La Audiencia Nacional avala que se investigue a Dina Bousselham por presunto falso testimonio. La Sala de lo Penal ha respaldado al magistrado del caso Villarejo, José Manuel García Castellón, en su intención porque los juzgados ordinarios indaguen si la que fuera asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo mintió en relación con el episodio del robo y difusión en prensa de su tarjeta telefónica.
Tal y como avanzó Vozpópuli, los magistrados de la Sección Tercera fijaron el pasado viernes 5 de mayo la fecha para deliberar el recurso interpuesto por la defensa de Dina contra el auto del pasado 1 de septiembre. En su auto, al que ha tenido acceso este medio, determinan que "carece de utilidad alguna" que estimen el recurso (al que se adhirió Pablo Iglesias) puesto que el juez ya envió las denuncias a los juzgados ordinarios para su investigación.
"Ya se ha materializado la decisión impugnada, se han deducido los testimonios de referencia, y se han incoado diligencias previas al respecto por los Juzgados de Instrucción de Madrid y de Alcorcón correspondientes", reza el auto del que ha sido ponente la magistrada Carolina Rius. Así pues, los magistrados entienden que no procede frenar la actuación del magistrado que el pasado mes de septiembre actuó contra Dina por presuntamente mentir en sus declaraciones como perjudicada.
Denuncias contra Dina
El instructor del caso Villarejo movió ficha en septiembre hacia dos sentidos: por un lado pidió al Decanato de los juzgados de Madrid que indagase si Bousselham y su expareja Ricardo Sá Ferreira cometieron delito de falso testimonio en sus declaraciones en la Audiencia Nacional y, de otro, recurrió a los juzgados de Alcorcón para que abrieran causa también contra los dos testigos por simulación de delito y denuncia falsa.
El magistrado derivó esta parte concreta de la causa a Alcorcón puesto que fueron estos los juzgados que tramitaron la denuncia que interpuso Dina en noviembre de 2015 acerca del robo de su teléfono móvil mientras se encontraba en unos grandes almacenes de dicha localidad. Del mismo modo, tanto ella como su pareja ampliaron la denuncia en el verano del año siguiente apuntando que habían sido víctimas de la conocida como policía patriótica y que el contenido de su teléfono sustraído estaba siendo difundido en prensa.
El magistrado Agustín Carretero, lejos de aceptar la inhibición de la Audiencia Nacional decidió devolverla porque entendió que tanto esta actuación como la derivada a Plaza Castilla se tendrían que investigar de manera conjunta. A su juicio, se debía unificar las dos denuncias dado que ambas responderían a una presunta “estrategia fraudulenta ideada por la dirección de Podemos”. “Si se faltó a la verdad y se mintió en las declaraciones prestadas ante el juez instructor lo fue siguiendo el hilo o en coherencia con dicha estrategia", expuso el juez.
Oposición de Anticorrupción
La denuncia volvió a la Audiencia Nacional la cual dio orden de que se acumula a la anterior actuación y se enviara conjuntamente a Plaza de Castilla. Sin embargo, han transcurrido meses sin que se haya actuado al respecto ante la sospecha de que se habrían extraviado estas denuncias. Por ese motivo, el juzgado que investiga el caso Villarejo decidió mover ficha de nuevo y enviar todas las actuaciones al Decanato de Plaza de Castilla.
En paralelo el recurso interpuesto por Dina Bousselham contra la decisión del juez se remitió a la Sala de lo Penal para su deliberación. Pablo Iglesias, a quien se le devolvió su condición de perjudicado, se adhirió a la petición de su antigua asesora en Podemos mientras que la Fiscalía Anticorrupción, por su parte, solicitó que no se le investigase pese a advertir que incurrió en "contradicciones" en sus declaraciones en la Audiencia Nacional.
El Ministerio Público expuso que aunque habían dado versiones opuestas (en relación con la difusión de los pantallazos sobre el chat de dirigentes de Podemos o sobre el visionado del contenido de la tarjeta), ello no había alterado el resultado de la instrucción. "Con el resultado del informe pericial sobre el origen de los daños de la tarjeta resulta inviable la atribución a Pablo Iglesias Turrión de un delito de daños informáticos", expuso Anticorrupción, la cual además recordó que es previsible que ambos declaren como testigos en un futuro juicio por estos hechos.
Sin embargo, la Audiencia Nacional entiende que sí hay cabida para acceder a la denuncia del juez la cual partía de una petición concreta de la acusación que ejerce la Asociación de Juristas Europeos Prolege. La Sala sostiene que el asunto ya se ha derivado a los juzgados competentes, ello sin perjuicio de que éstos decidan si acceder o no a la pretensión del magistrado del caso Villarejo.
