El Gobierno y ERC negocian, para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez, una reforma del modelo de financiación autonómica "a la carta" que otorgue mejores recursos a los servicios públicos de Cataluña, según fuentes republicanas. El Ejecutivo, no obstante, niega que se esté abordando con los secesionistas el cambio en el régimen común. Según ha sabido este diario, ese punto es uno "de los que más está costando". El debate sobre la amnistía ha opacado por completo una de las grandes reivindicaciones del presidente catalán, Pere Aragonès. Fue él mismo quien lo puso encima de la mesa el pasado mes de julio.
Esta semana se celebró en el Parlamento de Cataluña el debate sobre política general. Y todos los focos se pusieron en el pacto entre ERC y Junts para no investir a un presidente español que no inicie el proceso que culmine con una consulta de autodeterminación. De la financiación no se escuchó apenas nada. Salvo una pequeña referencia de Aragonès cuando abordó los restos del sistema sanitario: "Cataluña está mal financiada. Lo he denunciado toda la vida. Pero donde el problema estructural de financiaciones se agrava hasta el punto de poner en riesgo el sistema es en el ámbito de salud". Pronto salió en su auxilio el líder del PSC, Salvador Illa. Los socialistas catalanes presentaron una resolución que abría el camino de un cambio del modelo de financiación.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, situó hace poco menos de un mes la reforma de marras como "una de las grandes prioridades" de Sánchez si el PSOE sigue en Moncloa con ella o sin ella como ministra. Pero volvió a pedir a las comunidades autónomas que abandonen sus "posiciones de máximos" en aras de alcanzar un acuerdo en el que "todo el mundo gane".
Una reforma pendiente desde 2014
En público, el Gobierno sostiene que las reclamaciones de los partidos independentistas no afectarán al reparto de dinero al resto de comunidades: "[El PSOE] siempre ha sido garante de la igualdad entre todos los españoles y de oportunidades de todos los territorios". Pero no parece que vaya a ser así, según se desprende de las fuentes de ERC consultadas. El problema de financiación territorial es un asunto que el Gobierno de coalición ya trató de abordar durante la pasada legislatura y que está pendiente de actualización desde 2014.
Sánchez, no obstante, tiene un problema. El resultado de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo complican mucho la negociación para una reforma de la financiación autonómica, ya que el PP gobierna con o sin Vox en 12 de las 17 autonomías del país. Por eso, Montero aboga por un acuerdo que cuente con el apoyo de los populares en caso de que Sánchez, finalmente, logre ser investido presidente del Gobierno. Y no parece sencillo que Alberto Núñez Feijóo esté dispuesto a concederle a su adversario un balón de oxígeno tan potente.
Pese a esa complejidad, lo cierto es que el PP también reclama cambios. Pero avisan al Gobierno: ni una sola 'niña bonita' en referencia a Cataluña, que podría incrementar los recursos anuales en cerca de 5.000 millones si se satisfacen sus exigencias para reformar el modelo. Precisamente, el presidente gallego, Alfonso Rueda, destacó este fin de semana en el Foro de La Toja la importancia de contar con una financiación autonómica que respete el principio de igualdad entre todas las comunidades autónomas y, por lo tanto, entre todos los ciudadanos, vivan donde vivan, así como de que se lleve a cabo una cogobernanza real en los fondos europeos que permita un mayor aprovechamiento de los recursos. Junto a Rueda, asintieron también los presidentes de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, y del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la Mesa autonómica: 40 años de autonomías. Retos y oportunidades.
Los guiños de Moncloa a la Generalitat
Mientras, como contó este diario, se suceden los guiños de Moncloa a la Generalitat. Y es que el Gobierno ha inyectado a Cataluña más de 68.000 millones en condiciones ventajosas desde que Sánchez es presidente. La Generalitat ha sido, de lejos, la comunidad autónoma que más se ha beneficiado de los mecanismos especiales de financiación, implantados en 2012 para palear la sequía en los mercados de deuda. Casualidad o no, lo cierto es que Cataluña ha exprimido esos préstamos estatales antes de dar un paso drástico: exigir al Estado la condonación de la deuda.
Desde 2018 a 2023, Cataluña ha obtenido 68.086 millones de euros por dos vías: el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y la Facilidad Financiera. Esta suma equivale al 35% de todo el dinero dispuesto por el Ministerio de Hacienda para financiar, en condiciones especiales, a las comunidades autónomas con problemas para financiarse directamente en los mercados. Es decir, desde que Sánchez llegó al poder, tras desbancar a Mariano Rajoy, más de un tercio de los fondos repartidos han tenido como destino Cataluña.
La mayoría de la financiación ha llegado al Govern a través del FLA. En concreto, 48.120 millones desde 2018, contando la partida prevista para el presente año. Esos cerca de 50.000 millones, sin embargo, son sólo una parte del dinero que Carles Puigdemont y Pere Aragonès pretenden dejar de pagar, a cambio de facilitar la investidura de Sánchez.
Ibero
Si los que dicen ser representantes izquierdosos de los ciudadanos del RESTO de España (Mancha - Extremadura - Andalucía - Aragón - Valenciana - Murciana - Galicia...etc)... TRAGAN con toda esta desigualdad económica y NO dicen NADA....NO son dignos de representar a NADIE Están para y por las palmas complacientes al gurú de turno y trincar el PESEBRE ...el resto les importa una higa.
Burckhardt7
Pero si no hay de donde sacar mas, bastante tienen con que la deuda catalana no se degrade mas en los ratings.
Pepepelotas
68.000 millones? y los senadores de Guadalajara, Cuenca, Teruel, Soria, Extremadura y resto de Cy la Mancha votan que en el Senado a favor de todo esto. No admito una queda de ningún territorio de que no se invierte en su comunidad que se jdan y si no que piensen a quien votan. No es progresismo, es Supremacismo.