El Parlamento Europeo ejerce como cámara de resonancia de los movimientos que protagonizan sus miembros en sus respectivas circunscripciones de origen, sobre los que se toma cumplida nota. Tras los escándalos como el que tuvo como protagonista en diciembre de 2022 a la entonces vicepresidenta de la institución, la griega Eva Kaili, por presuntamente aceptar sobornos de Qatar, el Europarlamento ha redoblado la exigencia de ejemplaridad de sus diputados con el objetivo de elevar su calidad reputacional, seriamente menoscabada tras la eclosión de un asunto por el que la socialista Kaili, hoy arrumbada en el grupo de los no inscritos, fue arrestada junto a otras cuatro personas también relacionadas con la cámara legislativa en un episodio que la Justicia belga abordó como un caso de blanqueo de capitales y organización criminal.
La reciente decisión de la Fiscalía de investigar por presunta financiación ilegal a Alvise Pérez tras la denuncia de un empresario de criptomonedas que entregó 100.000 euros al eurodiputado durante la campaña de las europeas y que a su vez, de acuerdo con el aval de la Audiencia Nacional, puede acabar procesado tras la denuncia de cientos de inversores por una presunta estafa piramidal, ha disparado las alarmas en un Parlamento que estrena legislatura con varias 'patatas calientes' que gestionar en una agenda que incluye el nombre del controvertido fundador de Se acabó la Fiesta (SALF) en su lista de cuestiones a resolver.
El escollo de la guerra en Ucrania
En este sentido, según fuentes de la Eurocámara, Alvise Pérez trata de ser admitido en el Grupo La Europa de las Naciones Soberanas para garantizarse una cierta red que pueda reforzar el blindaje de la inmunidad parlamentaria que ya le asiste por su condición de eurodiputado. Con anterioridad, buscó acomodo en el Grupo de los Conservadores y Reformistas, que acabó desestimando la incorporación de SALF. 'Los Soberanistas' están tutelados por el partido ultra Alternativa para Alemania (AfD), que lo presentaron hace unos meses tras su expulsión del Grupo Identidad y Democracia, que lideran Marine Le Pen y Matteo Salvini. Los ocho partidos que componen el grupo impulsado por la formación radical alemana tienen en común sus indisimuladas simpatías prorrusas. Es por tanto improbable que la admisión de SALF acabe produciéndose, entre otras razones por el cambio de la agrupación respecto al curso de la guerra en Ucrania, sobre la que ha pasado de respaldar al Kremlin a sumarse a una iniciativa parlamentaria en la que se demanda a los estados miembros de la UE el levantamiento de todas las restricciones al empleo en territorio de Rusia de las armas que se suministran al Ejército de Volodímir Zelenski.
La consecuencia inmediata de un previsible portazo de 'Los Soberanistas' daría con Alvise en lo que en la jerga europarlamentaria se designa como la 'parada de los monstruos': el grupo de los no inscritos, entre los que se cuentan eurodiputados procesados, como la propia Kaili, y, hasta el pasado 10 de junio, un prófugo de la Justicia como el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont.
El reproche a Sánchez y la Euratom 218/994
La pertenencia a un grupo parlamentario europeo otorga una serie de privilegios adicionales a los ligados a la obtención del escaño, entre ellos la posibilidad de recibir asignaciones económicas destinadas a iniciativas específicas que deben ser avaladas por la totalidad de los asociados y hasta la contratación de proveedores siempre que se obtenga la consiguiente autorización.
Por su lado, la bancada de los no inscritos es conceptuada cada vez más en fuentes del Parlamento Europeo como "un problema para la imagen de la Cámara".
Respecto a esta percepción, es recurrente el lamento de muchos eurodiputados por la razón de que los compromisos de Pedro Sánchez con sus socios de investidura hayan hecho de España el único país de la Unión que no ha dado cumplimiento a la llamada Euratom (Decisión) 2018/994 del Consejo Europeo por la que la que se instaba a los estados miembros a establecer una barrera electoral mínima (entre el 2% y el 5%) para lograr escaño en el Parlamento de la UE. Fijar ese umbral mínimo de representación requeriría una modificación de la ley electoral que las múltiples cesiones del Ejecutivo de coalición a cambio del respaldo de partidos como Junts o Bildu hacen inviable acometer.
De regir este listón mínimo en la circunscripción española, Alvise Pérez, Diego Soler y Nora Junco, los tres eurodiputados de SALF, no estarían hoy en la Cámaras de Bruselas y Estrasburgo.
