El último 'CIS' catalán disparó la intención de voto a la formación ultra Aliança Catalana. El partido comandado por la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, triplicaría según el CEO sus escaños en el Parlament, pasando de los dos actuales a entre seis y siete. De forma llamativa, son los mismos diputados que perdería Junts per Catalunya, que, en caso una nueva convocatoria electoral, pasaría de los 35 actuales a 30 o 32. El hipotético trasvase no ha sorprendido a nadie, en tanto que ambos partidos combinan un discurso en clave identitaria que combina el rechazo a la inmigración con la hostilidad contra el resto de España —de hecho, a los ciudadanos con orígenes en otras comunidades también los catalogan como inmigrantes o, incluso, "colonos"—.
Los de Puigdemont, conscientes de que su electorado podría seguir siendo absorbido por un partido similar pero con un lenguaje aún más directo, está echando los restos en la cuestión inmigratoria. Aunque su empeño se esté llevando a cabo más en el plano fáctico que en el discursivo —evitando así aparecer como más radicales y frenar también la huida de electores al catalanista Illa—. En este sentido, los neoconvergentes han acelerado las negociaciones con el PSOE para transferir antes de que acabe el año la gestión integral de la inmigración a la Generalitat, una cesión arrancada a los socialistas en enero pasado a cambio de su respaldo a dos decretos leyes. Un escalón más en la "construcción nacional" que tanto la mano derecha de Puigdemont, Jordi Turull, como el 'president' Illa han desvelado recientemente que tendrá lugar "pronto".
Pese a su voluntad de moderación, Junts no ha ocultado que su objetivo consiste en administrar la inmigración para acentuar su desconexión con el resto del país. Recordemos, si no, que cuando se fraguó el pacto con los socialistas, el director de comunicación de Junts, Pere Martí Colom, aseveró que "tener las competencias en inmigración es esencial para construir la nación". Por su parte, el propio Turull avisó de que la "gente que venga ha de saber que está en una nación en la que se habla catalán". Esta estrategia se plasmó negro sobre blanco en una ponencia ideológica de los neoconvergentes dada a conocer el pasado octubre en la que se vinculaban los "derechos inclusivos" de los inmigrantes al "obligado conocimiento del catalán".
Los reproches de Orriols a Junts
Y en sentido inverso, Aliança Catalana ha convertido a Junts en los últimos días en su blanco predilecto en el Parlament. El jueves pasado, por ejemplo, Orriols arremetió contra sus rivales neoconvergentes por no haber respaldado su enmienda a que se "calcule correctamente el saqueo fiscal que padece Cataluña" —en referencia a su voluntad de que se hagan públicas las balanzas fiscales, una antigua pretensión nacionalista que, como han señalado sus críticos, resulta inédita fuera de nuestras fronteras—. Acto seguido, Orriols acusó a Junts de favorecer así a los "Borbones, al Ejército y a los tribunales" españoles. En el anterior pleno, además, también cargó contra los de Puigdemont afeándoles "no defender Cataluña, sino su trozo de pastel".
El traspaso total de la inmigración que anhelan ambas formaciones ha contado con el rechazo desde el principio del Partido Popular. "Sánchez entrega las competencias de inmigración a un partido al que llamó xenófobo", recordó Feijóo en enero pasado en referencia a Junts. Sin embargo, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, sorprendió este jueves recelando de que una transferencia de tanto calado fuese a materializarse, calificándola de "procesismo puro". Con ello aludía a un tipo de anuncios que "como son manifiestamente ilegales, erosionan las instituciones pero no llegan nunca". Por lo demás, Fernández responsabilizó a la mala gestión de la inmigración y al "buenismo" de que fuerzas como Aliança Catalana crezcan, porque está "pasando aquí y en el resto de Europa".
