Vox pretende convocar manifestaciones en coche contra la gestión de la crisis sanitaria por la covid-19 por parte del Gobierno. Así lo anunció Santiago Abascal este miércoles durante el debate sobre la nueva prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados. La idea es que los manifestantes puedan ir en automóvil para respetar "todas las medidas de seguridad pertinentes" ante la pandemia.
El líder de Vox aseguró desde la tribuna de oradores que su formación notificará este jueves a todas las delegaciones del Gobierno las correspondientes convocatorias de manifestación "absolutamente seguras y legales" en estado de alarma. Sin embargo, existe un criterio jurídico reciente que podría servir de precedente para tumbar sus intenciones.
La Sala Primera del Tribunal Constitucional ya se pronunció en relación a las manifestaciones del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, sobre la limitación de derechos fundamentales como el de reunión y el de manifestación en un contexto de emergencia sanitaria.
Lo hizo en un auto de 29 páginas fechado el 30 de abril para para justificar la inadmisión a trámite del recurso de amparo presentado por el sindicato gallego Central Unitaria de Traballadores (CUT), que había convocado una marcha en coches por las calles de Vigo con motivo del 1 de Mayo. Los magistrados vieron "falta de las garantías de seguridad en una situación de máximo contagio"
Caravana de coches con una persona
La CUT -al igual que ha hecho ahora Abascal- había planteado la movilización como caravana de coches con una persona en cada uno y con equipos anticontagio. Pero la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra acabó prohibiéndola. Fue entonces cuando el sindicato recurrió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que terminó ratificando la negativa del órgano dependiente del Gobierno.
El asunto llegó al Constitucional y los magistrados respaldaron la sentencia inicial del Tribunal Superior gallego que establecía la prioridad del "derecho a la vida" frente al derecho a reunión. "No se dan las circunstancias que permitan el ejercicio del derecho de reunión por la situación de pandemia", considera el Constitucional en el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.
El TC recuerda que el derecho de manifestación no es "ilimitado". En base al apartado 2 del artículo 21.1 de la Constitución, advierte que Siempre que una manifestación se puede prohibir -o bien proponer una modificación en fecha y lugar- cuando existan razones fundadas de que puedan producirse alteraciones de orden público, con peligro para las personas o los bienes.
El TC tacha de "ambigua" la resolución de la Subdelegación
Sin embargo, tacha la resolución de la Subdelegación de Gobierno de "arbitrariamente ambigua" porque "ni siquiera deja totalmente clara la prohibición" y respalda, eso sí, la "suficiente motivación" aportada por los jueces gallegos en su sentencia. "Cualquier defecto de la motivación administrativa habría quedado subsanado por la extensa motivación del órgano judicial", señalan los magistrados del TC.
Para frenar la manifestación, la Subdelegación se limitó a destacar que el decreto del estado de alarma "no contempla, entre las actividades excepcionadas de la limitación general para circular, los desplazamientos con el fin expuesto en su comunicación".
De acuerdo al Constitucional, la limitación del derecho de reunión no tiene que ver con el estado de alarma, sino con su colisión con el "derecho a la salud". "Es aquí donde la finalidad de la medida restrictiva del ejercicio del derecho confluye con la justificación de la declaración del Estado de alarma", determina.
"Las razones que sustentan ambas son idénticas y buscan limitar el impacto que en la salud de los seres humanos, en su integridad física y en su derecho a la vida pueda tener la propagación de la covid-19".
La relación entre el derecho a la vida y el de reunión exige una ponderación. Ante la falta de garantías de seguridad en una situación de máximo contagio, ha de primar el primer derecho"
"La relación entre el derecho a la vida y el de reunión exige una ponderación. Por la que, ante la falta de garantías de seguridad en una situación de máximo contagio, ha de primar el primer derecho", afirman los magistrados del alto tribunal. Además, apuntan que la celebración de la marcha habría provocado dificultades de circulación en Vigo, "con una posible repercusión en la asistencia sanitaria, al incidir sobre el tráfico y traslado de enfermos".
Cabe destacar que la decisión no fue unánime: hubo un empate a tres entre los miembros de la Sala y el presidente Juan José González Rivas resolvió a favor del no con su voto de calidad. Por otro lado, a diferencia de los magistrados gallegos que prohibieron la movilización, jueces aragoneses respaldaron otra similar. Por ello, el auto del TC podría marcar el camino de cara a próximas convocatorias ante las contradicciones.
El órdago de Abascal a Marlaska
Vox acusa al Gobierno de recortar libertades bajo "un estado de excepción encubierto". "¿Por qué ordenó usted el sábado que se detuviera a los vehículos que circularan con banderas de España?", preguntó Abascal al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
"Le pido que haga uso de su potestad para intervenir y me conteste. Y también que me diga, aquí, en la sede de la soberanía nacional si ha decidido derogar la Constitución. Porque usted el sábado, con sus órdenes, de facto, derogó y suspendió los derechos constitucionales de los españoles, prohibiendo una manifestación en coches que no suponía ningún tipo de peligro ni para la salud pública ni para la vida de nadie", emplazó el dirigente de Vox.
Necesito saberlo -continuó- porque los españoles queremos manifestarnos en las calles. "Lo haremos en coche, individualmente o en familias que convivan; con todas las medidas de seguridad, por el centro de las principales ciudades, portando la bandera nacional y pidiendo su dimisión", advirtió.
"¿Lo va usted a prohibir, lo va usted a impedir? ¿Va usted a darnos la razón? Tenga el valor de decirlo en esta tribuna. Digan que han prohibido ustedes los derechos de manifestación y reunión y digan que su único miedo es a la gente, y que ustedes ya sólo quieren protegerse de los españoles", sentenció.
El Pleno del Alto Tribunal, reunido por primera vez en su historia de manera telemática, sí ha admitido a trámite por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad presentado por los 52 diputados de Vox en el que denunciaron la restricción de derechos fundamentales, ya que consideran que las limitaciones impuestas por el Gobierno son más propias de un estado de excepción.
