La esencia organizativa de Podemos, el partido de Pablo Iglesias, son sus círculos o asambleas ciudadanas. Se tratan de agrupaciones de simpatizantes (sectoriales y territoriales) en las que no se pide carné, sólo el nombre y un correo electrónico. Se organizan en las redes sociales y en muchos casos (hay más de 400 círculos en toda España) no cuentan con sede fija, bajo techo. Las reuniones en la calle están a la orden del día en el funcionamiento interno de las bases de Podemos.
Desde que empezaran a conformarse los primeros círculos a escasos meses de las últimas elecciones europeas no ha habido sonados enfrentamientos entre estas manifestaciones callejeras y las fuerzas de seguridad. Sin embargo, un suceso controvertido acaecido en Alicante ha puesto en alerta a los círculos de Podemos, que temen una mayor vigilancia por parte del Ministerio del Interior.
A través de las redes sociales, principalmente para consumo propio, los círculos difunden estos días el episodio que ha tenido lugar en el municipio alicantino de San Vicente del Raspeig. La Guardia Civil ha iniciado un procedimiento sancionador contra simpatizantes de Podemos de esta localidad por reunirse en un espacio público, el Parque Juan XIII, habiendo sido "denegada" dicha concentración por la Subdelegación de Gobierno de Alicante. En el acta de la denuncia, los agentes del Instituto Armado especifican que tenían constancia de "la solicitud para celebrarse" dicha reunión, tramitada por un representante de Podemos, pero explican que intervinieron al haber resultado "denegada".
Los agentes comprobaron la "fecha y hora reservada" por el convocante de Podemos y redactaron en el atestado lo siguiente: se reunieron "en asamblea 25 personas en el Parque Juan XXIII de esta localidad, tratando temas sobre la organización interna del partido en esta localidad, no portando pancartas y desarrollándose la misma de forma pacífica y sin incidente alguno".
Los afectados apelan al "hecho de ser ciudadanos de a pie que han decidido cuestionar, desde la calle, las leyes injustas que nos han llevado hasta la presente situación"
Desde este círculo de Podemos creen desproporcionada la apertura de un expediente sancionador en estos términos, cuando el único problema fue no haber presentado la solicitud a tiempo. Si bien la comunicación para celebrar la reunión terminó llegando a la Subdelegación del Gobierno, la misma fue declarada "no notificada" por esta autoridad, ya que la documentación no entró en registro con 10 días de antelación, mínimo que prevé la legislación (para casos de urgencia, puede ser 24 horas antes). En ningún caso, explican desde Podemos-San Vicente, su solicitud fue "denegada" como afirma el documento sancionador tramitado por la Dirección General de la Guardia Civil. Entre otras razones, porque este concepto no aparece contemplado en la ley.
Así, los afectados argumentan que las reuniones y manifestaciones, de acuerdo con la Constitución y la ley Orgánica 1/1983 de 15 de julio no están sujetas al "régimen de previa autorización", aunque si son celebradas en lugares de tránsito público (como era del Paseo Juan XXIII) deben ser comunicas por escrito a la autoridad correspondiente, la Subdelegación de Gobierno en este caso, con una antelación de 10 días naturales como mínimo (el máximo son 30 días).
Aviso con carácter "informativo"
Esta comunicación --prosiguen-- se entiende "meramente informativa", de forma que "las fuerzas del orden esté preparadas para cualquier incidencia que la reunión pueda ocasionar". Y añade: para que los poderes públicos puedan influir en el derecho de reunión (restringiéndolo, modificando las circunstancias o prohibiéndolo) deben existir razones fundadas (alteración del orden público, perturbación desproporcionada de bienes...), circunstancian que tampoco se dieron en la reunión de Podemos-San Vicente.
Lo ocurrido en esta localidad alicantina inquieta a los círculos de Podemos, puesto que podría repetirse en otros lugares del país ya sea por no comunicar la reunión en plazo o simplemente por no hacerlo. La actual legislación obliga a ello cuando hay concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas en un espacio público, con una finalidad determinada. Expedientes por hechos similares han terminado en multas de 300 euros para los convocantes.
Podemos-San Vicente señala que su círculo, como la mayoría, está compuesto fundamentalmente por "personas sin experiencia previa en ningún partido político, pero con inagotables ganas de trabajar para aproximar y facilitar a todos la gestión de lo que nos es común". Tal empuje, agregan, puede "llevarnos a tropezar con la burocracia, en ocasiones, tremendamente encorsetada". De este modo, apelan al "hecho de ser ciudadanos de a pie que han decidido cuestionar, desde la calle, las leyes injustas y los privilegios sin sentido que nos han llevado hasta la presente situación".
