Los problemas judiciales de Luis Bárcenas no están sólo en España. La investigación iniciada el pasado mes de mayo por un juez uruguayo sobre el supuesto blanqueo de dinero de una parte de la fortuna suiza del extesorero del PP a través de empresas radicadas en este país sudamericano es, en algunos aspectos, aún más ambiciosa que la que dirige en nuestro país el titular del Juzgado Central de Instrucción, Pablo Ruz. El magistrado Nestor Valetti, que ya ha informado a las autoridades de Madrid que tiene abierto un sumario sobre las 'andanzas económicas' del político español ahora encarcelado pero que no puede facilitar información a su colega español al estar declarado secreto, sigue la pista de al menos tres empresas que en nuestro país no están bajo el foco de la Audiencia Nacional.
Una de las empresas investigadas por el juez de Montevideo expidió al extesorero del PP un certificado en el que aseguraba que éste había trabajado para ella como 'lobista' durante diez años
De hecho, la comisión rogatoria enviada el pasado julio por el magistrado español a Montevideo se limitaba a solicitar información y pedir el bloqueo de las cuentas que pudieran tener el propio extesorero del PP y la mercantil Tesedul SA, la sociedad utilizada por el antiguo responsable de finanzas de Génova 13 para abrir cuentas en Suiza y acogerse a la amnistía fiscal. Para entonces, el juez uruguayo ya había incluido en sus indagaciones a otras tres sociedades: Brixco SA, Lidmel International SA y Centenary SA. Así aparece recogido en la documentación que las autoridades del país sudamericano remitieron recientemente a Madrid en respuesta a la solicitud de colaboración remitida por el juez Ruz y a la que ha tenido acceso este diario.
En dicha documentación se detalla que el 2 de mayo de 2013, Uruguay inició "una investigación criminal de carácter reservada [...] a los efectos de determinar la presunta comisión en nuestro territorio nacional de un delito de lavado de activos con delito precedente de corrupción pública en España". Pesquisas que además de centrarse en el propio Bárcenas, incluyó a los "representantes" de cuatro sociedades. La primera es Tesedul SA, la también investigada por el magistrado español, ya que desde una cuenta a su nombre en el Lombard Odier de Ginebra se realizaron dos envíos de 400.000 euros a un depósito en el Discount Bank de Montevideo en 2011.
De las otras tres mercantiles, dos también estaban implicadas en el envío de remesas de dinero a distintas partes del mundo desde cuentas de Bárcenas en Suiza. Así, Brixco SA, una empresa especializada en comercializar zumo de limón y que está ligada al también extesorero del PP e imputado en la causa, Ángel Sanchis, fue la destinataria final de 3 millones de euros. En concreto, el dinero llegó a una cuenta a nombre de esta mercantil abierta en el HSBC de Nueva York, aunque la elevada cantidad fue movida desde otra abierta en una sucursal de la misma entidad en la ciudad de Montevideo, donde la compañía tiene la sede social. La sospechas sobre Lidmel International se centran también en una cuenta a su nombre abierta en el mismo banco neoyorquino y que recibió 500.000 euros en dos transferencias realizadas con menos de una semana de diferencia desde uno de los depósitos suizos del extesorero del PP.
Certificado de 'lobista'
Sorprende más la inclusión en las pesquisas iniciadas en Uruguay de la cuarta compañía: Centenary SA. Ésta ha aparecido en el sumario de manera muy puntual y no ha atraído en ningún momento la atención ni del juez Ruz ni de la Policía. Fue el propio Bárcenas quien reveló su existencia el pasado mes de febrero al entregar al magistrado durante una de sus declaraciones una serie de documentos con los que pretendía justificar la elevada fortuna que poseía en Suiza. Entre éstos figuraba un certificado expedido por esta empresa uruguaya en el que ésta afirmaba que el político ahora encarcelado había trabajado para ellos como lobista durante diez años. El documento iba firmado por el "gerente" y director de Centenary SA en Argentina, Hector Patrón Costas, y en él se aseguraba que Bárcenas realizó "tareas de asesoramiento comercial y financiero, lobby empresarial y promoción de las exportaciones a países de Centroamérica" para esta compañía agropecuaria entre 1995 y 2005.
El magistrado uruguayo pretende interrogar al abogado argentino Edgardo Patricio Bel, amigo de Bárcenas y relacionado con varias de las empresas que investiga
Fechado el 17 de diciembre de 2010, cuando el extesorero del PP aún era investigado por el juez Antonio Pedreira, el certificado no concretaba en qué operaciones había participado Bárcenas ni tampoco la cantidad de dinero supuestamente percibido en concepto de comisiones por las mismas. Por ello, el juez y la Policía le restaron toda credibilidad y los investigadores no volvieron a prestarle atención. Ni siquiera cuando el extesorero del PP volvió a mencionarla en la declaración de junio que precedió a su ingreso en prisión. Entonces, Bárcenas se refirió a ella para justificar un viaje relámpago que hizo a Argentina presuntamente para 'fabricar' un contrato de compraventa de arte que sirviera de coartada a los ingresos de su mujer. Después de eso, nada. De hecho, el único informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que se refiere a ella es de agosto pasado y sólo se la menciona al recoger textualmente las declaraciones del político. El juez Ruz no ha vuelto a preguntar por ella ni ha solicitado información a Montevideo.
La de Centenary no es, sin embargo, la única pista aparentemente 'olvidada' por el juez Ruz que sigue en Montevideo su colega Valetti. Éste, con el apoyo de la fiscal Mónica Ferrero, también ha iniciado pesquisas sobre el abogado argentino Edgardo Patricio Bel, quien según los propios informes de la Policía española, aparece estrechamente relacionado con la creación de la maraña empresarial utilizada por Bárcenas para ocultar su fortuna tras estallar el 'caso Gürtel'. Este letrado, que ha enviado recientemente al juez Ruz un acta notarial reconociendo su amistad con el tesorero y que llegó a estar al frente de Tesedul SA, la empresa que el magistrado español sí investiga en Uruguay, era también "ejecutivo" de La Moraleja SA, la empresa del otro responsable de finanzas de los 'populares' imputado en la causa, Ángel Sanchis. Además, Bel aparece relacionado con otra empresa uruguaya de la trama, Rumagol SA, también investigada en España por su supuesta relación con la ocultación del dinero de Bárcenas. Sin embargo, Ruz no ha hecho aún intención de interrogarle. El juez uruguayo, sí.
