La filtración reivindicada por Anonymous de seguimientos en las redes sociales realizados por parte de la Generalitat a diputados de ERC y CUP, grupos anticapitalistas, colectivos antisistema, medios de comunicación y periodistas ha puesto en el punto de mira a los responsables del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), al que los hackers denominan el CNI catalán. Al frente de este organismo se encuentran Carles Flamerich, que ejerce de presidente, y Tomás Roy, que desempeña el cargo de director y se encarga de las funciones ejecutivas propiamente dichas.
La gestión de Tomás Roy en la Administración catalana está en entredicho al pesar sobre él una reciente denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que le acusa de la comisión de presuntos delitos de falsedad documental, alteración en los precios y prevaricación en la concesión de un contrato a dedo a la firma Ecija, subcontrata de Telefónica. El Ministerio Publico presentó la denuncia a la que ha tenido acceso Vozpópuli, hace unas semanas en el juzgado de turno para que la instrucción siga su curso.
Los hechos se remontan a 2009, cuando el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), adscrito a la Consejería de Empresa y Ocupación al igual que el Cesicat y donde Tomás Roy ocupaba el puesto de director del Área se Seguridad, Calidad y Relación con los Proveedores, inició los trámites de la contratación en cuestión. El CTTI se dispuso a adquirir una herramienta que cumpliese una serie de características concretas para la adecuación de los distintos departamentos de la Generalitat a la normativa reguladora de la protección de datos personales. Para ello, publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la licitación del concurso público el 21 de abril de 2009.
Sin embargo, indica la Fiscalía, “el concurso era meramente formal pues estaba decidido y determinado ya de antemano la adjudicación a Ecija o, en su caso, a Telefónica, convirtiendo así en simple apariencia los principios de transparencia, competencia y libertad de concurrencia”. El Ministerio Público señala que el CTTI tomó la decisión de adquirir dicha herramienta, “habiendo llegado a incluso a concertar con el director gerente de la mercantil Ecija, el precio a pagar por ella”. Se trataba de una oferta "hecha a medida".
“El concurso era meramente formal pues estaba decidido y determinado ya de antemano la adjudicación a Ecija o, en su caso, a Telefónica”, sostiene el Ministerio Fiscal
Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción, que se basa en el informe elaborado por la Policía Nacional y elevado el 19 de junio de 2013, subraya que “una vez fue publicado el concurso en el BOE, Ecija, que tenía firmado un acuerdo de distribución de la herramienta en exclusividad con Telefónica, elaboró y presentó la oferta técnica bajo el logotipo de esta última compañía, quien, a su vez, era perfecta conocedora del acuerdo previo existente entre su proveedora y el CTTI”. Además de Telefónica presentaron sus candidaturas las empresas Dominion Tecnologías SLU y Soluciones Globales Internet (GMV).
A la hora de la apertura de plicas, el representante del grupo de César Alierta advirtió que en la oferta presentada por su compañía se había hecho constar, por error, un precio de la herramienta superior al que habían pactado Ecija y CTTI. Ello provocó que Mariano Yagüez, jefe comercial de Telefónica para el grupo de cuentas de la Generalitat, pidiera disculpas a Tomás Roy (director del Área se Seguridad, Calidad y Relación con los Proveedores del CTTI) por el error cometido, a la vez que le comunica que está haciendo gestiones con su distribuidora Ecija a fin de esclarecer lo ocurrido y le propone una reunión entre las tres partes para aclarar la situación y modificar el pliego, ya que en ese momento GMV era la candidata mejor puntuada. Según la Fiscalía, “Roy acepta las disculpas, le manifiesta su deseo de tener una reunión en la que espera propuestas para solucionar el problema y que se respete todo lo que se habló en su momento, evidenciando con este correo el acuerdo previo existente para que fuera Telefónica la empresa adjudicataria del concurso”.
En la tramitación del expediente, precisa la denuncia, se presentó el preceptivo informe técnico firmado por Roy y otro técnico del CTTI. En dicho informe, recalca el Ministerio Fiscal, “aun siendo plenamente conscientes de que la oferta a valorar no era la original, proponen como proveedor a Telefónica, con la herramienta Ecija, tras descartar técnicamente las propuestas presentadas por las dos licitadoras restantes al no cumplir los 83 requisitos mínimos exigidos”.
Hasta cuatro años de cárcel
En cuanto a la filtración de las cuentas rastreadas por el Cesicat en colaboración con los Mossos d'Esquadra, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha exigido a la Generalitat, y en lo que corresponda al Gobierno central, "una investigación urgente y a fondo" ante un presunto seguimiento “muy grave” a medios de comunicación, periodistas y activistas sociales. Entre los periodistas que han sido espiados figuran algunos afiliados a sindicatos de la FeSP. De confirmarse estos hechos, añade la organización, se trataría de "un atentado contra la intimidad y contra el derecho a que no sean interceptadas las comunicaciones sin autorización judicial, algo que el Código Penal tipifica como delito y castiga hasta con cuatro años de cárcel".
