La magistrada que investiga el rescate de Plus Ultra ya tiene en su poder toda la documental clave sobre la ayuda de 53 millones de euros que recibió la compañía. Casi dos meses después de la apertura de diligencias por presunto delito de malversación, la SEPI ha aportado el expediente completo solicitado por el juzgado, que incluye informes económicos y de auditoría, y cuyo análisis determinará el horizonte judicial de esta investigación. La misma arrancó con una querella de Manos Limpias contra el entonces presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora, y los miembros del Consejo de Administración.
La entrega de estos documentos por parte de la entidad dependiente del Ministerio de Transportes se produce a petición expresa de la magistrada Esperanza Collazos, la cual reclamó a comienzos de abril el expediente completo de la ayuda aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 9 de marzo. Aunque la Abogacía General del Estado recurrió el arranque de la investigación, ésta no solo sigue adelante sino que las querellas presentadas se ampliaron a delitos de tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública y cohecho. También se requirió una nueva batería de documental.
Ahora, y tras la entrega de la primera remesa de archivos, la aerolínea se ha dirigido a la magistrada para pedirle que le dé traslado de una copia del expediente en cuestión ya que lo considera "indispensable" para instruirse en la causa. Así consta en un escrito presentado por la defensa de la aerolínea y al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el que explica que han accedido parcialmente al sumario de la causa. Alegan que entre la maraña de documentos recibidos no se encuentra el informe que da luz verde a la inyección de 53 millones de euros de los fondos de apoyo que aprobó el Gobierno para empresas estratégicas afectadas por la covid.
El papel de la Abogacía
Algunas partes personadas en la causa, como ocurre con Vox, han pedido a la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid que suspenda los plazos hasta que no estudie a fondo todos los informes aportados y que justificarían el rescate que está bajo sospecha. Al respecto la defensa del partido que lidera Santiago Abascal advierte que hay un gran volumen de documentación técnica al cual se les acaba de dar traslado pese a que, según recalcan, los servicios jurídicos del Gobierno que defienden a Bartolomé Lora ya la habría analizado.
Un mes después del arranque de esta investigación, la magistrada impulsó la causa y requirió las actas del consejo rector y del Consejo de Ministros del Gobierno en las que se autorizaba la millonaria ayuda, tal y como avanzó este diario. También reclamó el análisis de la Comisión de Evaluación y los informes sobre otras compañías que buscaron acceder a este fondo de 10.000 millones de euros gestionado por el consejo rector de la SEPI. El órgano, sobre el que actúa ahora la Justicia, está integrado por Lora, la exsecretaria de Estado de Economía Ana de la Cueva; la subsecretaria de Hacienda Pilar Paneque; el secretario general de Industria Raúl Blanco y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.
Además de la SEPI, también se dirigió a la Agencia Estatal de Seguridad aérea y a la propia Plus Ultra para recabar más información acerca de la flota de aviones, las operaciones realizadas entre 2018 y 2021 así como los accionistas Snip Aviation y Sky Solution, a quienes pidió que aportaran el acta de titularidad real de las participaciones. Los querellantes iniciales advirtieron de que no se podía considerar a Plus Ultra como una empresa estratégica ya que opera con el 0,03% de los vuelos en España y las pérdidas no solo se remontan a la etapa de la pandemia sino que se vienen registrando desde el año 2011.
Los informes de Ábalos
Vox fue más lejos y apuntó que este rescate no tenía justificación alguna y que se trataba de una entrega de dinero "a fondo perdido a un entramado societario configurado como un holding con matriz en Panamá y capital venezolano". A falta de conocer los detalles del expediente de la SEPI, la Dirección General de Aviación Civil y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) concluyeron en sendos informes que esta aerolínea -a la que se le atribuyen pérdidas de hasta diez millones de euros- no era esencial para la conexión entre Madrid y Latinoamérica. Los órganos, dependientes del Ministerio de Ábalos, rebaten la tesis oficial del Ejecutivo y de la propia compañía acerca de la trascendencia del servicio.
En concreto, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, pidió en marzo tras la aprobación del rescate que se dejaran de "fantasmas" puesto que Plus Ultra tiene rutas comerciales con algunos países de América Latina que "son fundamentales para la conectividad del país". Sin embargo, la causa penal en la que se investiga si la ayuda fue o no regular suma con más acusaciones, como es la relativa al Partido Popular. La formación, que también recibió luz verde para su personación, se opuso a las pretensiones de la Abogacía de que se archivara la causa apuntando a un "quebranto millonario" para las arcas públicas.
