La nueva investigación que lleva a cabo el Juzgado número 6 de Las Palmas de Gran Canaria contra el empresario Miguel Ángel Ramírez se debe a un supuesto fraude cometido contra la Seguridad Social por un importe de 1,3 millones de euros entre los años 2012 y 2013.
Según han informado fuentes cercanas al caso, se trata de las cotizaciones que Seguridad Integral Canaria dejó de abonar por los salarios que pagó a su plantilla por debajo del convenio colectivo del sector en esos dos años, más de 1 millón de euros en 2012 y por encima de 300.000 euros en 2013.
El empresario, presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las palmas, fue detenido y puesto a disposición judicial este miércoles a su llegada a Gran Canaria procedente de Miami (EEUU), por no haberse presentado el pasado día 19 a una citación del juez. Ramírez compareció finalmente ante el instructor, se acogió a su derecho a no declarar y fue puesto en libertad con cargos.
El magistrado Luis Galván le ha vuelto a citar para declarar el 9 de mayo, al igual que al administrador de Seguridad Integral Canaria, Héctor de Armas, sobre estos hechos, que se inician a raíz de una querella presentada por la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos.
Ramírez pidió disculpas al magistrado y le explicó que su incomparecencia a la citación del día 19 se debió a un "malententido".
"No tenía justificación"
Consultada, la fiscal Ríos ha defendido que Ramírez "no tenía justificación" para no acudir ante el juez cuando fue llamado y que el auto de busca y captura dictado tras su incomparecencia daba "argumentos sobradamente claros y explícitos" que ella comparte "completamente".
La fiscal ha rechazado las alegaciones de la defensa por no haberse presentado ante el juez.
En cuanto a la petición formulada por la defensa de Ramírez para que se traslade la causa al Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Ríos también ha dicho que se opone.
El juez Galván ha denegado ya esa petición y un recurso de reforma, por lo que ahora es objeto de recurso de apelación ante la Audiencia de Las Palmas.
Ríos ha defendido que el juzgado que instruye esta causa es competente y ha considerado que son conceptos diferentes a los que se investigan desde 2014 por el Juzgado de Instrucción número 8 contra Ramírez por delitos de fraude contra la Seguridad Social y Hacienda.
Además ha sostenido que la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su última reforma delimita bastante la extensión de los procedimientos para evitar que se alarguen en el tiempo en forma de "macrocausas".
