El sector conservador del Tribunal Constitucional (TC) da por hecho que los magistrados progresistas impondrán su mayoría para apartar a José María Macías del debate sobre la amnistía. El magistrado conservador, que acaba de aterrizar en el tribunal de garantías, suma más de una veintena de recusaciones planteadas en los últimos días por la Fiscalía, Carles Puigdemont y la Abogacía General del Estado.
Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por Vozpópuli explican que las recusaciones al nuevo miembro del TC tienen visos de prosperar en el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido. De esta forma, se apartaría al magistrado de las deliberaciones por la amnistía y se reduciría el grupo conservador de un total de cinco miembros a cuatro.
Las voces consultadas entienden que esta cascada de recusaciones no son aleatorias, sino que obedecen a un plan que se habría trazado en la presidencia del TC para conseguir reducir el bloque conservador. El movimiento se produce después de que el exministro de Justicia Juan Carlos Campo pidiera abstenerse de la deliberación por haber firmado las resoluciones de los indultos del procés, en las que se establece que la amnistía es inconstitucional.
Cascada de recusaciones en el TC
Según las fuentes consultadas, a día hoy hay cerca de 50 recusaciones contra varios magistrados del Tribunal Constitucional. Las mismas se dirigen contra Cándido Conde-Pumpido, contra Laura Díez (por haber ostentado un alto cargo en el Ministerio de Presidencia del Gobierno de Sánchez) y contra Juan Carlos Campo, si bien éste ya se ha apartado de manera voluntaria.
Del total de recusaciones, al menos 27 son contra Macías. Las mismas se han interpuesto en todos los asuntos que hay en el TC contra la amnistía: esto es, en el marco de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo, en los recursos de una decena de comunidades del Partido Popular y también por parte de líderes de procés en el marco de sus recursos de amparo.
La primera en tomar cartas en el asunto fue la Fiscalía que dirige Álvaro García Ortiz. El fiscal general firmó un escrito de su puño y letra en el que expuso que Macías no podría deliberar lo relativo a la amnistía porque, en su condición de vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), firmó dos resoluciones contrarias a la ley.
El Ministerio Público actuó en el marco de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal decidió dirigirse al TC al examinar un recurso interpuesto por un condenado por delitos de desórdenes públicos agravados por unos hechos ocurridos en Girona en 2019. La Sala de lo Penal que preside el magistrado Manuel Marchena considera que la amnistía vulnera el derecho a la igualdad y el principio de inseguridad jurídica.
El TC se abrió a estudiar esta cuestión de inconstitucionalidad, la cual se prevé que se aborde antes de que se estudien los recursos de inconstitucionalidad planteados por comunidades del Partido Popular y también por Castilla-La Mancha, que dirige el socialista Emiliano García Page. El Ministerio Fiscal únicamente puede pronunciarse en la cuestión planteada por el Tribunal Supremo, de ahí que recusara a Macías en el marco de dicha deliberación.
Pinza entre la Fiscalía, Abogacía y Puigdemont
El fiscal general del Estado -quien, por su parte, está pendiente de que el Tribunal Supremo decida si abre causa contra él- expuso que la recusación de Macías no se ciñe tanto a los expresiones manifiestamente contrarias a la amnistía, como a su "participación directa" en dos pronunciamientos concretos del anterior CGPJ contra la amnistía. El primero de ellos tuvo lugar el 6 de noviembre del año pasado cuando el órgano se convirtió en la primera institución en rechazar la ley del PSOE.
El segundo se produjo el 21 de marzo, a petición del Senado, y de nuevo rechazó la constitucionalidad de la norma. El fiscal general enfatizó al respecto que la solicitud se formuló a petición expresa de la cámara alta, donde el Partido Popular ostenta la mayoría. A su juicio, es "incuestionable" el valor institucional de dicho documento que rechazaba la amnistía, por lo que su participación ahora en el debate sobre la legalidad quedaría viciada.
A la petición de la Fiscalía se ha sumado la Abogacía del Estado, la cual actúa en los recursos interpuestos por las comunidades autónomas y por el propio Partido Popular. En ese sentido, las fuentes consultadas entienden que se ha orquestado una "pinza" entre la Fiscalía, los servicios jurídicos del Gobierno y Carles Puigdemont, quien trata de apartarle en todos los recursos de amparo interpuestos en el marco del procés.
Conde-Pumpido, ponente de la abstención de Campo
Este caldo de cultivo vaticina una batalla interna en el TC que tendrá lugar con la batería de recusaciones que se deliberarán en los próximos plenos. La primera de estas batallas tendrá lugar casi con total seguridad este martes, cuando el Pleno aborde aplicar la abstención de Campo ya validada a todos los asuntos ligados con la amnistía.
El motivo reside en que el presidente Conde-Pumpido se ha erigido como ponente de dicha abstención. Las fuentes consultadas entienden que este movimiento supone una grave irregularidad puesto que el propio presidente del Tribunal Constitucional también ha sido recusado por la amnistía. Así pues, se expondrá que tanto él como Laura Díez y Macías deberían apartarse de la deliberación sobre la abstención de Campo.
La doctrina del Tribunal Constitucional determina al respecto que no se deben apartar todos los recusados si no hay quórum para formar Pleno; sin embargo, este escenario no se da con la situación actual, puesto que, de apartarse los cuatro magistrados recusados, quedarían ocho para deliberar sobre este asunto, esto es; los tres quintos del total para la válida constitución del Pleno.
En ese sentido, la formación Iustitia Europa se querelló por prevaricación contra Conde-Pumpido en el Tribunal Supremo y pidió como medida cautelar la suspensión del Pleno de este martes. El Tribunal Supremo ha desestimado la medida cautelar, manteniendo la celebración del Pleno, pero tramitará la querella por procedimiento ordinario.
