Ni Luis Bárcenas ni Francisco Correa han estado hoy en el Congreso para seguir el discurso del presidente del Gobierno en el debate del Estado de la Nación, pero no cabe duda de que muchos de los asistentes han pensado en ellos mientras Rajoy desgranaba las medidas anticorrupción. Y es que el jefe del Ejecutivo ha anunciado que se regularán los procedimientos de contratación de los partidos políticos "estableciendo con claridad las normas de quienes contratan en su nombre", en un intento de exorcizar, por ejemplo, que una red corrupta como la de Correa, crezca y se desarrolle al amparo de un partido. Pero es que también se fijarán "reglas claras sobre el papel que pueden ejercer los responsables de la gestión económica de los partidos políticos".
El Gobierno llevará a la Ley un doble control externo sobre las funciones de tesoreros y gerentes, con un deber formal de colaboración con el Tribunal de Cuentas y, por otro, con su obligación de comparecer anualmente ante el Parlamento para dar explicaciones sobre la forma en que se han gestionado los recursos de todos los partidos aquí representados.
El presidente del Gobierno se ha descolgado con un amplísimo paquete de medidas anticorrupción de gran calado. Cuando llevaba algo más de una hora de discurso, el jefe del Ejecutivo ha admitido que la corrupción es un "problema que alarma a los ciudadanos y afecta a la imagen de España". Tras calificarla de "insoportable" y "corrosiva para el espíritu cívico" , ha defendido que un país que se respete "debe perseguirla tan pronto como aparecerá y tantas veces como sea preciso".
"Me repugna que en España surjan casos de corrupción, pero me enorgullece que las instituciones funcionen en su persecución", decía Rajoy
"Me repugna --ha continuado-- que en España surjan casos de corrupción, pero me enorgullece que las instituciones funcionen en su persecución. Que fiscales y jueces, la Administración de Justicia, sigan actuando en el cumplimiento de su deber. Es misión de todos nosotros ofrecerles instrumentos que faciliten su tarea" y ha pasado a recordar lo que ya se ha hecho en materia de financiación y de endurecimiento del Código Penal. Pero, con todo, no es suficiente, "debemos ir más allá", y para ello ha puesto sobre la mesa un amplio acuerdo en esta materia, "que ayude a devolver la confianza de los ciudadanos en sus representantes".
La Ley de Transparencia, ahora en trámite en el Congreso, abarcará también a los partidos políticos, a sus fundaciones, a las organizaciones empresariales y sindicales y, en general, a todas aquellas entidades que se financien, fundamentalmente a través de fondos públicos, aunque no ha aclarado si eso incluye a la Iglesia.
Mientras planeaba por la cámara el fantasma de Luis Bárcenas, ha anunciado que habrá un mayor control sobre las cuentas y la gestión de las formaciones políticas, que se regulará a través de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos. Tras afirmar que se dotará de más medios al Tribunal de Cuentas, que también fiscalizará a las fundaciones, será objeto de regulación también el procedimiento de aprobación de las partidas económicas, que deberá figurar en los estatutos y ser depositada en un registro público.
El presidente anunciaba que habrá un mayor control sobre las cuentas y la gestión de las formaciones políticas, además de un estatuto del cargo público
Al paquete económico-financiero de los partidos se unen reformas "para garantizar la actuación ejemplar de sus dirigentes, de los altos cargos de la Administración y de todos los que representamos a los ciudadanos". Para ello, el Gobierno presentará una Ley Orgánica reguladora del ejercicio de las funciones políticas. "Se trataría de un verdadero Estatuto del cargo público en el que deberán quedar tasadas, entre otras, las escalas de retribución, los sistemas de protección social o los casos en los que puede haber derecho a compensación tras el cese, reforzando también la Oficina de Conflicto de Intereses", lo que ha traído a la memoria de forma inmediata el curioso finiquito supuestamente pagado a Bárcenas que incluía pagos a la seguridad social.
Asimismo, más allá de hacer públicas las declaraciones de la renta "propongo establecer un procedimiento de comprobación, a través de una auditoría, de la situación patrimonial de los altos cargos al final de su mandato, para que se pueda detectar cualquier incremento injustificado de patrimonio o rentas incompatibles con sus percepciones durante el tiempo en que han desempeñado cualquier cargo público". También hará una regulación de grupos de interés o lobbys.
Una reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal
En todo caso ha admitido que "no puedo afirmar que con ello acabemos definitivamente con la corrupción porque aunque mejoremos la regla, siempre hay quien encuentra un resquicio para vulnerarla". Para aquellos casos en que se vulnere la ley se endurecerán las penas, se agilizarán los procesos judiciales en casos de corrupción y se aumentará el plazo de prescripción de este tipo de delitos, aunque no ha especificado en qué medida. Para ello será necesario reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilice los procedimientos, "para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea, en ningún caso, una forma de impunidad para el delincuente, o una condena pública sin sentencia, para quien no lo es ni lo ha sido nunca".
"Una cosa es condenar y perseguir la corrupción por todos los medios y otra es sembrar o ayudar a que se difunda. España no es un país corrupto", declaraba
Rajoy ha reclamado el apoyo de la Cámara para estas medidas, se ha comprometido a estudiar las que le propongan otros grupos parlamentarios por entender que "la democracia no puede ser patrimonio de nadie y nadie puede abstenerse de la obligación de protegerla". Ahora bien, ha matizado: "Una cosa es condenar y perseguir la corrupción por todos los medios. En eso, todos estamos de acuerdo. Otra muy distinta es sembrar, o ayudar a que se difunda, la especie de que España es un país corrupto, incluso de los más corruptos. No es verdad que en España haya un estado generalizado de corrupción. Eso es una insidia. Ni España es la nación más corrupta, ni todos los políticos son corruptos, ni nos hundimos por culpa de la corrupción", ha agregado no sin dejar de defender que las instituciones españolas están sanas y sirven honradamente.
"Sembrar la idea de que España es un país corrupto, es profundamente injusto"
"Generalizar la conducta indeseable de algunos a todos los políticos y, de paso, a las instituciones y al país entero, es profundamente injusto. No podemos permitir que se escriba, otra vez de España, una Leyenda Negra", ha dicho reivindicando la acción política.
Pero también ha lanzado una advertencia: "Tampoco quiero que España se convierta en un país inhabitable porque se aplaudan las acusaciones sin pruebas. Porque causan daños que ni la rectificación podrá reparar, porque ya son irreparables. Señorías, es necesario acabar con este clima que empieza a ser irrespirable. Y, desde luego, no se trata ni de ocultar, ni trivializar, ni olvidar. Esto es muy serio. Y los españoles, todos los españoles, tenemos derecho a poder confiar en nuestros representantes y en nuestras instituciones", concluía.
(En @voz_populi seguimos en directo el debate del estado de la nación)
