El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cifraba esta mañana en un millar las condenas anuales que dictan los tribunales por delitos de fraude, tanto fiscal como a la Seguridad Social, y aseguraba que actualmente hay 600.000 millones de euros de deuda pendiente de cobro. Sin duda, se ha tratado de un lapsus por parte del ministro.
Dicha cifra representaría un 75% de toda la deuda pública emitida por el Estado español -que alcanza los 804.000 millones de euros- por lo que si se cobrara todo este fraude, la Hacienda española quedaría en una situación de endeudamiento envidiable. Sin embargo, la jefa de prensa de Gallardón ha tenido que desmentir aceleradamente esta cifra, que ascendería en realidad a 6.000 millones de euros.
Durante su defensa del proyecto de ley de modificación del Código Penal ante el Pleno del Congreso, Gallardón ha indicado que siete de cada diez denuncias acaban en condena, lo que arroja un total de unas mil condenas cada año. Este retraso en los cobros causa "un gran perjuicio a las cuentas públicas".
Las leyes son "insuficientes"
Ante esta realidad de que las leyes son "insuficientes" para "afrontar el desafío de la delincuencia fiscal", los ministerios de Justicia, Empleo y Hacienda han desarrollado este proyecto de ley, que "trata de dar una doble respuesta que actúe tanto en el cobro como en el reproche penal" a los defraudadores.
"Pocas normas tienen tanta importancia y repercusión en la vida ciudadana como ésta. Es la respuesta, largamente demorada, a una necesidad estructural de defensa de lo público desde el punto de vista del ciudadano honrado que, con su esfuerzo, contribuye con el mantenimiento de unos servicios", ha defendido el ministro, recordando que de depende la "credibilidad" y la "competitividad" del país.
