Todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han firmado un comunicado conjunto, previo a la Conferencia Sectorial de Vivienda que se celebra este jueves, para expresar su "rotundo rechazo ante el intento del Gobierno de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda".
Las autonomías gobernadas por los 'populares' (Madrid, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Castilla y León y las ciudades de Ceuta y Melilla) se reafirman en su negativa a declarar zonas tensionadas en sus territorios, rechazando así intervenir los precios de los alquileres al considerar que este tipo de medidas tienen el efecto contrario: elevan los precios y recortan la oferta de vivienda. En este sentido, defienden que ésta es una decisión potestativa, y por tanto legal, de las comunidades autónomas.
Asimismo, las comunidades del PP recuerdan al Gobierno que el Estado tiene la obligación de repartir de forma equitativa los recursos públicos, fomentando la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. "No hacerlo así supondría un quebrantamiento del ordenamiento jurídico y legal y de las buenas prácticas de la gestión de los fondos estatales y comunitarios", avisan. Por ello, rechazan "el procedimiento anunciado" por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de vetar de los fondos estatales a aquellas comunidades que no cumplan con la Ley de Vivienda, pues ello conllevará, denuncian, "un reparto desigual de los fondos procedentes de los impuestos de todos los españoles, condicionándolos a un posicionamiento político, de una ideología concreta". Y subrayan: "No toleramos la amenaza y el chantaje de la ministra de retirar los fondos a las comunidades autonómicas por no aplicar voluntariamente una medida contemplada en su Ley por el derecho a la Vivienda, que se ha demostrado perjudicial para los ciudadanos".
Las comunidades gobernadas por los 'populares' piden al Gobierno que dialogue con los representantes públicos para alcanzar acuerdos que permitan solucionar un problema "que ya es acuciante para una mayoría de la población española, abandonando la unilateralidad que presiden sus políticas en general, y la de vivienda en particular". Aseguran: "Proponemos que la acción política de todos los representantes públicos en esta materia esté guiada por el diálogo, el planteamiento técnico riguroso y la evaluación de las políticas públicas. Las acciones de confrontación, los planteamientos extremistas y la imposición ideológica deben ser eliminados del legítimo debate político en una materia tan delicada para los ciudadanos como es el acceso a una vivienda". En su opinión, la vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas de los ciudadanos "como consecuencia de la nefasta política del Gobierno".
"En estos seis años de Pedro Sánchez como presidente, la vivienda ha pasado de ser el decimosexto problema que más preocupa a los españoles a convertirse en el segundo. Con el Gobierno de Sánchez, los alquileres se han vuelto prohibitivos. Ya son para muchos ciudadanos un bien de lujo en lugar de ser uno de primera necesidad", denuncian en el comunicado. En este sentido, alertan de que entre junio de 2018 y abril de 2024, el precio de los alquileres se ha incrementado un 32% y, desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, en mayo de 2023, el aumento ha sido de casi un 13%.
Las comunidades 'populares' denuncian además el grave problema que existe con la okupación, que cifran en 78.800 viviendas en el conjunto de España, "cifra equiparable a ciudades como Toledo o Guadalajara".
"En la campaña electoral de 2023, Sánchez anunció la construcción de 183.000 viviendas, que nadie sabe todavía dónde están. En materia de vivienda, ha conseguido estrangular el mercado. La carencia absoluta de medidas para combatir la situación inmobiliaria es su único legado", afirman las regiones 'populares'.
