Jueces defienden su independencia ante las acusaciones de politización de las asociaciones

El bloqueo de las negociaciones sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial ha vuelto a salpicar a los jueces. Las cuatro principales asociaciones de la magistratura de España sacan pecho por la independencia judicial ante las acusaciones de politización de dichas instituciones e instan a los partidos mayoritarios en las Cortes a trabajar para desbloquear la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial.

Primero fueron las palabras del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, duramente criticadas por las insinuaciones sobre la presunta vinculación de las asociaciones de jueces y fiscales con "determinados partidos políticos". Ahora, los jueces se encuentran de frente con las palabras que ha trasmitido este jueves Vicente Guilarte.

El presidente interino del CGPJ ha deslizado, durante su intervención en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que existen diversos intentos por parte de formaciones políticas de diferente tinte ideológico de influir en las asociaciones de jueces. Guilarte ha mencionado que no cree que el modelo renovación defendido por el PP y las instituciones europeas, por el que serían los jueces quienes eligiesen a sus pares en el Consejo, "arregle el problema actual, porque los partidos buscan aproximarse a las asociaciones y se irradiaría ese intento de influencia".

Las palabras han generado diferentes reacciones entre las cuatro principales asociaciones de jueces. Desde Asociación Profesional de la Magistratura (APM) censuran las insinuaciones de Guilarte y defienden que la verdadera imagen de politización viene, principalmente, impulsada por el sistema de renovación actual. "Es el peor sistema que hemos tenido. Lo que hay que hacer es promulgar un sistema que permita elegir a los jueces a los 12 vocales del Consejo (que eligen jueces y magistrados), tal y como defienden las instituciones europeas", comenta a Vozpópuli la magistrada María Jesús del Barco.

Un sistema de votación que no favorezca la influencia de las asociaciones de jueces

Otra estrategia es la que promueven desde Foro Judicial Independiente y la Asociación Francisco de Vitoria. Ambas entidades han presentado, de manera conjunta, un modelo de votación alternativo a fin de evitar que una misma asociación cope el mayor porcentaje de nombramientos del órgano de gobierno de los jueces. Fernando Portillo, portavoz de Foro Judicial Independiente, se hace eco de las declaraciones de Guilarte y va más allá: "Que los jueces sean los que elijan sería la primera piedra para acabar con el problema, pero no valdría cualquier sistema de votación".

El magistrado defiende que lo ideal no sería sustituir "la influencia de los partidos políticos por la influencia de las asociaciones judiciales", sino crear un sistema equitativo para evitar que las formaciones se sirvan de las asociaciones para intentar extender sus tentáculos hasta el Consejo General del Poder Judicial.

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria comparten la misma tesis y apoyan un sistema de "cuota decreciente" que garantice la representación plural, no solo de las asociaciones judiciales, sino también del 44% de los no asociados. "No queremos pasar de un sistema partidista como es el actual a un sistema de asociaciones corporativo. Es tan importante que los jueces puedan elegir a los 12 vocales como que el sistema electoral justo", sentencia Sergio Oliva, portavoz de AJFV.

"El problema no radica en el modelo actual"

Al otro lado, Juezas y Jueces para la Democracia añade que el problema ya no radica en una cuestión de politización, sino en el "abuso de la posición de los partidos que tendrían que estar contribuyendo" a la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial. Por tanto, invitan a los miembros del CGPJ a dimitir de sus puestos para así, frente a la falta de gobierno del Consejo, empujar a la oposición a agilizar las negociaciones.

La posición compartida entre la mayoría de la magistratura pasa por otorgar a los jueces el poder de elegir a 12 de los 20 vocales que forman el Consejo General del Poder Judicial, un papel que gracias al modelo vigente desde el año 1985 ostentan actualmente las Cortes. Cuatro décadas después y tras cinco años de bloqueo, el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, remitió hace unas semanas al Congreso de los Diputados y al Senado su propuesta personal de renovación del órgano de jueces.

La propuesta de Guilarte incluye, entre otras cosas, la creación de un "comité intermedio" que asuma la responsabilidad de asignar a los magistrados del Tribunal Supremo. Una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados de este órgano o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de un magistrado. Una estrategia que ha generado aplausos y detractores entre los profesionales de la carrera judicial.

Reacciones a la propuesta personal de Guilarte

Este es el caso de la asociación mayoritaria de los jueces APM, desde donde consideran que esta medida no tiene cabida en la Constitución Española y que, por tanto, los nombramientos los debe hacer el Consejo "sin figuras intermedias". "Lo que tenemos que hacer es objetivar los requisitos con carácter previo para saber qué condiciones o qué méritos debe reunir la persona que pueda optar a ser elegida. Pero desde luego al Estado de derecho solo se le protege con más Estado de derecho, no quitando funciones al Consejo", comenta María Jesús del Barco.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria valora de manera positiva la iniciativa del presidente del CGPJ, al entender que ayuda a evitar campos de arbitrariedad en los nombramientos discrecionales. El juez Fernando Portillo se une a esta valoración para añadir que la creación de sistema de nombramientos más cercano a los profesionales de cada territorio podría favorecer a la consolidación de un modelo más equitativo.

La propuesta personal de Guilarte, que será valorada por el Gobierno, pretende que los electores sean todos los miembros de la carrera judicial del territorio respectivo. Asimismo, expone que los candidatos tendrían que presentar un programa de actuación sobre la mejora en su caso del órgano. Sería una forma de despojar al CGPJ de su función actual, aunque se le reservaría la competencia para convocar y organizar el proceso electoral, así como acordar el nombramiento y ratificación del candidato propuesto.