José Luis Ábalos vuelve a la carga en el Congreso contra la auditoría impulsada por Óscar Puente en la que se apunta al trato de favor del exministro de Transportes al comisionista Víctor de Aldama en los contratos formalizados por este departamento para la adquisición de material sanitario durante la pandemia. El diputado del grupo mixto ha presentado en la Cámara Baja una segunda batería de preguntas ampliada sobre la que ya registró el pasado 22 de septiembre y que el 7 de noviembre pasado recibió una respuesta del Gobierno que en absoluto satisfizo al interesado.
Tanto es así que, según Ábalos, esa contestación "no cumple con el precepto de transparencia y objetividad que se le exige a una administración pública, sino que da una interpretación subjetiva, rebuscada, de enredo y de consolidación de esa 'narrativa del villano'" que el diputado advierte igualmente "en el propio informe de auditoría para que las piezas encajen" con el objetivo de justificar su "validez" y servir de paso de treta al Gobierno para "no cumplir con la obligación de responder a ninguna de las 23 preguntas planteadas" entonces.
En este sentido, Ábalos alude en esta segunda acometida contra Puente a las respuestas ofrecidas por el Gobierno que, asegura, nada tienen que ver con las cuestiones que expuso en el escrito inicial de septiembre. En esta primera formulación, el exdirigente socialista situaba el foco sobre las adquisiciones de material sanitario de su sucesora en el cargo, Raquel Sánchez, apuntaba a la responsabilidad de personal de vigilancia en Transportes adscrito al Ministerio del Interior y exigía saber el coste de un informe que, encargado por el ministro Puente, ha supuesto para el exsecretario de Organización una inflexión en su proceso de divorcio con el PSOE.
Ahora, se interesa también por el criterio de selección de los entrevistados cuyo testimonio fue incluido en el informe para calificarlo de "parcial" y cuestiona que no haya contado con la "totalidad de los impllcados en la conformación de los expedientes" ni de los máximos responsables ministeriales durante el periodo de pandemia, él a la cabeza.
"Responsabilidades administrativas"
Ábalos también requiere explicaciones sobre el alcance de "las responsabilidades administrativas" que Puente "va a exgir" a los encargados de "la recepción de las mascarillas" que, añade, "debieran haber ejercido un correcto control de la ejecución de los contratos como ahora vienen a denunciar ellos mismos" en una auditoría ya incorporada a la instrucción judicial del caso Koldo.
Y muestra su extrañeza por el momento en que se elaboró el informe para preguntar "cómo es posible que en estos cuatro años no se hayan detectado las 'irregularidades'" que se señalan ahora en la auditoría, "ni hayan supervisado el debido cumplimiento de la ejecución de los contratos, ni garantizado la cadena de custodia de las mascarillas".
Asimismo, Ábalos vuelve preguntar por las razones de que "no se indague el incumplimiento" del Oficial Mayor del Ministerio y del área de seguridad del departamento (con personal de Interior) en torno a las idas y venidas de Aldama por las dependencias de Transportes, "irregularidades", agrega, de "las que no se ha informado hasta cuatro años después a los órganos superiores" y de las que, sin embargo, sí se da cuenta "en dicho informe de auditoría". En este aspecto, el diputado del grupo mixto inquiere por el caso concreto del subteniente de la Guardia Civil imputado en la causa y pregunta por qué la auditoría "no indaga en las 'visitas no registradas' de empresarios que introducía en el Ministerio", circunstancia que fue denunciada por el equipo de seguridad propio de Transportes, no dependiente del departamenrto de Interior.
Respuestas a lo que no preguntó
En lugar de contestar a estas peticiones, Ábalos reprocha al Gobierno que, en su primera comunicación, haya tirado de una relación de recurrentes enunciados normativos para responder a cuestiones por las que, además, no preguntó: "No se ha preguntado por la 'regulación de las inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales", ni "por la Orden que mandató al órgano ministerial que debía llevar a cabo la auditoría", ni "por el Real Decreto que desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible", indica Ábalos entre otras objeciones ante lo que considera una respuesta con la que el Ejecutivo trata de salirse de la tangente para no entrar en el fondo de lo que le demanda.
En este segundo escrito presentado este pasado lunes las preguntas que ha trasladado al Gobierno han sido ampliadas hasta las 26. Ábalos justifica su insistencia en que las "graves irregularidades" que, en su opinión, rodean la auditoría de Puente "han quedado confirmadas tanto con las declaraciones en sede judicial y parlamentaria, como por la tergiversación denunciada de las declaraciones, la vulneración de derechos de los entrevistados, las omisiones de información interesadas y unas conclusiones sesgadas con la única finalidad de cuestionar el proceso de compra que ya estaba validado por el Tribunal de Cuentas y la Intervención del Estado".
