Tras cinco años de crisis, la relación que mantienen los agentes sociales se descompone poco a poco. Los sindicatos, más enardecidos que nunca en la última década y media, combaten la austeridad. Las Administraciones dicen aplicarla con tesón, mientras buscan nuevos ingresos. Y los empresarios, adalides del rigor fiscal, acusan los gravámenes (IVA, IRPF, sucesiones) con que los Gobiernos persiguen recaudar. Esa razón, la tremenda morosidad de las entidades locales y la longevidad de la coyuntura económica están costando el divorcio a las patronales con los Gobiernos autonómicos. Las primeras les acusan ahora de inacción a la hora implementar sus promesas, especialmente en las comunidades gobernadas por el PP, con el que se supone que hay más feeling.
“Tras años de gravísima falta de visión política, de irresponsable e indolente ocultación de la gravedad de la situación, de incapacidad para identificar y explicar con sinceridad las causas de la crisis, y sobre todo, de falta de voluntad (…), pensamos que son más necesarios que nunca dirigentes políticos cualificados, responsables y con visión de Estado”. Así reza un pasaje del manifiesto publicado ayer por el Círculo de Economía de la Región de Murcia, un importante lobby empresarial murciano. El círculo lanza una crítica desgarradora e implícita contra el presidente Ramón Luis Valcárcel. Otro párrafo dice así: “No es mejor gobernante quien demuestra ser más hábil a la hora de identificar las culpas ajenas y de trasladar sistemáticamente a los demás las responsabilidades de los problemas. No está el país, la región, ni nuestros ayuntamientos para juegos políticos electoralistas entre gobierno y oposición”.
Otra autonomía lindante con Murcia por el norte, la Comunidad Valenciana, también escenifica la ruptura. En un lugar donde la crisis inmobiliaria está causando estragos, la nueva tasa industrial por usar el gas, la caída de la inversión o la ausencia de la prometida reforma del sistema de financiación sientan mal entre la clase emprendedora. Por no hablar de la colosal deuda con los proveedores que alimenta la Administración de Alberto Fabra o el aumento del IVA, dos pilares esenciales para entender el cabreo de toda la clase empresarial con el Gobierno de Mariano Rajoy. Vertebradas a través de la patronal autonómica Cierval, las organizaciones empresariales han alzado por primera vez en mucho tiempo la voz contra el Ejecutivo. Según critican, las reformas van lentas, la morosidad no mengua y proyectos como la ampliación del Palacio de Congresos de Valencia, cuya rentabilidad es cuestionable, no ayudan a resolver nada.
Los empresarios murcianos: “No están la región ni nuestros ayuntamientos para juegos electoralistas”
La rebelión empresarial no es exclusiva del Levante. Comunidades donde la crisis ha golpeado con menos vigor también advierten conatos de descontento. Así, en Aragón, la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA) ha lamentado ante la presidenta Luisa Fernanda Rudi la escasa trascendencia que tendrá la inversión registrada en los Presupuestos Generales sobre la región. Más silenciosos han sido los emprendedores castellano-leoneses agrupados en Cecale (a su vez dividida en dos bandos irreconciliables): si en público destilan simpatía hacia Juan Vicente Herrera, en privado son muchos los que cargan contra el presidente de Castilla y León, quien instaló el céntimo sanitario (impuesto sobre la gasolina, recientemente suavizado), tampoco paga a tiempo y acaba de recuperar un tramo notable del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Y volviendo a divisiones internas, qué mejor ejemplo que el de los empresarios catalanes, a los que el camino independentista cultivado por Artur Mas ha partido por la mitad. La patronal catalana Foment del Treball defiende el pacto fiscal. Y todo ello ha impactado sobre la patronal nacional CEOE que dirige Juan Rosell, catalán él también. Pero de esto último ya se ha escrito mucho las últimas semanas.
