El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que ordena pagar trienios a trabajadores de À Punt. Esta decisión del Alto Tribunal es la primera sobre los 23 recursos presentados por la empresa con la asistencia de la Abogacía de la Generalitat bajo el mandato de Ximo Puig.
La sentencia del pasado 8 de mayo a la que ha tenido acceso Vozpópuli resuelve con desestimación el recurso de casación para la unificación de doctrina que había planteado la Corporación Valenciana de Medios Comunicación (CVMC).
El recorrido judicial ha sido largo. En primera instancia el Juzgado de lo Social número 2 de Valencia falló en 2019 en contra de la pretensión de la trabajadora, como sucedió en los otros casos planteados, pero el recurso posterior prosperó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que le dio la razón en 2020.
Trienios de la época de Canal 9
El Supremo en la citada sentencia del 8 de mayo hace referencia a una trabajadora a la que le reconoce el derecho a cobrar trienios acumulados desde la época de Radiotelevisión Valenciana cuando trabajaba en el ente autonómico que posteriormente resultó disuelto.
A los 7.383 euros que el Supremo considera que tiene derecho a percibir la demandante hay que sumar un perjuicio económico para la empresa a la que condena al pago de las costas que ascienden a 1.500 euros.
Esta sentencia sienta jurisprudencia y se da por sentado que los 22 recursos restantes presentados por la empresa acabarán siguiendo el mismo camino por lo que serán más de 170.000 euros los que deberá pagar la actual corporación de radiotelevisión pública valenciana.
Si a ello se suma el pago de las costas y los gastos derivados del recurso ante el Supremo el coste va a superar los 200.000 euros que agravan la delicada situación económica de la empresas pública, pese a que ya tiene realizada una provisión para el posible pago de estos trienios.
La 'crisis del IVA'
Las fuentes consultadas por Vozpópuli en la citada empresa pública aseguran no entender el recurso frente a la sentencia del TSJ cuando parecía "evidente" que la decisión del Supremo solo podía que confirmar esa decisión judicial.
La actual radiotelevisión pública valenciana, À Punt, atraviesa una complicada coyuntura económica. Uno de los factores que ha contribuido a esta situación es la denominada 'crisis del IVA'.
Cuando la ley de creación de la actual radiotelevisón pública salió adelante, se creó una bicefalia organizativa con la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), que no tiene obligación de pagar el IVA, y la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación (SAMC), que no está exenta de este pago.
La SAMC es una herramienta de la CVMC para la gestión de la radio y la televisión pública valenciana y ha funcionado durante estos años en la adquisición de material y gastos de funcionamiento como si no tuviera que pagar el IVA, algo que Hacienda le advirtió que no podía seguir pasando a finales del año
2020.
Pese a esa advertencia la situación desde entonces no ha cambiado y la SAMC sigue funcionando de la misma forma y el conflicto se está dirimiendo a través de un recurso contencioso-administrativo que, según las fuentes jurídicas consultadas por este medio, tiene muchas papeletas para que Hacienda sea finalmente la ganadora de ese pulso.
El pago del IVA supondrá el pago de cerca de más de 30 millones de euros, aunque el Gobierno valenciano, a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, ya ha recogido que si hay una sentencia en contra de la SAMC se hará cargo subsidiariamente de la multa.
Déficit y retraso en los pagos
La losa económica se hace más pesada por la gestión de los últimos años, donde el déficit (sólo en el último ejercicio, supera los 9 millones de euros). En base a la ley de creación de la Radiotelevisión pública valenciana un déficit de más de un 10% sobre el Presupuesto asignado debe suponer el cese de los consejeros, algo que no se ha producido.
Atendiendo a la normativa europea, esta situación obligaría incluso a la disolución, aunque no es algo que esté sobre la mesa. Lo que sí ha generado esta deficiente gestión económica es que para el Presupuesto de este año –que es de 84 millones de euros– se hayan 'congelado' 9 millones para intentar reducir esa desviación.
A corto plazo los problemas para la radiotelevisión pública valenciana suponen dificultades para el pago de nóminas, retrasos en el pago a las productoras de varios meses y recortes en la parrilla. Por ello, la decisión del Supremo sólo hace que agravar la crisis económica de la empresa pública.
En paralelo, las Cortes Valencianas están debatiendo la nueva ley para la radiotelevisión autonómica impulsada por PP y Vox que va a suponer un cambio organizativo.
El texto de la nueva norma crea un Consejo de Administración con ocho miembros y un solo ente que se concretará en la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana y que subrogará a los trabajadores de la actual RTV autonómica.
