El Supremo Consejo de España de la Masonería Grado 33, el Club de las 25 fundado por Karmele Marchante, la fundación de Baltasar Garzón o el Museo Nacional de Ciencias Naturales, son algunas de las entidades a las que el próximo día 12 les vence el plazo para presentar sus realizaciones con las subvenciones recibidas para “la recuperación de la Memoria Democrática y las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura”. Días antes, el 3 de diciembre, comienza un festival de cine sobre el mismo tema que ha ido precedido de una gala con entrega de premio al Gran Wyoming, todo patrocinado desde el Gobierno.
Los 839.400 euros repartidos en 104 subvenciones como las citadas, los ha elevado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a 895.000 € para la convocatoria de este año. Un incremento acorde con el propósito de ese departamento de aprovechar al máximo el próximo año el 50 aniversario de la muerte de Franco. “Vamos a hacer una programación potentísima” para esa conmemoración, anunció el secretario de Estado para Memoria Democrática, Fernando Martínez, en la gala del Festival Internacional de Cine FESCIMED, en presencia de la Fiscal de Sala para los Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado y su esposo Baltasar Garzón, del ex fiscal del Tribunal Supremo José L. Martín Pallín y otros que posaron en el `photocall´ del evento.
La vinculación del ex juez Baltasar Garzón con las iniciativas respecto a las víctimas de la guerra del 36 y del franquismo también asoma en la relación de adjudicatarios de las aportaciones económicas oficiales a proyectos con la temática descrita en la resolución ministerial correspondiente. Así, la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), presidida por su hija María, ha merecido 9.960 € para un proyecto de larga denominación: `Hacia una identidad europea: el rol de la sociedad civil en la promoción de políticas de memoria democrática. Un estudio comparado´.
Las ayudas a los 104 proyectos que ahora han de presentar sus resultados están dotadas con cantidades que oscilan de 5.000 a 12.000 euros, aunque se da el caso de que una de las beneficiarias ha superado con creces el máximo establecido en la convocatoria. Se trata del feminista Club de las 25, fundado por la periodista Karmele Marchante y ahora presidido por la abogada Cristina Almeida, al que le han correspondido un total de 22.960 €, casi el doble de la cantidad más alta, troceados en tres expedientes de 9.960, 5.000 y 8.000 euros, relativos a un mismo proyecto denominado `Mujeres en lucha: Democracia y feminismo en el último periodo franquista (1965-1975)´.
Esa asociación feminista, que el pasado 24 de octubre ha condecorado a la ya exministra Teresa Ribera y a la presentadora de TVE Silvia Intxaurrondo como “prestigiosas mujeres por su lucha por la igualdad”, tras conseguir la subvención de 22.960 € se ha vuelto a presentar a la convocatoria de este año por el mismo procedimiento de tres propuestas idénticas y con título semejante al del año anterior: `Clandestinas: feminismo y democracia en el tardofranquismo (1965-1975)´. Socia del Club de las 25 es la citada María Garzón, que con la fundación FIGBAR que preside y lleva el nombre de su padre, también ha acudido a la última convocatoria con tres ofertas, una sobre `El marco autonómico en materia de memoria democrática´, otra en torno a los bebés robados y una tercera titulada `Jóvenes por la memoria democrática´.
Entre las seis únicas entidades adjudicatarias del máximo de 12.000 € que ahora han de presentar los resultados de sus trabajos figuran el Supremo Consejo de España del grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado de la Masonería Regular, la Fundación Residencia de Estudiantes, Art al Quadrat, Universitat Pompeu Fabra y Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con proyectos sobre los exiliados en México, la memoria de las mujeres rapadas, la España imperial de Franco o el estudio arqueológico de los campos de concentración en el Bajo Guadalquivir.
Se da la circunstancia de que son varios los institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y universidades beneficiarios de estas dotaciones de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, pese a que en su condición de entidades de derecho público, como es el caso de la agencia estatal CSIC, quedan excluidas expresamente de estas convocatorias que, a la vez, admiten a “organismos públicos de investigación” siempre que incluyan entre sus objetivos “la recuperación de la Memoria Democrática y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura”.
El objetivo pedagógico de la política gubernamental en esta materia está presente en bastantes de las iniciativas subvencionadas desde el departamento de Política Territorial y Memoria Democrática, como es el caso de los 10.000 euros adjudicados a la asociación Arte y Memoria para la proyección de “cortometrajes de memoria en centros educativos”. Se trata de los que se exhiben en el referido Festival Internacional de Cine por la Memoria Democrática (FESCIMED), organizado por la misma asociación que ha recibido la subvención.
Del 3 al 7 de diciembre se celebra la octava edición de ese festival que goza de la colaboración de la misma Secretaría de Estado que concede las subvenciones, cuyo titular, Fernando Martínez, asistió a la gala de presentación del certamen en la que José M. Monzón, Gran Wyoming, recibió un premio al Compromiso y la Memoria que lleva el nombre de Lola González Ruiz. Siendo esta última, ya fallecida, superviviente de la matanza de abogados de Atocha y viuda de Javier Sauquillo, uno de los allí asesinados, al recoger Monzón el premio se permitió recordar en tono jocoso, y delante de Paca Sauquillo, que no se enteró de los crímenes en el despacho de Atocha porque estaba “fumando porros en Mazagón”.
No es FESCIMED la única realización cinematográfica al amparo de las financiaciones gubernamentales en este campo. El `triproyecto´ del Club de las 25 parece materializarse en una serie dirigida por Pilar Astray, socia de ese club presidido por Cristina Almeida, titulada `Mujeres en Lucha: democracia y feminismo en el último periodo franquista (1967-75)´, cuyo tráiler fue presentado el pasado 25 de septiembre en la Embajada de España en Londres, “con el apoyo institucional del Instituto Cervantes” y, según aparece en la carátula, el apoyo del Gobierno de España a través del departamento de Víctor Torres, uno de los ministros señalados por Aldama.
Mientras que las labores de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas durante la guerra disponen de una financiación específica en los Presupuestos Generales del Estado y las asumen directamente las CC.AA., con estas subvenciones el Gobierno cumple su didacticismo fomentando un relato o visión histórica de nueva planta sobre la guerra del 36 y la postguerra, pues en los 104 proyectos financiados no aparecen referencias a valiosos testimonios sobre la contienda, sus causas y sus primeras consecuencias que dejaron escritos Clara Campoamor, Chaves Nogales, Hugh Thomas, Tuñón de Lara, Paul Preston o Ángel Viñas, por citar algunos autores ajenos al oficialismo franquista.
