En la primera ola de coronavirus, noche tras noche, muchos españoles salían a aplaudir a los sanitarios que se batían el cobre en hospitales y centros de salud. Sin embargo, hay algunos de los que nunca se acuerda la población y, lo que es más grave, el Gobierno. Son los médicos de sanidad penitenciaria, aquellos que trabajan en las prisiones del país, y que acumulan 3.750 casos de covid -en una población reclusa de 45.000 individuos- desde que el virus traspasó nuestras fronteras.
La sanidad penitenciaria, salvo en Cataluña y País Vasco, es una competencia del Ministerio del Interior, Desde que estalló la pandemia de coronavirus, el ministro Fernando Grande-Marlaska no ha mantenido una sola reunión con los representantes de los médicos de prisiones, como afirma a Vozpópuli Pedro Martínez, responsable de CESM Prisiones.
Es más, el ministro no ha mantenido ni una reunión con el colectivo en todo su mandato. En toda la legislatura, pandemia mediante, el Ministerio del Interior solo ha tenido dos encuentros con los sanitarios de las cárceles.
En ninguno estuvo presente el ministro, que delegó en el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz. En la primera de ellas, Ortiz se mostró comprensivo con el problema de personal afirmando que "la sanidad penitenciaria era el principal problema a solucionar en la institución" y asegurando que "pondría toda su voluntad e incluso empeñó su cargo en solucionarlo". Pero únicamente "fue otra falsa promesa", según el dirigente del sindicato médico de prisiones.
Radiografías por correo ordinario
Buena prueba del abandono de la sanidad penitenciaria es que los problemas informáticos hacen que las pruebas diagnósticas, como las radiografías, tengan que enviarse por correo ordinario, como denuncia este sindicato.
"Nos encontramos en un auténtico aislamiento informático. Dependemos de los hospitales de referencia para hacer las pruebas diagnósticas y no tenemos contacto informático con ellos. Si hacemos una analítica a un recluso tenemos que esperar a que nos llegue en papel", denuncia Martínez.
Si hacemos una analítica a un recluso tenemos que esperar a que nos llegue en papel
Este médico también alega que no cuentan con medios para hacer "la extracción para la prueba PCR. Cada vez que hay un sospechoso de covid, tenemos que llevarlo al hospital a que le hagan la prueba. No contamos ni con el kit básico para hacerlas" en las prisiones.
Riesgo de quedarse sin médicos
Año a año, las prisiones españolas siguen perdiendo más médicos de los que reponen. La principal culpa de esto son las condiciones laborales, muy poco atractivas. "Las oposiciones anualmente se quedan desiertas. Sacan 40 plazas, se cubren siete y se quedan cuatro finalmente".
Por ello, denuncian, Marlaska ha tomado una medida 'parche': sacar plazas de interinos, donde se les exige menos titulación, no hace falta haber hecho el MIR y con opción a elegir destino. "Cuando haces la oposición te exigen ser médico de familia o internista. Las condiciones para presentarse a cargos de interino tienen más ventajas y es una forma de minusvalorar el trabajo que se realiza en sanidad penitenciaria", argumenta Martínez.
CESM considera que de esta forma, Interior evita tener que mejorar las condiciones de los médicos de prisiones para que entren, en su lugar, sanitarios más inexpertos. Ha habido dos convocatorias para puestos de interino, ambas recurridas por el sindicato.
La primera se ha retrasado porque el Ministerio del Interior respondió a la reclamación administrativa a la dirección equivocada. "Este error obliga a volver a comenzar el proceso. Creemos que no ha sido un error casual", denuncian en CESM.
El segundo recurso sí que ha seguido los cauces adecuados y en estos momentos un juzgado de lo contencioso-administrativo lo estará valorando. En España son 250 los médicos que deben velar por la salud de 45.000 reclusos.
Esta ratio es, además, voluble ya que no tiene en cuenta los presos que entran y salen. "En Algeciras hay 1.200 ingresos al año, pero su población no pasa de mil según el registro porque es la que está fija".
Transferir las competencias
La petición histórica de estos profesionales es que sus condiciones laborales sean mejoradas y, a continuación, se transfieran las competencias a las comunidades autónomas. "Solo somos 250 profesionales, no puede ser tan difícil dotar económicamente a la sanidad penitenciaria española. En algunas comunidades autónomas, como Cantabria, sería especialmente fácil, ya que solo hay una prisión y una provincia".
Las condiciones de estos trabajadores hacen que muchos vayan a la Policía Nacional cada vez que hay concursos para médicos.
