El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha prorrogado hasta enero de 2023 la instrucción del caso que investiga la relación de Iberdrola con el excomisario José Manuel Villarejo, y ha citado al Estado como responsable civil subsidiario. En un auto fechado este jueves, el magistrado atiende así la petición realizada el pasado mes de mayo por el exjefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo en la pieza 17 del caso Tándem, que investiga la relación de la eléctrica con empresas vinculadas al excomisario.
García Castellón ha acordado la citación del Estado como responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por el excomisario mientras se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, así como la prórroga de la instrucción hasta el 29 de enero de 2023.
El juez se basa en una sentencia del Tribunal Supremo para considerar que una vez finalizado el proceso es cuando procede llamar a los posibles responsables civiles subsidiarios, con el fin de que puedan tener conocimiento de los hechos y, eventualmente, defenderse. Por ello, dice, debe aceptarse la petición realizada por Asenjo y citar al Estado como responsable civil subsidiario “ofreciéndole un plazo razonable para que pueda tomar conocimiento de las actuaciones y eventualmente alegar o defenderse, en orden a su posible exclusión de tal posición procesal”. Solo por ello, añade, el procedimiento necesitará necesariamente de prórroga, por lo que acuerda alargar la instrucción de esta pieza por un plazo de seis meses, hasta el 29 de enero de 2023.
En el auto, el magistrado acuerda otra serie de diligencias como declaraciones testificales y solicita una aclaración a la defensa de Florentino Pérez en relación con las diligencias que había interesado. De este modo, tendrán que declarar Francisco Blázquez, Mariano Rodríguez López y Gladys Galán, para aclarar si las facturas emitidas por Casesa y Cenyt, empresas vinculadas al excomisario, corresponderían a los servicios relacionados con la central de Arcos de la Frontera, y si esos servicios fueron prestados por Villarejo.
El juez instructor investiga en esta pieza separada si Iberdrola contrató al excomisario por un millón de euros entre 2004 y 2012 para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión, y en ella figuran como investigados Villarejo, su socio Rafael Redondo y el propio Asenjo.
