Guerra interna en la Guardia Civil por la creación de un nuevo órgano jurídico: "Es una clara ilegalidad"

Un oficio remitido por el general auditor de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de la Guardia Civil revela una guerra interna en el cuerpo por la puesta en marcha de un nuevo órgano jurídico que, a juicio del autor del documento, "no tiene apoyo legal ninguno" y que se estaría impulsando a espaldas del Ministerio de Defensa. La misiva, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, se remitió a un número limitado de mandos del Instituto Armado, entre los que figuran su director, Leonardo Marcos.

El oficio del general auditor supone una denuncia interna hacia lo que, a su entender, es una actuación sin amparo legal dentro de la Guardia Civil. Asegura que tuvo conocimiento de la creación de un "órgano de asesoramiento jurídico" en el Mando de Operaciones, el ente encargado de planificar y coordinar los servicios operativos de las unidades del Instituto Armado. Se trata de uno de los entes de mayor influencia dentro del cuerpo.

El pasado 20 de septiembre se habría abordado la creación de un nuevo ente jurídico en una reunión de altos mandos de la Guardia Civil. Siempre siguiendo la descripción de los hechos recogida en el oficio, se expusieron unas diapositivas de Power Point en las que se detallaban "la creación" y la "dependencia orgánica", así como otros datos más específicos -una dirección de correo electrónico-, de un ente denominado Oficina de Asuntos Legales del Mando de Operaciones.

En la carta se denuncia la "clara ilegalidad administrativa" que supondría la creación de este ente. El autor recuerda que el único órgano de asesoramiento jurídico del director general del Instituto Armado y de los órganos y unidades centrales es la Asesoría Jurídica de la Guardia Civil, que él mismo dirige en calidad de general auditor.

A mayor abundamiento, el escrito denuncia que la exposición en la que se proponía la creación de este ente corrió a cargo de un coronel auditor, que pasaba a la reserva el pasado 9 de agosto, y a quien se le asignó una comisión de servicio en el Mando de Operaciones: "Desempeña un servicio sin relación orgánica o funcional con la Asesoría Jurídica de la Guardia Civil".

Y añade que cualquier opinión, dictamen o informe en materia técnico-jurídico, así como cualquier escrito, instrucción escrita o verbal de organización del asesoramiento jurídico en el Mando de Operaciones, se debe entender "formulada al margen de la legalidad vigente", siempre y cuando no proceda de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de la Guardia Civil.

A espaldas de Defensa

Una maniobra que, según denuncia el general auditor, se habría ejecutado "sin conocimiento ni autorización" de la subsecretaria del Ministerio de Defensa, de la que depende el Cuerpo Jurídico Militar, ni del general consejero togado asesor jurídico general de la Defensa, dos figuras con ascendencia orgánica sobre las labores de asesoría jurídica en el Instituto Armado.

La carta revela que el interés por la creación de un ente jurídico dependiente del Mando de Operaciones, ilegal según la interpretación del general auditor de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de la Guardia Civil, se dejó "sin efecto alguno" por orden del propio director general de la Guardia Civil.

Además de remitirlo al propio director cuerpo, Leonardo Marcos, el oficio se envió este mismo 25 de septiembre a los más altos mandos del Instituto Armado, entre los que figuran el teniente general director adjunto operativo, el teniente general jefe del Mando de Fronteras y Policía Marítima, el teniente general jefe del Mando de Personal, el teniente general jefe del Mando de Apoyo, el teniente general jefe del Mando de Operaciones, el general consejero tocado asesor jurídico de la Defensa y a los oficiales asesores jurídicos de las zonas de la Guardia Civil y de la Agrupación de Tráfico.