La familia Franco ha solicitado al juzgado de A Coruña la retirada del mobiliario del Pazo de Meirás, después de que la Audiencia Provincial revocara el auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 que ordenaba depositar a favor del Estado todos los muebles y elementos accesorios del inmueble.
"Lo hemos solicitado esta mañana y ahora el juzgado tiene que darnos fecha y plazo, y requerirá al Estado para que nos dé acceso", explica a Efe el abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, que llegó a considerar que "lo que se hizo con la incautación fue el secuestro de los bienes muebles a mis clientes".
La sección tercera de la Audiencia de A Coruña estimó el recurso interpuesto por los herederos del dictador y condenó a la Administración a indemnizarles por los daños ocasionados, una decisión que ya están estudiando la Abogacía del Estado y la Xunta, y que apremia el Ayuntamiento de Sada, donde se ubica el inmueble.
Derecho a ser resarcidos
Según los magistrados de la Audiencia, en la ejecución provisional de la sentencia que otorga la titularidad del pazo al Estado "no procede la discusión sobre a quién le pertenece el mobiliario, pues la Administración no lo reclamó en su demanda inicial", sino únicamente la finca.
El pasado 12 de febrero, la Audiencia Provincial de A Coruña también reconoció a los Franco su derecho a ser resarcidos por los gastos en los que incurrieron desde 1975, tras la muerte del dictador, para conservar el Pazo de Meirás, tras confirmar su titularidad pública.
