"A partir del 5 de marzo de 2020 no se debería haber realizado ninguna manifestación". Así consta en el informe de la Guardia Civil sobre el 8-M que obra en la causa del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en el que se investiga al delegado del Gobierno por un presunto delito de prevaricación. El 21 de mayo, los agentes de la Policía Judicial advirtieron a la juez de que el Ministerio de Sanidad conocía los riesgos de las concentraciones masivas a principios de marzo. La magistrada intenta determinar si el Departamento de Salvador Illa alertó a la Delegación del Gobierno en Madrid antes del 8 de marzo.
La Guardia Civil acredita en su informe que el Ministerio de Sanidad redactó el 3 de marzo el escrito denominado Recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus covid-19. La juez ha reclamado el documento al equipo de Illa. También ha pedido el comunicado firmado el 6 de marzo por la Directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga.
En el marco de las pesquisas, y tras el aviso de la Policía Judicial, la magistrada ha estimado pertinente reclamar "idéntica información en relación con cualquier otro documento que, con anterioridad al 14 de marzo de 2020, y haciendo referencia a concentraciones multitudinarias o a la conveniencia de mantener la distancia social en el marco de esta crisis sanitaria, haya sido difundido o publicado en la web oficial del Ministerio o en otra página habilitada específicamente por Sanidad con ocasión de la covid-19".
El 5 de marzo Simón explicó a la Iglesia Evangélica, al ministro Illa y otros dos técnicos de Sanidad que "la situación de grave crisis sanitaria que atravesaba España y Europa"
Según consta el escrito de 83 folios de la Guardia Civil, al que ha tenido 'Vozpópuli', el 5 de marzo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, explicó a la Iglesia Evangélica, al ministro Illa y otros dos técnicos de Sanidad en la propia sede del Ministerio que "la situación de grave crisis sanitaria que atravesaba España y Europa".
"Los representantes evangélicos expusieron la próxima celebración del Congreso Unlimited 2020 en La Caja Mágica de Madrid, para el que preveían la asistencia de 8.000 personas, a lo que el ministro Illa acompañó con gestos negativos en su cabeza la frase 'No, eso no se puede hacer", según se lee en el informe.
Destitución de Pérez de los Cobos
La investigación de la Guardia Civil sobre la manifestación del 8-M en Madrid ha propiciado la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como máximo responsable del Cuerpo en la capital. El Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska informó el cese a primera hora de este lunes, poco antes de que se diera a conocer la citación del delegado del Gobierno en Madrid en calidad de imputado.
La destitución de Pérez de los Cobos generó respuesta por parte de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel. En la providencia emitida pocas horas después, la titular del Juzgado reiteró a la Policía Judicial a cargo de las pesquisas que deben guardar “rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas”. Posteriormente envió un oficio a Interior para insistir en que solo se informará a ella de las actuaciones realizadas.
El DAO de la Guardia Civil dimite
Este martes, el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, ha presentado su dimisión al Ministerio del Interior tras el cese Pérez de los Cobos, según han confirmado a Vozpópuli fuentes conocedoras de la decisión. Ceña es el máximo cargo uniformado del Cuerpo. Por encima de él solo está la directora general, un cargo político que desempeña desde hace meses María Gámez.
