El fiscal pide el archivo de la causa de Tsunami y defiende que los principales lesionados fueron los manifestantes

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que se aplique la ley de amnistía a los investigados en la causa de Tsunami Democratic. El Ministerio Público ha presentado un informe en el que solicita al juez García Castellón "declarar la extinción de la responsabilidad penal" en la causa que sigue por presuntos delitos de terrorismo y defiende que "quienes resultaron en gran medida lesionados fueron los propios manifestantes".

El Ministerio Fiscal mantiene, a pesar de la posición contraria defendida por el instructor, que ni siquiera hay indicios de terrorismo, al no apreciar que los hechos "hayan causado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos". Asimismo, matiza que no existe constancia de la comisión de actos dolosos por parte de ninguno de los investigados cuya gravedad impida la aplicación de la norma aprobada por el Gobierno.

Respecto a la muerte de un turista francés en el aeropuertos del Prat tras sufrir un infarto, excluye a los investigados de cualquier responsabilidad penal, ya que entiende que esta "no tiene relación de causalidad con la concentración convocada por Tsunami y desde luego no podría atribuirse en ningún caso con carácter doloso, dada la absoluta imprevisibilidad del fallecimiento". Es entonces cuando señala que es "notorio" que lo mayores lesionados durante los disturbios fueron los propios manifestantes.

Mantiene el mismo criterio exculpatorio sobre las lesiones sufridas por los policías heridos durante las protestas. En este caso, el fiscal va más allá y defiende que ni siquiera en el caso de que Tsunami hubiese convocado las concentraciones se puede atribuir una responsabilidad penal a los investigados, "pues no consta mensaje ni incitación alguna inducción o provocación o causar lesiones graves a persona alguna".

El pasado 11 de junio el magistrado García Castellón solicitó a las partes que se pronunciaran en un plazo de diez días sobre la posibilidad de aplicar la ley de amnistía. Esta causa se investiga el papel de la plataforma independentista en los disturbios que tuvieron lugar en el año 2019, después de que se conociese la sentencia del procés.

La Audiencia Nacional lidera la investigación en la que también se encuentran la secretaria general de ERC, Marta Rovira o el jefe de gabinete del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay. En el Tribunal Supremo continúa la causa abierta contra Carles Puigdemont por su "rol de liderazgo" en Tsunami Democràtic.

El informe del fiscal Miguel Ángel Carballo va en la misma línea que el emitido este miércoles por el Ministerio Público en el caso que se sigue en el Tribunal Supremo contra Carles Puigdemont por terrorismo. La teniente fiscal Sánchez-Conde subraya que los delitos imputados al expresidente catalán están incluidos en la ley de amnistía, ya que los hechos investigados se encuentran enmarcados en el ámbito temporal y objetivo de la Ley Orgánica 1/2024 y no se han encontrado motivos para estos sean enmarcados dentro del apartado de excepciones de la norma.