El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, saca pecho de la ley de regadíos que su partido pretende aplicar en las tierras del Condado de Huelva y que ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a advertir que Doñana "no se toca" porque "no es el cortijo de nadie" y al ministro de Consumo, Alberto Garzón, a acusar a la Junta de Andalucía de perpetrar "un golpe de Estado".
Pocas veces un trámite parlamentario ordinario en un parlamento regional, como es la toma en consideración de una propuesta, desata una tormenta política de tal calado a nivel nacional y con ecos en la Unión Europea.
La proposición de ley presentada por PP y Vox para ampliar los regadíos en Doñana es uno de esos casos. "Todo lo que está ocurriendo con Doñana, con los medios de comunicación, con el Gobierno de Sánchez, con la izquierda, es una pieza más en el puzzle de esas políticas que nos están imponiendo, que lo único que pretenden es matar al mundo rural", sostiene Gavira en une entrevista para Vozpópuli.
Este martes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se reunirá con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ante la "preocupación" que ambas instituciones comparten por la situación en el conocido parque nacional.
La norma impulsada por PP y Vox pretende revertir la ordenación del territorio que hizo la Junta en 2014, cuando gobernaban los socialistas, y que eliminó aproximadamente 1.600 hectáreas del Condado de Huelva como suelo agrícola. Ahora, solo afectaría a la mitad de esta superficie. Cientos de agricultores que vieron sus fincas convertidas en suelo forestal podrían recalificar sus terrenos para que fuesen de nuevo de regadío.
La propuesta reconoce como agrícolas unas 800 hectáreas de los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), si bien precisa que no autorizará ninguna extracción de aguas del acuífero de Doñana, ya mermado por los pozos ilegales y también por la sequía. "Esta proposición de ley no se hubiese tenido que registrar en el Parlamento de Andalucía, si el Gobierno de España hubiese cumplido con la promesa que esas infraestructuras hídricas hubiesen estado ya terminadas", apunta el portavoz andaluz de Vox.
El presidente del Gobierno ya ha advertido que Doñana no es el cortijo de nadie. ¿Qué opina?
En los últimos días, desde que arrancó el trámite en el pleno del pasado miércoles, son varios los dirigentes que han cargado contra la proposición. Sánchez habla de cortijo y Garzón de golpe de Estado. Teresa Ribera vuelve a prometer algo que los socialistas llevan prometiendo desde hace cinco años.
Nosotros solamente queremos corregir una injusticia. Es lamentable que digan eso cuando esta norma no existiría si el Gobierno cumpliese de una vez con algo que se lleva prometiendo años y que, incluso, ha estado recogido en partidas de los Presupuestos Generales del Estado.
Acusa a Sánchez de bañarse en la piscina...
Cuando los presidentes del Gobierno de España, incluido Sánchez, van a Las Marismillas, en Doñana, y se bañan en la piscina, han de saber que esa piscina está llena de agua que le niegan a los agricultores y a los regantes de las fresas en la zona del Condado de Huelva.
En Huelva no hay un problema de agua en sí. Existe un problema de sequía generalizado, pero en Huelva lo único que hace falta son las infraestructuras para llevar el agua a esa zona. Si estuviesen realizadas no haría falta esa proposición. Además, son los propios agricultores los que han examinado hasta la última coma del documento.
¿A qué atribuye el terremoto político que ha desatado este trámite parlamentario de carácter ordinario?
Se juntan muchos factores. Tanto en la anterior legislatura como en esta ha sido Vox quien ha liderado la presentación de la iniciativa. El PSOE achaca que la tramitación actual responde a un interés electoral, pero no es así. Quiero aclarar que cuando presentamos nuestra propuesta por primera vez ni siquiera estaban convocadas las elecciones. Quieren ensuciar la tramitación de esta proposición señalando que el motivo principal responde a intereses electorales y las fechas son fácilmente comprobables.
El Gobierno de Sánchez habla incluso de que se está tratando de esquilmar el acuífero... Pero toda esta iniciativa está vinculada a las infraestructuras de aguas superficiales que el propio Gobierno de España lleva prometiendo desde hace muchos años y que ahora la ministra Ribera vuelve a prometer.
No solo tienen en contra al Gobierno central. La UE también amenaza con multar a España si se legalizan más riegos y existe un rechazo por parte de la comunidad científica, ecologistas...
Lo que hay que dejar claro es que si esas infraestructuras para llevar agua a esa zona existiesen, la ley no se hubiese presentado. Estoy seguro que esa ley no solo va a salir adelante, sino que cuando la UE conozca el detalle, el contenido y el fondo de la norma y su vinculación a esas infraestructuras No se tocan los acuíferos y hemos creado una oficina técnica para que se analice si alguna de las zonas pudiese afectar al acuífero y, en ese caso, no permitirlo. Descalificaron zonas que habían sido de regadío y eso es una injusticia para los agricultores, a los que, precisamente, la UE ha concedido ayudas. Existe una situación de inseguridad jurídica.
¿Cuál es el fututo que les espera a esos agricultores si su proposición no sale adelante?
Va a salir adelante. No contemplo un escenario en el que el Parlamento Europeo o el Gobierno de España impidan que se lleve a cabo puesto que no hay daño en Doñana. Esta ley está vinculada a una obras aprobadas y con partidas presupuestarias.
¿Está influyendo la campaña electoral en caldear el ambiente en torno a Doñana?
Sin duda alguna. Están echando mucha mierda a esa proposición que solo pretende corregir una injusticia. Además, hay mucho cinismo. El PSOE, según se ha publicado en la prensa, ha legalizado pozos en esas mismas zonas. Por otro lado, se abstuvo durante el trámite de la ley que presentamos en la anterior legislatura. No votó en contra. empezando porque hay muchos alcaldes socialistas que están a favor de la proposición. Los ataques son una pieza más del puzle que va a castigar el mundo rural en Andalucía. Las llamadas leyes animalistas y climáticas perjudican a los agricultores y ganaderos andaluces. Matan la forma de vida de los pueblos. Intentar corregir esta injusticia era nuestro deber.
