Nueve meses después, el grupo de personalidades que forman la denominada Comisión Internacional de Verificación (CIV) ha vuelto a hablar. Y lo ha hecho, de nuevo, a través de un comunicado en el que, además de revelar que en los dos últimos días han mantenido reuniones con numerosos representantes de partidos políticos y sindicatos del País Vasco, incluido el lehendakari Iñigo Urkullu, critican el estancamiento que ha sufrido el proceso abierto tras la declaración de alto el fuego definitivo de ETA de octubre de 2011. El grupo, que se muestra "satisfecho" por la situación actual, hace sin embargo un llamamiento a los agentes, en referencia al Gobierno de Mariano Rajoy y a la propia banda armada, para "aprovechar esta oportunidad tomando nuevos pasos y medidas de creación de confianza". La nota se hace pública cuando arrecian los rumores sobre una supuesta entrega de armas por parte de los etarras y a escasos días de que la nueva marca de la izquierda abertzale, Sortu, celebre su congreso constituyente.
Los mediadores dicen sentirse satisfechos "en líneas generales con el cumplimiento de ETA con sus compromisos con el alto el fuego"
El comunicado insiste que la Comisión "se muestra satisfecha en líneas generales con el cumplimiento de ETA con sus compromisos con el alto el fuego y su declaración del fin de la violencia", pero que aún queda "mejorar aspectos". "La Comisión ha comprobado que existen grandes expectativas en la sociedad vasca sobre la necesidad de que se tomen nuevos pasos hacia la consolidación de la paz. Apelamos a cada uno de los agentes a aprovechar esta oportunidad tomando nuevos pasos y medidas de creación de confianza", continúa la nota hecha pública este miércoles.
En este sentido, sus integrantes dicen sentirse optimistas ante próximo avances, pero alerta sobre "la complacencia y los retrasos" que pueden alargar el proceso: "Es vital que se tomen ahora los pasos adecuados para aprovechar esta oportunidad histórica. La Comisión queda a disposición de todos los agentes con el objetivo de ayudar a lograrlos", asegura antes de dar la bienvenida al nuevo Parlamento vasco y a la recién creada por este Ponencia de Paz y Convivencia.
Partidos, sindicatos y la Iglesia
Según detalla el mismo comunicado, en los últimos días los integrantes de la CIV han mantenido encuentros bilaterales los días 18 y 19 de febrero con diferentes representantes políticos y de otras organizaciones del País Vasco, así como una reunión general este mismo miércoles. Entre las personas que citan como participantes de estas reuniones está el propio lehendakari y los miembros de su partido Andoni Ortuzar y Joseba Aurrekoetxea. Por el PSE han participado Jesús Loza, quien fuera comisionado para la Paz en el Ejecutivo de Patxi López, y José Antonio Pastor, y por la izquierda abertzale, Rufi Etxeberria y Urko Ayarza. La organización de empresarios vasca, Confebask, ha estado representada por Miguel Ángel Lujua y Nuria López de Guereñu, mientras que también hubo representantes de los cuatro principales sindicatos de Euskadi, LAB, ELA, UGT y CCOO. Por parte de la Iglesia estuvo el vicacio de la diócesis de Bilbao, Ángel María Unzueta, y "a título párticular" el obispo Juan María Uriarte.
En los encuentros con la CIV han participado, entre otros, el lehendakari Iñigo Urkullu y el obispo Juan Maria Uriarte
Los cinco integrantes de la CIV que han participado en estos encuentros en España son el ex ministro de Inteligencia y viceministro de Defensa de Sudáfrica, Ronnie Kasrils, el ex director política de la Oficina de Irlanda del Norte del Reino Unido, Chris Maccabe; el asesor del presidente de Sri Lanka en sus negociación con el grupo guerrillero de los Tigres Tamiles, Ram Manikkalingam; el ex vicejefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la India, el teniente general Satish Nambiar; la subdirectora del Dialogue Advisory Group, Fleur Ravensbergen, y Aracelly Santana, ex Representante Adjunta del Secretario General de las Naciones Unidas.
Desde Moncloa siempre se ha negado siempre cualquier tipo de validez a las gestiones de este grupo. De hecho, tras el anterior comunicado de la CIV, de mayo de 2012, el Ministerio del Interior se apresuró a sacar un breve texto de respuesta en el que aseguraba que "el Gobierno no necesita de verificadores internacionales para comprobar si ETA se disuelve". El departamento de Jorge Fernández Díaz insistía entonces en que son la Guardia Civil y la Policía los únicos a los que el Ejecutivo de Rajoy considera autorizados "para verificar una eventual disolución de la organización terrorista".
