El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, ha enviado esta mañana a la sucursal que Bankia tiene en el número 32 de la calle Príncipe de Vergara a una delegación judicial de ocho personas en busca de nuevos datos sobre los movimientos bancarios de Rosalía Iglesias, la mujer de Luis Bárcenas. La decisión del magistrado se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción lo haya solicitado en un escrito en el que considera necesario indagar sobre el origen y destino final de dos importantes cantidades de dinero que pasaron por la cuenta que en esta oficina tenía abierta la esposa del extesorero del PP. En concreto, el ingreso de medio millón de euros realizado en metálico el 19 de enero de 2006. En segundo lugar, la salida de 149.000 euros en abril de 2005 mediante un cheque. Esta última cantidad se corresponde con el dinero presuntamente recibido por Rosalía Iglesias en octubre de 2004 de la supuesta 'caja B' del PP para la compra de acciones de Libertad Digital y que nunca fue repuesto, según consta en los propios apuntes contables de su marido.
El juez decidió enviar a la Policía y a los expertos de la Agencia Tributaria después de encontrar "una falta de congruencia" en las explicaciones que le había dado el banco sobre por qué no le facilitaba la información que le requería
El auto del juez Ruz se produce, sin embargo, dentro de las pesquisas de la pieza principal del 'caso Gürtel', donde Rosalía ya está imputada, y pretende recabar la documentación que, según consta en el escrito judicial, la entidad bancaria aún no ha sido capaz de entregar al magistrado pese a que algunos se los recalmó hace años. Por ello, el magistrado ha dispuesto que este martes se personaran en la oficina de Bankia una delegación judicial formada por el propio secretario judicial, miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y funcionarios de la Agencia Tributaria, "incluidos expertos informáticos", para "requerir" al director de la sucursal, muy próxima al domicilio de los Bárcenas, toda la documentación sobre ambos movimientos de la cuenta de la mujer del extesorero. "En el caso de que no sea atendido el requerimiento", Ruz autorizaba a los agentes a registrar la oficina en busca de dicha información para lo que les marcaba el límite temporal de entre las diez de la mañana y las ocho de la tarde de este martes.
Detras de la drástica decisión del juez se encuentra el malestar que le ha provocado las explicaciones que durante la investigación le ha dado Bankia. El magistrado destaca en el auto "una falta de congruencia entre las explicaciones ofrecidas por la entidad para justificar tal omisión documental y la circunstancia de haberse remitido por la misma entidad bancaria documentación relativa a movimientos y operaciones anteriores en el tiempo". De hecho, el banco ha aportado a lo largo de la investigación información referida a operaciones de 2004 y, sin embargo, se ha excusado en "el tiempo trascurrido" para asegurar que no había encontrado información sobre ambos movimientos, que son de abril de 2005 y enero de 2006. El juez incluso recuerda que, de ser cierto lo que alega la entidad, ésta podría haber vulnerado la ley de prevención de blanqueo de capitales, que obliga a conservar los datos durante 10 años. Ruz considera que el banco no ha aportado "justificación suficiente más allá de las alegaciones relativas a las gestiones llevadas a cabo para la localización de la documentación correspondiente, sin concretar cuáles fueron las mismas ni tampoco las causas de su resultado infructuoso".
Según fuentes jurídicas, finalmente no ha hecho falta realizar el registro ya que los empleados de la entidad han facilitado parte de la documentación reclamada. En concreto, la referida al pago de un cheque compensado por 149.000 euros realizado el 12 de abril de 2005. Sobre esta misma cantidad, el juez ha ordenado una segunda diligencia en el mismo auto, en este caso en las oficinas de la calle Miguel Ángel de la Sociedad Española de Sistemas de Pago SA-Iberpay, con la que está vinculado el cheque. Ruz pretende conocer la identidad de las "entidades y sucursales intervinientes" en el mismo. Sobre el segundo movimiento sospechoso, el de los 500.000 euros ingresados el 19 de enero de 2006 en billetes de 500 euros por la propia Rosalía Iglesias, Bankia tampoco había encontrado en su día documentos. De hecho, entonces aseguraron tanto a la Audiencia Nacional como a la Agencia Tributaria, que había iniciado una inspección sobre el IRPF de Rosalía Iglesias, que no había podido localizar el "justificante" de dicha operación. La mujer de Bárcenas había intentado justificar su día dicho ingreso con la supuesta venta de una serie de cuadros que había comprado en 1987 por 1.803 euros y que había vendido en 2006 por 558.196 euros en una rocambolesca operación en la que aparecía como intermediaria una galerista argentina. La UDEF y la propia intermediaria terminaron por echar por tierra la coartada el pasado verano.
