El Gobierno enviará a Bruselas su plan para recortar las pensiones en los próximos días a pesar del rechazo frontal de Podemos al borrador del Ministerio de José Luis Escrivá. Fuentes del Ejecutivo aseguran a Vozpópuli que el aumento del período de cómputo de 25 a 35 años que propone Escrivá no cuenta con el beneplácito del socio minoritario de la coalición, ni tampoco del bloque de la investidura. Pedro Sánchez necesitará apoyarse en la oposición del centro derecha si pretende cumplir con esta promesa de contención del gasto que quiere hacer a la Unión Europea.
La marejada interna en el Gobierno no cesa, tal y como se ha visto este martes tras el Consejo de Ministros. Ningún ministro morado ha comparecido en rueda de prensa para valorar el decreto antidesahucios. Sin embargo, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha subido un vídeo a las redes sociales en el que atribuye la aprobación de esta medida a su "cabezonería". Iglesias ha colgado el mensaje mientras el ministro de Vivienda, José Luis Ábalos, daba cuenta públicamente del contenido del decreto.
A la tensa negociación de los desahucios y suministros se suma ahora la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y la reforma del sistema de pensiones. El entorno de Sánchez en La Moncloa ha ido filtrando en los últimos días que el presidente está cansado de ceder ante Iglesias en un intento por calmar a algunos ministros del área económica como Nadia Calviño, María Jesús Montero o el propio Escrivá, cada vez más enfrentados a Podemos.
El PSOE, sin el apoyo de Podemos
La reforma de las pensiones que Sánchez enviará a Europa es un primer intento por marcar distancias con Podemos. El contenido del borrador, publicado por El País hace unos días, contempla que la rebaja media de las pensiones será de un 5,45% una vez se aplique la ampliación de diez años en el cómputo. El recorte, eso sí, no será homogéneo.
El documento ha caído como una bomba en el seno de Podemos. En opinión de Iglesias, la rebaja va en contra del acuerdo de coalición suscrito por el PSOE y la formación morada. Y se acusa a Escrivá de defender una cosa en el Pacto de Toledo y la contraria en el seno del Gobierno. Podemos está molesto porque nadie les ha consultado la norma, que enmarcan en un intento de Sánchez por prometer contención de gasto a Bruselas a las puertas de recibir el primer adelanto de los fondos de recuperación de la UE.
Según ha sabido este diario, Podemos se plantearía incluso votar en contra de esta eventual medida si finalmente llega al Congreso. El rechazo del partido de Iglesias supondría una fractura sin precedentes en la coalición. Sánchez tampoco podría contar con el respaldo del bloque de la investidura para estas medidas y tendría que fiarlo todo a la oposición del centro derecha, que probablemente se desmarque de la reforma con tal de ahondar en el castigo parlamentario al Ejecutivo.
La división entre PSOE y Podemos ha quedado patente en las intervenciones de Montero y la vicepresidenta Carmen Calvo, dos de los representantes del Consejo de Ministros que chocan habitualmente con Podemos. Las dos han dejado claro que sacar rédito político de una iniciativa es, para ellas, un elemento secundario.
"Estamos trabajando más allá de que alguien se haga padre o madre de alguna medida”, ha dicho Montero. El trabajo de un Gobierno es coral. En muy pocas ocasiones hay solistas. Los reales decretos que hemos aprobado tienen tres o cuatro ministerios proponentes”, ha añadido Calvo.
Sánchez presiona a Yolanda Díaz
La batalla por las pensiones se une a la que libran los socios de coalición por la subida del SMI. Sánchez ha utilizado a sus ministros económicos para deslizar la idea de que no habrá subida a final de año. Pero presiona para que sea la ministra de Empleo (del área morada), Yolanda Díaz, la que asuma públicamente la congelación tanto en el seno del diálogo social con empresarios y sindicatos como ante los medios de comunicación.
Ni Díaz, ni Iglesias, ni ningún ministro morado hará suyo este mensaje en público. De hecho, según estas fuentes, Podemos seguirá dando la batalla por la subida del SMI, si no a finales de 2020, sí a principios de 2021. En su opinión, se trata de cumplir el acuerdo de coalición. Y sostienen que el aumento previsto es asumible porque se trata de apenas nueve euros.
Montero ha vuelto a desmarcarse de esta subida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz del Ejecutivo ha recordado que el SMI ha subido un 30% desde que Sánchez llegó a La Moncloa en junio del 2018.
"Tenemos que actuar con inteligencia política y acompañar el momento económico tan grave que vivimos, sobre todo en determinados sectores (...) Tenemos que actuar con prudencia en el marco del diálogo social", ha dicho la titular de Hacienda.
