Juan Carlos I tendrá que vivir a partir de ahora de sus propios ahorros, tras perder la asignación anual de los Presupuestos de la Casa del Rey por la polémica de las fundaciones Zagatka y Lucum de las que era beneficiario, ya que no tiene derecho a una pensión pública por sus años de servicio al país al no haber cotizado nunca a la Seguridad Social.
Ello se debe a que los miembros de la Familia Real son un caso especial: no son considerados como trabajadores por cuenta propia o ajena, ni tampoco como autónomos, sino que perciben su asignación en 12 pagas mensuales que solo están sujetas al IRPF.
Don Juan Carlos abandonó la actividad pública en junio del año pasado, justo tres meses después de que el bufete londinense de Corinna zu Sayn-Wittgenstein enviase una carta a Felipe VI informándole de la existencia de Zagatka, de cuyos fondos sería beneficiario tras el fallecimiento de su padre.
Pese a su jubilación, Felipe VI mantuvo al Rey emérito el sueldo público de casi 200.000 euros brutos anuales a lo largo de 2019 con el argumento de que los prorrogados Presupuestos Generales del Estado (PGE) de ese año ya estaban en fase de ejecución.
La Zarzuela también informó a Vozpópuli el pasado mes de enero que la partida económica asignada a Juan Carlos I no cambiaría a lo largo de 2020 mientras no hubiese nuevas cuentas públicas y ello, a pesar de que el anterior jefe del Estado había puesto fin "a toda actividad institucional u oficial, retirándose completamente de la vida pública", como el propio Don Juan Carlos reconoció en el comunicado sin precedentes de este domingo.
El precedente de las infantas
De modo que Felipe VI mantuvo a su padre la misma asignación anual del Estado pese a conocer la existencia de una fundación opaca suiza -Zagatka- que salpicaba a su padre. Además, había precedentes no tan benévolos en el seno de la Familia Real como el de sus hermanas hermanas, las infantas Elena y Cristina, quienes se quedaron sin sueldo de la Casa Real cuando dejaron de representar al Rey en actos oficiales.
Con el Rey emérito, sin embargo, había un importante matiz y es que él sigue formando parte de la Familia Real, mantiene la consideración de Rey y Capitán General de las Fuerzas Armadas en la reserva, así como el estatus jurídico que ha tenido desde su abdicación hace más de cinco años, cuando quedó aforado ante el Tribunal Supremo como los parlamentarios y miembros del Gobierno.
Don Juan Carlos ha tenido desde 2018 una asignación de 194.232 euros brutos anuales, a los que hay deducir el citado IRPF: el tipo es del 45% en la actualidad para su tramo, el más alto. Dicha cantidad la percibía en 12 mensualidades, a razón de de 16.186 euros brutos al mes, y suponía el 80% de los emolumentos de Felipe VI (242.769 euros brutos).
Antes de que saltase la última crisis en la Casa Real, que ha llevado a Felipe VI a renunciar a la futura herencia que le pueda dejar su padre, se habló de dejar a don Juan Carlos una asignación vitalicia, aunque de menor cuantía que la actual, a semejanza del estatus que tienen los expresidentes del Gobierno cuando dejan La Moncloa. Pero esta posibilidad ha saltado ahora por los aires.
Sin tarjeta sanitaria
El hecho de que los miembros de la Familia Real no coticen a la Seguridad Social tiene otra particularidad: los Reyes, sus hijas y los Reyes eméritos no están cubiertos por la sanidad pública al no contar con tarjeta sanitaria.
El sistema actual les cubre la atención universal gratuita como a cualquier ciudadano que entre en Urgencias, pero no los ingresos hospitalarios ni las operaciones quirúrgicas por las que algunos miembros de la Familia Real han tenido que pasar a lo largo de su vida.