Segunda petición a Bankia
El requerimiento de información a Bankia de este martes es el segundo que recibe la entidad financiera en pocos días. El pasado 14 de marzo y dentro de la investigación de los 'papeles de Bárcenas', el magistrado ya reclamó a los responsables del banco los movimientos de la cuenta que figuraba en 2004 a nombre de la sociedad de bolsa de Caja Madrid y desde la que se realizó ese año la ampliación de capital de Libertad Digital SA en la que presuntamente se invirtieron fondos de la supuesta 'caja B' del PP. El juez pidió, en concreto, todos los ingresos realizados en la misma entre el 1 y el 29 de octubre de 2004. Ese último día, según los apuntes contables de Luis Bárcenas, su mujer recibió 149.600 euros "para suscribir 1.360 títulos".
El pasado 14 de marzo, Ruz ya reclamó a Bankia datos sobre otras cuenta bancaria para determinar dónde acabó el dinero que la mujer de Bárcenas recibió para comprar acciones de Libertad Digital
La decisión de Ruz se producía después de que la Fiscalía Anticorrupción le remitiera a comienzos de esta semana un informe de la Intervenvión General de la Administración del Estado (IGAE) en el que se apuntaba "la indiciaria y potencial relación" entre diversas salidas de dinero contenidas en los apuntes contables del extesorero y los ingresos que registró una cuenta que Rosalía Iglesias tenía en esta sucursal de Caja Madrid cercana a su domicilio. El representante del Ministerio Público solicitaba al magistrado reclamar a Bankia determinada documentación "para un mejor esclarecimiento de los hechos", lo que llevó al magistrado a emitir un auto. En éste, el juez daba cinco días "improrrogables" a Bankia para que "remita listado nominativo completo de los ingresos realizados en la cuenta número 2038-1915-82-6800016910 de Cajamadrid a nombre de Caja Madrid Bolsa S.V. SA, con motivo de la ampliación de capital de Libertad Digital SA que tuvo lugar entre las fechas del 1 al 29 de octubre de 2004".
La utilización de fondos supuestamente opacos del PP en esta operación bursátil fue revelada por el propio Luis Bárcenas en la declaración que prestó el pasado 15 de julio. En ella, aseguró que el entonces secretario general del PP, Ángel Acebes, le pidió a él y al máximo responsable de las finanzas del partido en aquel momento, Álvaro Lapuerta, también imputado en la causa, que buscaran personas para acudir a la ampliación del capital de Libertad Digital "como favor al partido". Entre las personas que, según recogen los apuntes contables, acudieron finalmente a la misma se encuentran Francisco Yáñez, empleado del PP recientemente fallecido y padre del presunto 'testaferro' Iván Yáñez, y el propio Lapuerta. Bárcenas detalló que éste último "retiró dinero en efectivo y suscribió una serie de acciones a su nombre". Según los 'papeles', 139.700 euros, mientras que a Yáñez se le entregaron supuestamente con idéntico fin 121.000 euros.
Bárcenas no mencionó, sin embargo, que su propia mujer también participó presuntamente en dicha operación. De hecho, sus apuntes contables recogen que el último día hábil para suscribir las acciones, el 29 de octubre, se le entregaron de la supuesta 'caja B' del PP 149.600 euros. Lo más llamativo es que dicha cantidad de dinero no volvió a las arcas del partido pese a que, al parecer, Rosalía Iglesias vendió poco después su participación en el accionariado del medio de comunicación. La sospecha es que dicha cantidad pudo finalmente terminar engordando las cuentas del matrimonio y, más concretamente, la que la propia mujer del extesorero tenía abierta en la sucursal de Caja Madrid cercana a su domicilio madrileño que el juez Ruz ordenó registrar este martes.
