Delito fiscal, delito contable y falsedad documental. Ésas son las figuras que se derivan del auto que el juez Pablo Ruz dictó el pasado viernes y en el que se concluye la existencia de una contabilidad B del Partido Popular utilizada para pagar, entre otros gastos, la reforma de la sede de Génova 13 en Madrid. Paradójicamente, ese mismo escrito del magistrado limita esas responsabilidades al área financiera del partido por lo que los únicos nombres de la formación que se enfrentan por ahora a una sanción son los tres responsables de la tesorería: Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas, ambos ex tesoreros del partido, y Cristóbal Páez, adjunto a la gerencia del PP y posteriormente gerente en Génova. La investigación actual no extiende ningún tipo de acusación a ninguno de los cargos políticos del Partido Popular.
Las partes del proceso consultadas interpretan que Ruz está trazando un primer círculo de responsabilidad en el terreno puramente técnico. El juez instructor estaría, según esa lectura, delimitando quiénes son los responsables directos del presunto fraude, algo que remite a la gerencia y tesorería de Génova. Ruz descarta por ahora la acusación a los responsables políticos. Sin embargo, las partes consideran que el juez ha dejado un resquicio abierto que le permitiría ampliar las responsabilidades al círculo político PP cuando reciba la información requerida a la Agencia Tributaria y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre el abundante material informático incautado en el registro de la sede Unifica Servicios Intergrales SL. el estuadio de arquitectura que se encargó de las obras.
"Las responsabilidades penales de la doble contabilidad podrían subir de planta en Génova 13", concluyen labogados del caso
La ampliación al círculo político del PP se deriva del razonamiento que Ruz usa para citar como testigo a Antonio de la Fuente, el exjefe de seguridad del Partido Popular y cuñado del propio Bárcenas. El juez razona que debe ser citado por cuanto "habría participado en el seguimiento y decisiones sobre las obras llevadas a cabo en la sede de la formación política por parte de Unifica", la empresa del arquitecto Gonzalo Urquijo, también imputado. Ese argumento deja la puerta entreabierta a futuras comparecencias de responsables políticos y, tal vez, imputaciones, en la medida en que la documentación pendiente de análisis permita demostrar que Lapuerta, Bárcenas o Páez siguieron instrucciones políticas de los responsables del partido.
Avalancha de pruebas por analizar
Para establecer esa conexión, el juez Ruz ha reclamado ya el análisis de multitud de elementos intervenidos en el despacho del arquitecto encargado de la remodelación de la sede del PP en Génova 13. El magistrado ha dictado ya el clonado de un disco duro con información sobre la relación del arquitecto con el PP y ha solicitado a la UDEF que investigue “la mayor parte de los dispositivos informáticos incautados”, es decir:
- 1 CD
- 3 pen drives
- 6 discos duros que suman más de un Terabyte de almacenamiento de datos
- 1 Ipad
- 2 ordenadores: un portátil y un PC de sobremesa marca HP
Ruz recibirá esta semana los movimientos bancarios que salieron desde las cuentas del PP hacia la inmobiliaria, unos extractos bancarios que debe remitir la Banca March y que deben servir para ligar definitivamente a los tesoreros con el arquitecto. Sin embargo, también busca en los soportes informáticos indicios que apunten a que Lapuerta y Bárcenas recibieron órdenes de cómo ejecutar o pagar la reforma y que las obras en Génova no fueron decisión ni iniciativa suya.
Sin esa prueba, las imputaciones de Ruz se quedan en el terreno puramente gerencial del Partido Popular --aseguran las fuentes jurídicas personadas en el caso consultadas por este diario-- por lo que las responsabilidades de una posible contabilidad B en el PP se extinguirían sin alcanzar a los dirigentes políticos del partido. Con esa prueba, "las responsabilidades penales de la doble contabilidad podrían subir de planta en Génova 13", concluyen los abogados del caso.
