La pasada semana el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anulaba algunos preceptos del Protocolo de usos lingüísticos que la Generalitat había distribuido entre sus empleados públicos, devolviendo a éstos la posibilidad de comunicarse en castellano ya fuera entre ellos o al dirigirse a los ciudadanos. Se elimina así la obligatoriedad de usar el catalán en reuniones de trabajo, de iniciar conversaciones telefónicas en esta lengua o de rellenar documentación interna como nóminas, contratos o circulares en catalán.
Desde el sindicato CSI-F, uno de los más representativos en las administraciones públicas, valoran positivamente la sentencia, y aseguran que velarán para que ningún empleado público se sienta presionado en caso de que desee hacer uso del castellano como lengua preferente. "Los funcionarios debemos dar el mejor servicio posible a los ciudadanos, y en consecuencia, debemos dirigirnos a ellos en el idioma que elijan", destacaba Joan Escanilla, presidente de CSI-F Barcelona.
Más allá del catalán el sindicato se centra en reivindicar más medios, una jornada de 35 horas, mayor seguridad jurídica o recuperar las pagas extra pendientes
La noticia se producía además mientras el sindicato celebraba su VII Congreso, en el que debatía una serie de medidas para reflotar los servicios públicos en Cataluña, a su juicio más importantes que el uso de la lengua. Los funcionarios quieren acabar con la situación de bloqueo vivida por la "interinidad" de un Gobierno en funciones hasta hace poco tiempo y que la Función Pública empiece una negociación de verdad con las fuerzas sindicales representadas en la Mesa Sectorial. Siguen reclamando más medios, una jornada de 35 horas, que se elimine el recorte por bajas médicas, mayor seguridad jurídica y recuperar las pagas extra de 2012 (íntegra) y 2013 y 2014, así como el resto de días y derechos sociales confiscados, según un documento difundido tras la reunión.
Una de las principales propuestas que hace el sindicato es la de dotar de más personal a la Administración Pública de Cataluña, con un calendario de convocatorias que en un máximo de 12 meses garantice la movilidad y la promoción de los funcionarios y el acceso a la función pública de los ciudadanos. Para ello piden que se pueda llevar a cabo más de un proceso selectivo simultáneamente.
La propia administración ha admitido la necesidad de reforzar la unidad encargada de los procesos selectivos, por lo que el sindicato propone que, por volumen de trabajo, se priorice el concurso de administrativos y su promoción interna.
Contra la supresión de las diputaciones
Al congreso celebrado en Cataluña también acudió el presidente nacional del sindicato, Miguel Borra, quien se mostró contrario a uno de los puntos que contiene el acuerdo de Gobierno que esta misma semana firmaban PSOE y Ciudadanos. Se refería, en concreto, a la propuesta de Albert Rivera de suprimir las diputaciones provinciales, ya que con ello se pone en peligro los puestos de trabajo de los cerca de 62.000 empleados públicos y los servicios que reciben los ciudadanos.
"Si quieren recortar, que eliminen muchos de los diputados y asesores de estas diputaciones, que han sido durante años sitios donde colocar a la gente; y que no toquen a los empleados públicos que atienden a los ciudadanos", declaraba el presidente de CSI-F a varios medios.
