El PSOE ha respaldado en el Consejo de Europa la resolución de un informe que criticaba a Carmen Calvo y a distintas asociaciones feministas españolas por su rechazo a la identidad de género y a los postulados recogidos en normativas como la 'ley trans'.
El organismo internacional con sede en Estrasburgo ha dado luz verde a un texto y a una serie de recomendaciones que se basan en el análisis realizado por el parlamentario Fourat Ben Chikha en su rol de relator y que responde al título 'Combatiendo el creciente odio contra las personas LGBTI en Europa'. Es miembro del Groen, partido ecologista belga.
El documento original recogía ejemplos de odio en distintos países, señalando a la ex vicepresidenta del Gobierno de España por declarar que le preocupaba "la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles; eso tiene que tener unas garantías".
Las palabras de Calvo tuvieron lugar en febrero del año pasado durante una entrevista en Cadena SER, en plenas negociaciones con su socio de coalición -Unidas Podemos- sobre el texto final de la 'ley trans'. El informe de Fourat Ben Chikha destacaba literalmente que, en España, "recientemente ha surgido un discurso anti-trans extremadamente hostil desde los niveles políticos más altos, incluida la vicepresidenta del Gobierno de España, que calificó el reconocimiento legal de género basado en la autodeterminación como una forma de poner en riesgo 'los criterios de identidad de 47 millones de españoles'".
Se hace eco de la 'ley trans'
Además, el trabajo del relator belga que ha dado lugar a la resolución adoptada este martes por el Consejo de Europa -y que ha sido apoyada por tres diputadas y un senador del PSOE- contaba que, en 2016, España comenzó a trabajar en una nueva legislación para facilitar el acceso de las personas 'trans' a la atención médica y garantizar que el reconocimiento legal del género se basase en la autodeterminación y se ampliase a personas de todas las edades.
"Todo está en línea con la Resolución de la Asamblea 2048 y hubo abrumador apoyo público a estos cambios y un apoyo de todos los partidos en el Parlamento", aseguraba el parlamentario belga Fourat Ben Chika. Y añadía un dato: el 98% de las respuestas a una consulta pública realizada estaban a favor.
Fue el pasado 18 de noviembre de 2020 cuando finalizó el plazo de consulta pública al que el relator hace referencia. Era el paso previo a la elaboración del proyecto normativo de la Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las Personas Trans, popularmente conocida como ley 'trans', y que, por aquel entonces, era una norma aparte de la LGTBI.
"De los 60.957 correos electrónicos recibidos en el buzón habilitado para la consulta, 58.993 han sido de apoyo a la futura Ley, 1.386 la han rechazado, y 578 han sido no válidos. Así, un 96% de las aportaciones a la consulta han manifestado el apoyo al proceso legislativo", celebró Moncloa.
La ministra Irene Montero destacó que esos casi 61.000 correos electrónicos recibidos son "un dato histórico", y que "el 96% de esas aportaciones han sido de apoyo". "Espero que este dato haga saber a las personas trans que no solo este Gobierno, también la sociedad española vamos en serio y 2021 va a ser el año en el que la ley garantice sus derechos", manifestó por aquel entonces.
Informe del relator del Consejo de Europa
El informe de Fourat Ben Chikha recogía que, sin embargo, "el proceso legislativo ha sido desde entonces obstruido". "El proyecto de ley finalmente fue debatido en mayo de 2021, después de una huelga de hambre de 70 activistas 'trans' y padres de niños 'trans', pero no logró la mayoría necesaria, en particular porque el partido mayoritario se abstuvo", indicaba el documento.
"Gran parte de la oposición ha venido por parte de movimientos feministas 'anti-trans' que retratan a las personas 'trans' como una amenaza para la sociedad y, en particular, para las mujeres. Niegan las identidades de las personas 'trans' y no binarias, sugieren que no se puede confiar en ellos para saber quiénes son y describen a los padres que apoyan a sus hijos 'trans' como delincuentes. Activistas 'trans' subrayan que la el discurso hostil desde los más altos niveles políticos ha legitimado la violencia contra las personas 'trans'", sostenía el parlamentario belga.
Activistas 'trans' subrayan que la el discurso hostil desde los más altos niveles políticos ha legitimado la violencia contra las personas 'trans'", decía el parlamentario belga
Además -destacaba el texto- las organizaciones 'trans' y no binarias han sido excluidas de los debates políticos sobre estos asuntos, pese a ser las principales afectadas. "Los activistas acogieron con satisfacción el mantenimiento de la autodeterminación como base para el reconocimiento legal del género, así como una serie de avances significativos que se mantendrían en este nuevo proyecto de ley, pero lamentaron que no incluyera una serie de otras disposiciones importantes para lograr la igualdad LGBTI", indicaba el documento, donde también se recogía el caso del joven coruñés Samuel Luiz: "En España, un hombre gay fue asesinado a golpes en La Coruña, en julio de 2021, y se han producido ataques violentos contra personas LGBTI en varias ciudades en los últimos meses".
La resolución final, en la que se resume el análisis elaborado por el relator belga y en la que ya no se menciona a España ni a la socialista Carmen Calvo, ha salido adelante con 72 votos a favor, 12 en contra y ocho abstenciones. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa cree que es "crucial" que los Estados miembros "redoblen sus esfuerzos en este campo y que el Consejo "fortalezca sus propias actividades para proteger y promover los derechos de las personas LGBTI en Europa". Y recomienda llevar la nueva resolución a la atención de los gobiernos de todos los Estados miembros.
Críticas de asociaciones feministas
Asociaciones feministas críticas con la 'ley trans' como la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres han cargado contra el Consejo de Europa y contra el informe 'Combatiendo el creciente odio contra las personas LGBTI en Europa' al considerar que "está lleno de datos falsos, incompletos, inconsistencias y omisiones en sus referencias a España".
"Es impropio de una responsabilidad como la que adquirió dicho relator, y muy especialmente de la misión del Consejo de Europa, no contrastar las informaciones vertidas en dicho informe, limitándose a utilizar, para justificar su oportunidad y urgencia, fuentes y plataformas de activistas que buscan eliminar de las legislaciones nacionales la categoría jurídica y registral del sexo. También están promoviendo la eliminación del sexo de las personas como categoría a proteger en el diseño de las políticas públicas que buscan la igualdad entre mujeres y hombres", sostienen.
"Es absolutamente falso que España tenga desprotegidos los derechos de las personas LGTBI que gozan, en este momento, de los mismos derechos civiles que cualquier ciudadano español. En España, las personas transexuales no tienen obstáculos legales para someterse a hormonación, y pueden acceder a cirugías. También pueden hacer cambios sobre el 'sexo registral' al que digan pertenecer, siempre que hayan cumplido los dos requisitos que estipula la Ley", concluyen.
