La clase política ha dejado de ser 'intocable', el PP se ha convertido en el primer partido en ser imputado en la democracia y ver a políticos sentados en el banquillo se ha convertido en algo habitual. Con este cambio de panorama y la creciente preocupación por la corrupción política entre los españoles, varios sindicatos docentes han puesto en marcha una iniciativa para exigir que los políticos demuestren su honradez con un certificado de penales negativo.
La polémica que ha generado la exigencia a todos los profesionales que trabajan con menores de certificar que no tienen antecedentes por delitos sexuales para poder ejercer ha desembocado en esta inesperada campaña para que los políticos acrediten su honradez para desempeñar su función de cargo público.
La Asamblea de Extremadura debatirá si eleva la propuesta al Gobierno central
La pretensión del sindicato del profesorado extremeño PIDE ha llegado esta semana a la Asamblea de Extremadura, donde será debatida próximamente. Según explica el vicepresidente de la organización sindical, Alfredo Aranda, se trata de "una iniciativa dirigida a todos los grupos para que presenten una propuesta de impulso y se comprometan a hacer todas las gestiones necesarias para hacerla llegar al Gobierno central".
La campaña se inició el mes pasado en change.org, donde han conseguido cerca de 1.200 firmas, y ya se les han unido otros dos sindicatos, el balear Alternativa y el murciano Sidi, aunque Aranda espera que poco a poco se adhieran más organizaciones.
Malestar entre los docentes
Aranda indica que la propuesta se puso en marcha en respuesta al malestar que la Ley de Protección del Menor y la Infancia ha creado entre los funcionarios docentes porque "supone que todos seamos sospechosos y tengamos que demostrar nuestra inocencia, cosa que claramente es anticonstitucional". Sin embargo apostilla que acatan la normativa: "Nosotros de entrada no nos oponemos, todo el mundo ha pedido su certificado de penales porque es políticamente incorrecto oponerse. Pero nos ha molestado porque que ningún docente que tenga una sentencia en firme está en la escuela". De hecho, todos los sindicatos del profesorado han criticado la forma, no el fondo.
El vicepresidente del sindicato asegura que parte de la inquietud de su sindicato se debe a que "la mayor parte de los casos suceden en colegios privados o concertados y sin embargo, es a los públicos a los que se les exige el certificado de penales, a los concertados lo que se les pide es que la dirección del centro emita una declaración responsable de que los tiene en su poder".
Vara invitó al sindicato a involucrar en la iniciativa a todos los grupos de la Asamblea
El sindicato entiende que "la normativa se ha hecho mal, de alguna forma lo que el gobierno hace es acallar una alarma social con la gran idea, el gran titular, pero sin embargo la infancia sigue sin estar atendida: hay un índice alto de desnutrición derivado del empobrecimiento, hay familias que tienen dificultad de afrontar los gastos necesarios para escolarizar a los niños, el acoso escolar cada vez es más potente y parece que todo el mundo mira para otro lado".
Desde la organización han pedido a los profesores que no se rebelen, "lo damos por bueno, hemos recomendado a nuestros afiliados que lo entreguen pero queremos que los políticos, que también han generado durante muchos años alarma social, demuestren que son honrados para ejercer el cargo público, es así de sencillo". Según recoge la propuesta, los impulsores buscan "preservar el interés de los ciudadanos de posibles delitos en los que incurran los representantes públicos".
Por el momento, la propuesta va a ser estudiada por la cámara autonómica, pero cuenta con el beneplácito del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que invitó al sindicato a involucrar en este asunto a todos los grupos de la Asamblea.
PROFESIONES QUE EXIGEN CERTIFICADO DE PENALES
Actualmente hay una serie de puestos en la Administración que exigen un certificado de penales negativo. Según recoge la Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, en España se demanda carecer de antecedentes penales para acceder a un puesto de funcionario público relacionado con la seguridad, como por ejemplo el ejército, la Guardia Civil, la Policía nacional, autonómica, o local, y los funcionarios de prisiones.
También se exige carecer de antecedentes penales para trabajar, aun cuando sea sometido al régimen laboral en algunas instituciones Públicas (como por ejemplo, Banco de España), o profesiones reguladas. Del mismo modo hay una serie de actividades, que se realizan en régimen de concesión administrativa que tienen como requisito no tener antecedentes. En concreto hay 26 actividades que requieren de este documento para poder acceder a ellas.
Ahora bien, hay variedad en los requisitos mencionan, algunas reglamentaciones exigen no haber sido condenado por delito doloso, otras incluyen un listado de delitos, e incluso otras exigen carecer de antecedentes policiales o no haber sido sancionado.
Entre estas profesiones se encuentran abogados, administradores de lotería y casas de apuestas, auditores, bomberos, conductores de taxi, empleados de bingo y de casino, notarios o veterinarios.
