Los accionistas del museo Art-Natura han presentado una querella criminal por un presunto delito de estafa, prevaricación y por falsedad en documento público y privado contra Damián Caneda, teniente de alcalde y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, y Francisco Eguilior Alvarez Rivera, arquitecto municipal, por sus incumplimientos en la entrega de edificios de Tabacalera para instalar un museo. Los denunciantes reclaman al Ayuntamiento 7,5 millones de euros, la cantidad que la sociedad adelantó para la rehabilitación del edificio.
El Ayuntamiento de Málaga firmó en noviembre de 2006 un acuerdo con la Agrupación Europea de Interés Económico Programa Royal Collections (PRC) para la creación, instalación y explotación en el antiguo edificio de Tabacalera de un museo de gemas, Art-Natura. Esta iniciativa fue muy criticada por la oposición, que consideró muy cara la rehabilitación del complejo, que iba a superar los 30 millones de euros.
En el complejo, formado por tres museos, se iban a instalar un museo de gemas, otro de artes y uno último de ciencias. Contaban con aulas, talleres, tiendas, cafeterías y restaurante, previa rehabilitación del conjunto de edificios de la antigua Tabacalera. En una parte de este museo se iba a instalar la mayor colección del mundo de piedras preciosas, y esculturas de oro y plata de Picasso y Dalí.
En la denuncia se explica que el Ayuntamiento de Málaga distribuyó justo antes de las elecciones locales de 2007 más de 60.000 cuadernos de 16 páginas, más de 200.000 folletos, miles de CDs, DVDs, regalos y otro material de propaganda que fue pagado por PRC. Costó 200.000 euros. El acuerdo se firmó en 2006 y en 2008 las obras no estaban terminadas, a pesar que se pactó que estuvieran finalizadas en esa fecha.
La rehabilitación presentaba constantes retrasos y sobrecostes por lo que PRC presentó escritos dirigidos a Urbanismo y al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Además de los retrasos se presentaron 8 millones de euros no presupuestados y 2,5 millones de euros por trabajos ya comprendidos en el proyecto básico.
Tras tres años de retraso, la empresa promotora presentó en diciembre de 2010 un escrito ante el Ayuntamiento solicitando dar por resuelto el contrato y el reintegro de las cantidades que ya había abonado, de alrededor de siete millones de euros.
Desde el momento en que la sociedad pidió la resolución del contrato, los empresarios consideran “que se ha urdido una trama totalmente delictiva para dar la impresión de que la que había incumplido era PRC”. “Buscaron aniquilar económica y patrimonialmente a PRC dictando, a sabiendas, resoluciones arbitrarias e injustas”, afirma la denuncia.
El arquitecto municipal Francisco Equilior, que también es el director de la obra, ideó, según los denunciantes, una falsa "puesta a disposición" de los edificios a partir de diciembre de 2010 cuando las obras estaban muy lejos de estar terminadas. De hecho hay un acta notarial que lo certifica y el propio arquitecto prohibió la entrada al personal de PRC.
El 8 de abril de 2011 el arquitecto municipal hizo entrega de un acta de ocupación firmada por el mismo que dice que se hace constar “el carácter excepcional de este acto” y deja constancia de que la ocupación se ejecuta “a título de pacto extracontractual ante la Administración”. De hecho, no entregó documentación para poder tramitar la licencia de apertura.
La obra todavía está sin terminar
La obra seguía sin estar terminada y faltaban, entre otras, las medidas de seguridad para la apertura del museo de gemas. Para burlar esa situación, incluso se redactaron planos nuevos en los que no se incluían estos elementos de seguridad, señala la denuncia. El concejal de Cultura, Damián Caneda, informó a Art-Natura que si no aceptaban las nuevas condiciones (sin medidas de seguridad y el edificio sin terminar) no les abonarían las facturas de las obras que se estaban realizando.
La Junta de Gobierno, según la querella, llegó a aprobar la entrega del edificio “de forma contraria a derecho porque se han falseado los planos y se ha de entregar todo el conjunto edificatorio y no sólo una parte”. Tampoco le entregaron los documentos que les debían permitir obtener la licencia de apertura. A pesar de que las obras no estaban terminadas, Art-Natura solicitó por dos veces licencia para abrir. El Ayuntamiento le denegó la autorización por faltar documentación.
La empresa decidió abrir y la policía le cerró el museo. La Delegación de Gobierno llegó a enviar un escrito en el que señalaba que no autorizaba la apertura hasta que no se pudieran comprobar la idoneidad y eficiencia de las medias de seguridad instaladas.
Paralelamente, el concejal de Cultura exigió a Art-Natura el abono de 6,3 millones de euros por considerar que no habían cumplido con los compromisos asumidos y comenzó con una carrera de embargos y bienes que ha destrozado esa sociedad. La empresa calcula que ha invertido hasta la fecha unos 7,5 millones de euros, más lo que se abonó para pagar los gastos electorales.
En el escrito de la querella señala que se ha producido un “ejercicio arbitrario de poder”. Explica que no se pudo abrir en fecha porque el Ayuntamiento no entregó el conjunto de los edificios. Instaron la resolución del contrato después de años de retraso y el Ayuntamiento de Málaga pretendió entregarles una parte del edificio sin las medidas de seguridad que exige un museo de joyas. Además recuerda que no les dieron la licencia de apertura porque era imposible al no estar terminada la rehabilitación y no entregarles la documentación que era necesaria para ello.
