días al Consistorio abundante documentación sobre sus relaciones con ambas empresas.
El actual alcalde de Alcalá de Henares, el socialista Rodríguez Palacios, y otro concejal del PSOE fueron interrogados este lunes como testigos por las supuestas irregularidades de sus antecesores
Buena parte de estas pesquisas se apoyan en las declaraciones que hizo el pasado verano ante el juez Velasco el constructor David Marjaliza. Éste, en su confesión que aún permanece secreta, aseguró que Bartolomé González había recibido supuestamente 60.000 euros de 'mordida' cuando era alcalde de este municipio por favorecer precisamente la contratación de Cofely. Según detalló entonces el constructor al magistrado, la elevada cantidad de dinero le fue supuestamente entregada al político por Ana María Ramírez, secretaria y mano derecha del propio empresario, también imputada en la causa. Esta mujer también ha comparecido recientemente en la Audiencia Nacional y ha ratificado las palabras de su jefe. De hecho, confirmó que las anotaciones encontradas en un documento hallado en uno de los registros recogían, precisamente, los nombres de varios consistorios en los que se habían pagado sobornos. Uno de ellos era el de Alcalá de Henares.
El 'hombre' de aguirre en el grupo de Cifuentes
Todo el mundo en el PP consideran a Bartolomé González como un 'hombre de la máxima confianza' de la recién dimitida Esperanza Aguirre, lo que le convierte en sus 'oídos' dentro del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid que lidera Cristina Cifuentes, la mayor rival de la 'lideresa' dentro de su propio partido. Esta es, de hecho, la segunda Legislatura como parlamentario autonómico de 'Bartolo', a quien Aguirre ecargó anteriormente controlar los municipios de la Comunidad de Madrid donde surgían problemas. En las últimas elecciones municipales, él fue una de las cinco personas que oficiaron como "examinadores" de los aspirantes a encabezar las listas del PP en un acto que se presentó como ejemplo de 'regeneración' para evitar la presencia de corruptos. En aquellos comicios fue también la persona designada para modificar las listas electorales de diversos municipios. Entonces se hicieron públicas varias grabaciones en las que supuestamente se le escuchaba imponiendo candidatos en Mejorada del Campo y en Leganés.
En la actualidad, 'Bartolo' es el vicepresidente de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del diputado de la Asamblea madrileña, además de portavoz adjunto de su partido en la Comisión de Cultura y Deporte, y miembro suplente de la Diputación Permanente, lo que le asegura seguir siendo aforado en el periodo que dista entre la disolución de la cámara autonómica y la toma de posesión de los nuevos integrantes de la misma tras unas elecciones. En su declaración de bienes figura que gana 60.906 euros anuales como parlamentario más otros 11.060 por su pertenencia al Grupo Popular. También recibe 720 euros mensuales por el alquiler de una casa de su propiedad y cuenta con pequeñas participaciones en tres empresas. Tiene además en propiedad un piso y una plaza de garaje en Alcalá de Henares, dos vehículos y otros tantos productos bancarios que atesoran 153.000 euros. El año pasado pagó al fisco más de 15.000 euros.
