En la Comisión de Interior del Senado, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han bloqueado este martes la propuesta presentada por Junts, que buscaba forzar al Gobierno a traspasar las competencias de los examinadores de tráfico a la Generalitat de Cataluña. La moción no legislativa de Junts pretendía poner fin a los largos tiempos de espera que sufren los aspirantes a conductores que, tras aprobar la parte teórica del examen de conducir, no pueden realizar la prueba práctica debido a la falta de examinadores.
La propuesta de Junts fue apoyada únicamente por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), mientras que la mayoría conformada por PP y PSOE votó en contra, impidiendo que la moción avanzara. La formación catalana sostenía que el traspaso de estas competencias ayudaría a gestionar de manera más eficiente los exámenes prácticos de conducir, una demanda que, según ellos, afecta de manera especial a Cataluña.
En el texto de la moción, al que ha tenido acceso Europa Press, Junts solicitaba también que el Gobierno considerara la implantación de un "modelo mixto", similar al que se utiliza en las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), para gestionar los exámenes de conducción en Cataluña. Esta fórmula, según el partido, permitiría incrementar el número de examinadores disponibles y reducir las listas de espera, agilizando el proceso para los ciudadanos que buscan obtener su permiso de conducir.
La formación subrayó la urgencia de implementar "medidas inmediatas y efectivas" para paliar lo que califican como una "grave falta de examinadores" en Cataluña. Según Junts, la situación está generando retrasos injustificados que perjudican a los aspirantes, quienes deben esperar mucho tiempo para completar el proceso de obtención de su licencia de conducir, afectando tanto a su movilidad como a sus oportunidades laborales.
El problema de las largas listas de espera en Cataluña
Las autoescuelas han reportado un aumento considerable en el número de alumnos que, tras aprobar la parte teórica del examen de conducir, deben esperar semanas, e incluso meses, para realizar la parte práctica. Según Junts, el traspaso de competencias a la Generalitat permitiría una gestión más cercana y eficiente de los recursos, adaptada a las necesidades locales y con capacidad de respuesta más rápida.
Sin embargo, tanto PP como PSOE han rechazado esta propuesta, argumentando que las competencias de tráfico deben seguir siendo gestionadas por el Estado. Los representantes de ambos partidos defendieron la centralización de estas competencias como un mecanismo para garantizar la uniformidad y calidad en todo el territorio nacional. Además, señalaron que traspasar estas responsabilidades a las comunidades autónomas podría generar diferencias en los criterios de evaluación y disponibilidad de examinadores, lo que no sería deseable desde una perspectiva de cohesión territorial.
Por otro lado, la posibilidad de implementar un modelo mixto de gestión, como el propuesto por Junts, también fue desestimada. A pesar de que el sistema de las ITV permite una mayor flexibilidad en la gestión de las inspecciones técnicas de vehículos, desde PP y PSOE se insistió en que este modelo no es aplicable al ámbito de los exámenes de conducir. Los críticos de esta propuesta subrayaron que los examinadores de tráfico tienen una responsabilidad mucho más significativa que los técnicos de ITV, ya que la obtención de un permiso de conducir tiene implicaciones directas sobre la seguridad vial.
En cualquier caso, la negativa de PP y PSOE no ha apagado la insistencia de Junts, que asegura que continuará abogando por soluciones que atiendan a las necesidades específicas de Cataluña en este ámbito. Para Junts, es esencial que se garantice la adecuada disponibilidad de recursos para evitar que los ciudadanos catalanes sufran retrasos que consideran "injustificados".
El debate sobre las competencias autonómicas en la gestión de cuestiones de tráfico no es nuevo y forma parte de una discusión más amplia sobre la descentralización de responsabilidades en diversas áreas del Gobierno. No obstante, la postura de PP y PSOE en este asunto refuerza la posición de quienes consideran que ciertas competencias deben mantenerse centralizadas para asegurar una gestión homogénea en todo el país.
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