El ardor fiscalizador que ha exhibido Ciudadanos en algunas comunidades autónomas donde tiene sellados acuerdos de gobernabilidad no se ha extendido a su última de estas alianzas: la suscrita con el PP para que Mariano Rajoy siguiera al frente de La Moncloa. Dos meses y una semana después de que el líder popular fuera investido en las Cortes y echara a andar el acuerdo suscrito en agosto, populares y naranjas todavía no se han reunido al más alto nivel para evaluar el grado de cumplimiento de dicho pacto. No ha habido al respecto ningún encuentro formal ni entre los equipos negociaciones ni entre Rajoy y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que se han limitado al intercambio de impresiones telefónicamente.
Mientras, más allá de lanzar una ley para los autónomos y de ampliar el permiso de paternidad, según lo acordado por populares y naranjas, las principales reformas (techo de gasto, objetivos de déficit, subida de impuestos especiales, aumento del SMI y plan contra la pobreza energética) han sido consensuadas por PP y PSOE, con la consiguiente repercusión mediática. Rivera se enteró por la prensa, y no por el Gobierno, del entendimiento de ambos partidos en el incremento de los tributos al tabaco, alcohol y bebidas azucaradas.
Sin embargo, tampoco hay indicio alguno de que la situación vaya a cambiar. Todo lo contrario. Fue el secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Gutiérrez, quien hizo la confesión la semana pasada: "Nuestra idea es hacer una primera reunión de evaluación del cumplimiento del pacto lo antes posible, ahora a la vuelta, cuando empiece el periodo de sesiones y la actividad parlamentaria. Es más, invitaremos al Partido Popular a esa reunión; si quiere venir y hacerla con nosotros, haremos una evaluación conjunta del pacto, que nos parece además que es positivo, les invitamos a que se siente con nosotros a hacer esta evaluación trimestral del pacto; si el Partido Popular no quiere sentarse con nosotros, la haremos exactamente igual solos y se la comunicaremos cuando la hagamos".
En noviembre, el portavoz económico de C's en la Cámara baja, Toni Roldán, apuntó que la idea de su partido era hacer un "marcaje claro" al PP a través de una mesa conjunta que se reuniera "cada tres meses". Y ésta sigue siendo la misma pretensión del partido centrista pese a ser orillado por los populares el pasado diciembre en su agenda de gobierno. De este modo, las palabras de Gutiérrez no presuponen ningún paso hacia adelante para reforzar el control sobre el Ejecutivo. Si el PP no accede a tal reunión, como todo apunta a ello, la dirección de C's se reunirá sola y trasladará luego su balance al Gobierno. Pero para entonces, el pacto ya se habrá cobrado sus primeros incumplimientos.
Si el PP no quiere sentarse con nosotros, haremos la evaluación solos y se la comunicaremos cuando la hagamos
Por el contrario, los pactos en Andalucía y en la Comunidad de Madrid sí son vigilados por sendas mesas de evaluación. En la primera región, los socialistas de Susana Díaz y la delegación de Ciudadanos, con Juan Marín al frente, acordaron en julio de 2015 reunirse cada dos meses meses en una comisión de seguimiento compuesta de tres grupos de trabajo. Por su parte, la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y el portavoz de C's en la Asamblea, Ignacio Aguado, se han reunido cada seis meses para hacer balance del cumplimiento del acuerdo sellado en junio de 2015. La primera cita con tal propósito tuvo lugar en diciembre de 2015 y las sucesivas se produjeron en febrero de 2015, julio del mismo año y el pasado diciembre. En ninguno de estos dos pactos, a diferencia de lo que ocurre en el acuerdo de investidura de Rajoy, se establecen límites temporales para el inicio de la tramitación de reformas urgentes.
Según Gutiérrez, "el momento de la evaluación será esa primera reunión donde evaluaremos lo que se ha cumplido, lo que debería haberse cumplido y lo que se cumplirá". De esta manera, el diputado naranja admitió que habrá reformas clave del acuerdo, como las seis condiciones anticorrupción, donde no se produzca ningún avance sobre la casilla de salida antes del 31 de enero, tres meses después de la fecha en que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el nombramiento de Rajoy como presidente del Gobierno.
Respecto a estas seis medidas anticorrupción (cese de imputados por corrupción, fin de indultos para corruptos, supresión de los aforamientos, limitación de mandatos, reforma electoral y comisión Bárcenas), el pacto PP-Ciudadanos establece que "se deberán tramitar durante los tres primeros meses de la XII legislatura, a contar desde la fecha de investidura". Sin embargo, en Ciudadanos ya son conscientes de que con el calendario en mano, después de que la Mesa del Congreso haya confirmado enero como mes inhábil, esa tasación, iniciar tales actuaciones antes de los tres primeros meses, quedará en papel mojado. El propio Gutiérrez admitió la pasada semana que hay medidas para las que "el calendario parlamentario nos lleva a otro sitio".
El rechazo de Podemos
Así mismo, el dirigente naranja también afirmó que si el PP ni piensa incumplir alguna, "la pactaremos con la oposición y la sacaremos adelante". Éste es el plan que tiene Ciudadanos, que presentará el próximo febrero una iniciativa para que el Congreso apruebe una reforma exprés de la Constitución que permita eliminar los aforamientos políticos. Sin embargo, al partido de Rivera no le salen los números. Al eventual rechazo del PP, que quiere "acompasar" dicha reforma a la revisión de los estatutos de autonomía y delimitar previamente a qué tipo de delitos afectaría, se le suma también la negativa de Podemos. El partido de Pablo Iglesias ha dejado bien claro que forzará -y tiene los diputados suficientes- que "cualquier reforma" de la Constitución sea sometida a referéndum, algo a lo que se opone C's.
De momento, y en ausencia de una comisión de control del pacto de investidura, son varios los diputados naranjas (Luis Garicano, José Manuel Villegas, Francisco de la Torre, Toni Roldán y Melisa Rodríguez) que mantienen contacto con los distintos ministros del gabinete Rajoy para que los Presupuestos Generales del Estado 2017 incluyan los 3.800 millones recogidos en el acuerdo (en agosto eran 5.000). Una negociación dispersa y sin comisión de seguimiento que ha sufrido continuos inconvenientes, como la recepción de información cruzada, y a veces contradictoria, de los ministerios de dirigen Cristóbal Montoro (Hacienda) y Luis de Guindos (Economía). Está por ver si el PP cumple con esos 3.800 millones o experimentan otra rebaja por la falta de control de C's en la tramitación de las próximas cuentas estatales.
